A nadie le pasó desapercibido que, en la reunión previa de Cabildo de este lunes 24 de agosto, hubo varias sillas vacías.

Hay regidores que no le ponen la seriedad ni el compromiso suficientes a su trabajo como representantes populares en el Ayuntamiento de Juárez y se ausentan de las reuniones previas o de las sesiones ordinarias sin inmutarse siquiera. Otros llegan, pero tarde.

Toda reunión es importante y la previa de ayer tenía en el orden del día varios temas que debían revisarse antes de ser votados en la sesión ordinaria del próximo miércoles.

Estaba el dictamen de la Comisión de Revisión de las Enajenaciones de Terrenos Municipales para autorizar la desincorporación y enajenación, a título gratuito, de un predio municipal con una superficie de 9 mil 342.9549 metros cuadrados, a favor de CFE Distribución, empresa subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad.

También figuraba el dictamen de la Comisión de Asentamientos Humanos para autorizar la enajenación, a título oneroso, de 37 lotes para uso habitacional, dentro del programa de regularización de la Dirección General de Asentamientos Humanos.

Además, las comisiones de Gobernación, Ecología y Protección Civil presentarían el dictamen para aprobar el Reglamento de Bienestar Animal para el Municipio de Juárez.

Eso solamente en cuanto a dictámenes, porque por ahí había algún otro proyecto de acuerdo y, desde luego, los asuntos generales.

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Se supone que en la reunión previa es donde deben conocerse y debatirse los pormenores de los asuntos que serán sometidos a votación en la sesión ordinaria, precisamente para que los representantes populares no lleguen nomás a levantar la mano bajo la consigna del día.

Cuando se realizó el pase de lista, entre las ausentes estuvieron Luz Clara Cristo Sosa, del extinto Partido Pueblo, y Karla Escalante, la regidora que llegó en la administración anterior por el también extinto Panal y después se pasó a Morena. Escalante se incorporó tarde, cuando la reunión ya había comenzado.

Tampoco se presentaron Héctor Hugo Avitia Arellanes del PT, Jorge Bueno de Morena y Gloria Mirazo de Movimiento Ciudadano, aunque el secretario del Ayuntamiento mencionó que tenían “justificante”, sin explicar de qué tipo.

Después de iniciada la reunión también se aclaró que Luz Clara Cristo tenía justificante, aunque tampoco se ofrecieron detalles.

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A propósito de faltistas, supo Mirone que en el Cabildo hay verdaderos campeones del ausentismo. Faltan frecuentemente a las reuniones previas y también lo han hecho en algunas sesiones ordinarias, aunque les dé por mandar justificantes.

En esa “lista negra” aparecen los petistas Hugo Avitia, padre e hijo, además de Pedro Matus, así como el morenista Antonio Domínguez Alderete. En menor medida, entre los faltistas esporádicos, figuran el petista Eddie Valenzuela y la regidora ya sin partido Luz Clara Cristo.

La priista Mireya Porras tuvo recientemente varias ausencias, pero se supo que se debieron a que fue sometida a una intervención médica. Avitia padre, por su parte, trae récord en ese sentido, en cuanto a ausencias por motivos de salud.

El punto es que algunos dejan frecuentemente vacío su lugar, incumplen con sus funciones y les fallan a quienes deberían representar.

Sin embargo, nunca se ha sabido que les descuenten un solo día por ausentarse de esas tareas tan sustantivas.

Nadie deja de cobrar completas sus dietas, aunque realice el trabajo a medias.

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Ya Mirone había dado cuenta de una bronca estructural y de mucho fondo en el aparato de procuración de justicia y combate al delito: hay demasiada rotación de los agentes del Ministerio Público dentro de la Fiscalía General del Estado, porque no les pagan bien. En cuanto pueden, los mejores brincan a otras áreas del servicio público o al litigio privado.

Como consecuencia, hay bastante improvisación y poca especialización entre los recién llegados, quienes deben entrarle —asumiendo la representación social— a casos de alto impacto sin la formación ni la capacitación debidas. Después vienen las consecuencias: los procesos se caen cuando las carpetas de investigación son judicializadas.

