Ahora que llegó el tiempo de la rendición de cuentas y tocó entregar informes a los distintos órganos del Poder Judicial, había bastante expectativa por conocer hasta dónde llegaría en su primer año el trabajo del Tribunal de Disciplina Judicial, responsable de vigilar y sancionar la actuación de las personas juzgadoras.

Por lo pronto, de acuerdo con lo que se plasmó en el documento que el nuevo Tribunal, encabezado por Francisco Acosa Molina, presentó y entregó como parte del informe de todo el Poder Judicial, se ve que se quedó corto y nomás no reportó sanción alguna contra personas servidoras públicas.

Se rediseñó toda una megaestructura institucional, con cinco magistraturas electas por voto popular, una presidencia, cuatro salas, cuatro comisiones, un Pleno, una Secretaría Ejecutiva, una Secretaría General de Acuerdos y una Representación en el Distrito Judicial Bravos.

Además, la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva tienen bajo su mando varios órganos auxiliares, como la Unidad de Evaluación de Desempeño Judicial, la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas, la Unidad Administrativa y Gestión y la Contraloría.

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Se trata de un entramado muy robusto que ya está caminando en su sustantiva tarea disciplinaria y de vigilancia, pero que, por lo visto, va lento en sus procesos porque, al menos en el informe, no tuvo algo sustancial que presumir en cuanto a sus alcances disciplinarios.

Lo más que pudo decir es que dejó 64 expedientes concluidos (no sabemos en qué sentido) y que dictó 5 medidas de protección y 2 medidas cautelares, sabrá Dios respecto a qué.

En la numeralia se habló de 786 acuerdos emitidos, 23 audiencias celebradas, 19 proyectos de sentencia al Pleno y 93 expedientes en trámite, pero nada en concreto sobre sanciones, y eso que hablamos de un mundo de denuncias recibidas: 518 en total.

Entiende Mirone que todo tiene sus tiempos y su debido proceso, pero sonó a mucho ruido y pocas nueces si se trata de combatir la impunidad ante conductas irregulares, vía castigo —además de la prevención y el control—, para que toda persona juzgadora y servidora pública camine derechito y no caiga en la omisión, la negligencia o la corrupción.

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A menos que no hayan querido llamarles a las cosas por su nombre en el reporte anual, porque también se habló de que se emitieron 62 acuerdos, se revisaron 15 proyectos de sentencia y se generaron 7 resoluciones. Otra vez, sin especificar el sentido.

Mucho se presumió que el de Chihuahua fue el primer tribunal del país que consolidó toda su estructura normativa y operativa. Que hasta son ejemplo nacional respecto a cómo se construyó el andamiaje institucional.

Sin embargo, resultados sobre su función disciplinaria no se ven. Mucha toga, muchos viajes y muchas fotos, pero poca justificación para su onerosa existencia.

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Finalmente terminó la semana sin que hubiera definición en Morena respecto a quién se quedará en Chihuahua con la coordinación estatal de la defensa de la transformación.

La verdad es que, desde cualquier lado, tanto el equipo de Cruz Pérez Cuéllar como el de Andrea Chávez Treviño, lo mismo que los propios aspirantes y la dirigencia estatal, ya querían que de una vez se acabara con la agonía y el nervio.

Pero siguen sin calendario y sin fecha probable para la definición, y ni siquiera están seguros de que pase lo que adelantó la presidenta nacional, Ariadna Montiel, respecto a que nada se moverá en la próxima semana.

El stand by morenista más o menos es entendible en el contexto de no hacerle mosca al informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, programado para el martes 1 de septiembre, aunque realmente es más explicable porque simplemente no se alcanzaron los acuerdos políticos entre grupos y centros de poder en el reparto de posiciones para todo el país.

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Faltan 12 de las 17 gubernaturas y Chihuahua está entrampada por ese juego de vencidas internas, con el agregado de que el posicionamiento o las preferencias en torno a ambas figuras están muy parejos, si nos remitimos a lo que dicen las encuestas y se palpa en el territorio.

