De acuerdo con reportes de la organización internacional Artículo 19, que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, de los 36 periodistas mexicanos asesinados en lo que va del sexenio, 30 han perdido la vida en once estados gobernados por Morena, 4 en tres entidades priistas y 2 más en dos estados panistas.
Ayer, con los dos asesinatos de las periodistas Yessenia Mollinedo y Sheila Johana García, directora y camarógrafa respectivamente del Diario Veraz, en Veracruz, y el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado cerca de un vecindario de Culiacán, Sinaloa, sumaron 36 los casos de informadores que dejaron este mundo de manera violenta, por sus publicaciones o actividades relacionadas con su trabajo.
Curiosamente, en el estado de Sinaloa, considerado la meca del crimen organizado y la violencia, el homicidio de Luis Enrique es el primero en su tipo que registra la entidad en el transcurso del sexenio del Gobierno federal.
A diferencia de otros estados morenistas como Veracruz, que registra 7 asesinatos con los dos de ayer, Sinaloa se mantiene con un solo caso.
Otros estados de Morena con violencia mortal contra los comunicadores son: Sonora que tiene 5 crímenes contra periodistas, Baja California 3, Guerrero 3, Zacatecas 2 y Michoacán 2.
El resto de las entidades gobernadas por Morena, que cargan cada una con la responsabilidad de un periodista asesinado, son: Tabasco, Nayarit, Sinaloa y Chiapas.
En tanto, los estados priistas con crímenes de comunicadores son: Oaxaca con 3, Coahuila con 2 y el Estado de México con 1. Los panistas son: Guanajuato con 1 y Quintana Roo con 1.
Los datos de la organización Artículo 19 reflejan que, en los estados gobernados bajo la doctrina de la 4T, se concentra el mayor número de asesinatos, y la única explicación que encuentran los analistas, es que estos delitos están directamente vinculados a las campañas de odio y desprestigio que se han emprendido contra periodistas y medios de comunicación en el país y que suelen aprovechar los criminales.
De acuerdo con la organización francesa Reporteros sin Fronteras, la desconfianza hacia la prensa mexicana ha seguido ganando terreno, “alimentada por una retórica contra los medios y una generalización de los discursos estigmatizantes por parte de la clase política. Cada vez más visibles y virulentos, estos ataques públicos fragilizan a la profesión y alientan procedimientos judiciales abusivos, campañas de difamación e intimidaciones -especialmente contra las mujeres- y acoso en Internet contra los periodistas críticos” (sic).
Con 11 periodistas asesinados en 2022, Reporteros sin Fronteras registra a México como el país más mortífero del mundo para la prensa, fuera de una zona oficial de guerra, y se sitúa en la posición 179, sobre 180 del indicador de seguridad para los periodistas.
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La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado se metió en un verdadero embrollo con eso del plazo límite para hacer el canje de placas y la multota al que no haya puesto sus metales nuevos, a partir de agosto.
Lo fácil será, por supuesto, perseguir al vehículo con placas antiguas y pedirle a su conductor que se detenga. El siguiente paso es igual de fácil: entregarle la papeleta con su multota por 4 mil 611 pesos. Lo que sigue es lo difícil: ¿Qué le van a hacer al infractor, además de hacerle perder el cariño a esa nada despreciable cantidad de dinero?
Hasta ayer lunes, los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública aún se devanaban los sesos tratando de encontrarle la cuadratura al círculo, porque si aseguran el vehículo, implica un posible acto de inconstitucionalidad, pues el 14 y 16 de nuestra Carta Magna establecen claramente que nadie puede ser privado de sus propiedades o posesiones, ni molestado en las mismas, sin un mandamiento emitido por autoridad competente y solo cuando se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento respectivo.
La otra es dejar ir al infractor y permitirle circular, pero si optan por esto, no se podrá cumplir con la función de identificación satelital a través de los códigos impresos en la placa.
Otra interesante cuestión que surge de todo este embrollo es: ¿qué van a hacer con los «chuecos«. Esos ya ni placas “pafas” de cartón tienen, mucho menos nuevas. Si no traen ni licencia, mucho menos van a preocuparse por regularizar sus vehículos para plaquearlos.
O sea que, para entender mejor el meollo del asunto, a los que no cambien sus placas y anden en vehículos regulares, nacionales o fronterizos, los van a ajusticiar con 4 mil 610 pesos si no cambian las placas; pero a los que no suelen usar placas porque tienen la cobija de una organización pafa, ni los molestarán.
Habrá que esperar al mes de agosto para ver cómo van a actuar los agentes de vialidad con unos y otros porque, al final de cuentas, si de aplicar la ley se trata, deben considerar la máxima de: o todos coludos o todos rabones.
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Muy oportuna para el clima incierto de seguridad que se vive en la ciudad, está circulando la invitación del Congreso del Estado para periodistas, organizaciones no gubernamentales y lideres de sectores de la sociedad civil, para debatir sobre los derechos humanos y sus garantías en la entidad.
El tema embona perfectamente con la falta de garantías que se vive actualmente en esta frontera con los feminicidios y ataques a mujeres que van en aumento, con los crímenes de alto impacto donde las familias de las víctimas se quedan a la deriva en materia de defensa de sus derechos, así como con la cacería de migrantes que han emprendido las policías estatales, disfrazando sus abusivos operativos como rescates para regresar a mexicanos y extranjeros a sus lugares de origen.
Es en el marco del Mecanismo de Parlamento Abierto, como se organizó este conversatorio que lleva por nombre “La constitución local como instrumento de reconocimiento de derechos y sus garantías de protección”.
El debate se realizará el próximo 18 de mayo a las 12 horas en el auditorio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la ciudad.