Eso por un lado, porque, además, quienes se quedan trabajan a disgusto por las condiciones laborales que enfrentan, particularmente por el sueldo que reciben frente al tamaño de su responsabilidad para llevar a los presuntos delincuentes ante la justicia.

Claro que muchos le atoran sin bajar la bandera, pese a cualquier situación adversa.

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En ese contexto ha retumbado por todo el estado el amparo que un juez federal otorgó a 36 agentes del Ministerio Público, para obligar a las autoridades estatales a responder sus peticiones de mejoras salariales y laborales.

El grupo simplemente se animó a preguntar por qué recibe un sueldo menor que los defensores públicos y por qué no puede alcanzar, por lo menos, esa homologación. También pidió que se gestione un mayor presupuesto ante el Congreso del Estado.

Los MP andan enchinchados porque hasta los asesores jurídicos ganan más que ellos.

El problema comienza en los sueldos asignados para el primer escalón. Mientras un agente del Ministerio Público categoría D inicia con un salario base de 18 mil 697 pesos, a un asesor jurídico le pagan 22 mil 370 pesos. Incluso un agente categoría A de la Policía Ministerial Investigadora arranca con 22 mil 711 pesos.

Primero intentaron conseguir una audiencia con la gobernadora Maru Campos en Palacio. Después presentaron la petición ante distintas instancias estatales, comenzando por la propia Fiscalía General.

Como en la Dirección de Recursos Humanos les dieron largas y les dijeron que tomaría tiempo realizar un análisis de todas las categorías y del presupuesto disponible, recurrieron a la justicia federal.

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Desde el 4 de agosto de 2026, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua resolvió el juicio de amparo 1805/2026. Ordenó responder de manera congruente, pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de la petición y notificar personalmente a los quejosos.

El caso ha despertado interés tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial, ya que el impacto de la actuación de los agentes del Ministerio Público no se siente únicamente en la procuración, sino también en la administración de justicia.

Desde luego, lo que se espera es una respuesta positiva, acompañada del recurso presupuestal necesario, que es lo que en verdad importa.

Porque el amparo ya obligó al Estado a contestar, pero falta saber si la respuesta llegará acompañada de dinero o si será otra elegante manera de decirles que sigan trabajando mucho y cobrando poco.

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La Universidad Autónoma de Chihuahua amaneció este San Lunes con un ambiente de rebelión popular, de esas que evocan las protestas estudiantiles de otras épocas, cuando los manifestantes se refugiaban en el anonimato de la noche para dejar escritos sus reclamos en las paredes.

Las expresiones de inconformidad aparecieron en varios puntos del Campus 1 de la UACH, ubicado en la zona céntrica de la capital, pero derivan de una extensa ola de enojo que recorre los planteles de la llamada Máxima Casa de Estudios: de Juárez a Chihuahua, de ahí a Delicias y así sucesivamente.

El foco del reclamo está en las pésimas condiciones de los edificios universitarios, con la extensión que el amable lector quiera darle. Lo mismo ocurre en las instalaciones de la UACH en Juárez que en los campus de la capital y en los ubicados en otros municipios del estado.

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Quienquiera que pase cerca de esos edificios —no digamos si entra— se preguntará qué le hacen a un presupuesto superior a los 2 mil millones de pesos anuales y, seguramente, no encontrará respuesta.

Menos aún podrá explicarse a dónde van a dar los millones que se recaudan mediante el incrementado Impuesto Universitario, que consiste en agregar un cuatro por ciento a cada operación que realiza el ciudadano ante el Gobierno del Estado.

No por nada, una de las pintas más visibles, incluso desde la avenida Universidad, plantea una pregunta tan sencilla como incómoda: “¿Mi dinero?”.

Y, la verdad, el paisaje alrededor del letrero acompaña el cuestionamiento a la perfección: corredores sucios, un edificio al que no le han dado siquiera un brochazo en años y montones de basura en los alrededores.