Por lo pronto, tanto Cruz como Andrea, sin soltar la agenda de actividades, se relajarán un poco todo el fin de semana y por lo menos hasta el día del informe. Pasando el martes, todo puede ocurrir y de nuevo empezará a generarse la incertidumbre que los asaltó durante la semana que termina.

Lo hecho, hecho está y prácticamente no queda más que esperar a que se terminen de tejer fino los acuerdos o de plano se operen las imposiciones, ya que hasta hoy no ha quedado muy claro cómo se dieron las definiciones en los cinco estados ya resueltos.

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A final de cuentas, prevaleció la opacidad sobre la transparencia en el tema de las encuestas y no se atrevieron las dirigentes de Morena a mostrar ninguno de los números o los análisis del ejercicio demoscópico que —se supone— sustentó la toma de decisiones.

Ni siquiera hay certeza de que los aspirantes no favorecidos en los cinco estados hayan conocido a detalle o recibido los resultados de las encuestas, aunque eso fue lo que aseguró que pasó la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández.

Tampoco se volvió a hablar de las encuestas espejo, el candado que garantizaría certidumbre y confianza porque se abriría la oportunidad de que, por parte de los aspirantes, se acompañara con otras empresas encuestadoras al ejercicio “oficial” ordenado y contratado por la propia Comisión Nacional de Elecciones.

Por lo pronto, los no favorecidos deben tragarse el sapo completito y sin hacer gestos, que para eso firmaron acuerdos al arranque del proceso interno.

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Por fin, en algo lograron ponerse de acuerdo los grupos parlamentarios del Congreso del Estado: en que una mujer, integrante de la bancada del Partido Acción Nacional, dirigirá los trabajos de la Mesa Directiva durante los próximos doce meses, en lo que será el último tramo de la actual Legislatura.

En sesión celebrada durante la tarde de este viernes 28 de agosto, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso votó a favor de que Joceline Vega Vargas, diputada del PAN por el Distrito XV, con cabecera en Chihuahua, sea quien presida la Mesa Directiva y se encargue de cerrar la puerta y apagar la luz en agosto del año próximo.

Como primera vicepresidenta, los integrantes de la Jucopo eligieron a Magdalena Rentería Pérez, de Morena, y como segundo vicepresidente, a Francisco “Pancho Pistolas” Sánchez Villegas, de Movimiento Ciudadano.

Repartidito el encargo de dirigir los trabajos del Congreso en una Legislatura que dejó más raspones que estrellitas en la frente, pues fueron muy pocos los asuntos importantes que logró sacar por unanimidad de cuantos se le pusieron a votación.

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Al menos en la junta de este viernes se respetaron los acuerdos y todo quedó como estaba pactado: la presidencia era para el PAN y el turno correspondía a una mujer, de ahí que quedara la capitalina Joss Vega. Hasta ahí, todo bien.

El dato que llama la atención es que presidirá el último tramo de una 68ª Legislatura donde los grupos parlamentarios aprobaron por “maquinaria” asuntos tan relevantes como la pensión para los juzgadores que se quedaron sin chamba a causa de la reforma judicial federal —¡y qué pensiones!—, las líneas de endeudamiento del Gobierno del Estado o el incremento de, al menos, dos impuestos estatales: el ISN y el Universitario.

Tampoco lograron votar por unanimidad —cosa que se había conseguido en otras ocasiones— la elección de la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde Ada Miriam Aguilera se hizo del cargo gracias a un “Yunes-azo” de la entonces morenista Rosana Díaz.

La falta de conciliación llegó a tal punto que debieron recurrir al penoso asunto de “ausentar” a dos diputadas de la sesión del Congreso para lograr la aprobación del Paquete Económico para 2026, que incluía un crédito multimillonario y la reestructuración de la deuda pública del estado.

Por si el lector no lo recuerda, este Mirone les refresca la memoria: fue aquella ocasión en que dos diputadas, Rosana Díaz —¡quién más, si no!— y Edith Palma, se salieron de la sesión para ir al baño, según dijeron ellas mismas.