¿Y el Impuesto Universitario, apá?

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En Juárez hay edificios con filtraciones de humedad que no solamente ofrecen un mal aspecto, sino que erizan la piel al pensar que podrían alcanzar las instalaciones eléctricas, cada vez más cerca de las manchas.

En Chihuahua, tal como lo advirtió Mirone desde hace un año, estudiantes, trabajadores y docentes se aventaron todo el semestre soportando un calorón tremendo, mientras en las oficinas directivas se la pasaban supercachetones, con sus minisplits y abanicos de piso.

El enojo de la comunidad universitaria estalló esta semana, a pocos días de iniciado el ciclo escolar. Sin embargo, al periodo del rector Luis Alfonso Rivera Campos todavía le queda algo de tiempo.

Habrá que ver si alcanza para reparar los edificios, responder dónde está el dinero y calmar la rebelión o, por lo menos, para conseguir un bote de pintura con el cual borrar las preguntas de las paredes.

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El sector ganadero de Chihuahua permanece en una calma chicha, después de ver la reapertura de la exportación de animales en pie desde Agua Prieta, Sonora, mientras en la entidad ni siquiera existe una fecha precisa para reanudar los envíos por sus puertos fronterizos.

Los 67 casos activos de gusano barrenador del ganado, comprobados hasta la semana pasada, dan cuenta de que la puerta hacia el mercado estadounidense ya está entreabierta, pero la plaga todavía no ha sido derrotada, ni mucho menos.

Mientras el Gobierno federal y el de Sonora festejaron este lunes el reinicio de las exportaciones de ganado en pie, en Chihuahua no existe una señal clara de cuándo les tocará el turno a los cruces San Jerónimo-Santa Teresa y Palomas-Columbus.

¿Para cuándo? Ahí está el problema: nadie sabe. Ni las autoridades ni las agrupaciones ganaderas.

Entre los productores chihuahuenses crece el temor de que la persistencia del gusano barrenador repita el escenario del año pasado, cuando se anunció la reanudación de las exportaciones, pero al final el cierre se mantuvo.

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Los recuentos de los daños varían según la fuente consultada, pero fluctúan alrededor de las 500 mil cabezas de ganado que no pudieron exportarse y pérdidas que rondan entre los 500 y los 600 millones de dólares.

De los animales que se quedaron de este lado de la frontera, una gran parte corresponde al hato que debió enviarse a Estados Unidos durante 2025 para completar allá su crianza y surtir de carne al mercado estadounidense.

Eso significa que entre 300 mil y 400 mil cabezas se quedaron definitivamente en México y fueron destinadas al mercado nacional, donde valen mucho menos.

La diferencia entre lo que se habría ganado en el mercado de exportación y lo que finalmente se obtuvo ya nadie la recuperará.

Todo por un gusano que tardó más de un año en llegar a Chihuahua.

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Funcionarios del sector y ganaderos de distintas partes del estado ya hacen cuentas de lo que podrían perder si transcurre otro año completo sin exportaciones. Sería una cantidad similar a la de 2025: alrededor de 500 millones de dólares.

Una cantidad bárbara, sobre todo si se considera que las actividades primarias enfrentarán el próximo año un panorama sumamente complicado, con lluvias escasas en casi todo el estado durante los primeros tres trimestres, según han advertido los servicios meteorológicos.

Los ganaderos de Chihuahua claman para que el Senasica le apriete el acelerador a la campaña contra el gusano barrenador, libere más moscas estériles —la “kriptonita” de la plaga que enferma al ganado— y cierre la puerta al ingreso de animales procedentes del sur del país.

Porque, si las autoridades se ven lentas, la reapertura de San Jerónimo y Palomas podría quedarse nuevamente, como en 2025, en un puro anuncio.

Mientras Sonora ya comenzó a cruzar ganado, los productores chihuahuenses siguen bien vestidos para el baile, pero sin música, sin fiesta y perdiendo millones de dólares.