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Lo que les aguarda a Joss Vega y al resto de los diputados que la acompañarán durante los próximos doce meses no será muy distinto, pues le tocará presidir la parte final de la Legislatura, tal vez con muchos diputados suplentes y con unos grupos parlamentarios más ocupados en sacar adelante las elecciones que estarán en curso.

Por lo pronto, el primer “trompo a la uña” que deberá aventarse será el de la reforma constitucional para establecer la Fiscalía autónoma y, en una de esas, hasta elegir a su titular.

Esa será la prueba de fuego para esta 68ª Legislatura que está por llegar a su fin: aprobar una reforma trascendental, que incluso era un mandato constitucional federal, sin que se contamine con el clima electoral que, para entonces, ya estará a toda marcha.

Suerte le deseamos a la próxima Mesa Directiva, porque la va a necesitar.

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En la UACH le quitaron la sazón al acto y efecto de “pintarse” de las clases, porque simplemente no las hay. Acá, la “pinta” es gratis: no necesitan escapársele al maestro, salirse del salón en un descuido o regresar al otro día con un justificante clínico, de esos que en el argot universitario llaman “falsificante médico”, para que les quiten la falta.

Ya no es necesario. Basta con que el alumno llegue a su plantel, se asome a su aula, confirme que, en efecto, una vez más, faltó el maestro o la maestra, y se quede con una hora libre sin necesidad de hacer la graciosa escapatoria.

Esa ausencia de maestros, sin embargo, ya no hace gracia, pues los alumnos han empezado a reclamar porque no se les imparte una clase por la que pagaron, por un programa que no se va a cumplir y, por consiguiente, por una mala preparación académica y profesional.

Por aquello de que alguien en Rectoría todavía no se haya enterado, los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua ya empezaron a hacer ruido. Y no precisamente porque estén aburridos en clase.

Y a todo esto, ¿qué dice el rector de la UACH, el “primo” Luis Alfonso Rivera Campos? Todo y nada, digamos: que “este año entraron muchos estudiantes”. Cantinflazo bárbaro. ¿Sin agua en Derecho porque muchos entraron “derecho”? ¡No hay derecho!

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En la primera quincena de clases del actual ciclo escolar, la UACH ya acumula pendientes que bien pudo haber reparado durante el período vacacional: salones insuficientes, instalaciones deterioradas, falta de agua, baños en condiciones insalubres y, en algunos casos, alumnos que aseguran no estar recibiendo las clases programadas para el ciclo.

Esto último ya cambia la dimensión del problema: una cosa es que el universitario se queje porque el salón está como horno de panadero por falta de aire acondicionado —que en Chihuahua tampoco es precisamente un lujo— y otra muy distinta es que tenga que preguntarse si habrá agua para utilizar los sanitarios, si encontrará un aula disponible o, de plano, si tendrá maestro para la materia que ya pagó.

Y pagan inscripción, colegiaturas, cuotas y otros conceptos que la Universidad cobra con puntualidad bastante más suiza que la de algunos de sus servicios. La caja no dejó de sonar este año porque, además, subió el Impuesto Universitario en un 50 por ciento. ¿Entonces?

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El asunto tampoco apareció ayer.

En mayo, estudiantes de Odontología llegaron al extremo de tomar instalaciones para denunciar la falta de agua, la carencia de materiales e insumos y el deterioro de pisos, techos y conexiones eléctricas. El problema era aún más delicado porque no se trataba únicamente de salones: ahí se realizan prácticas clínicas y se atienden pacientes.

En Psicología no piden aire acondicionado —qué buena falta les hace— o que mejoren las instalaciones, sino que, al menos, les impartan las clases que estaban programadas para el día. En Filosofía y Letras, por el estilo: salones vacíos no por falta de alumnos, sino porque no fue quien debía pasar lista de presentes.

Los estudiantes no están pidiendo que les regalen una universidad de lujo. Están preguntando por qué una institución que cobra por estudiar en ella no siempre parece capaz de garantizarles lo más elemental: dónde, cómo y con quién van a tomar sus clases.