Le llegaron a Mirone las quejas del gremio de los abogados sobre cómo andan de lentos, de plano a paso tortuga, algunos jueces civiles y familiares que despachan en el eje vial Juan Gabriel.

Los campeones duran hasta 15 días para emitir un simple acuerdo, cuando antes de la sacudida que trajo la reforma que permitió el voto popular y renovó al Poder Judicial, el estándar máximo rondaba los cinco días.

En general, traen broncas en cualquier etapa procesal o simple trámite. Un acuerdo de radicación que debería quedar listo en tres días se extiende por semanas y la entrega de un oficio para alimentos también se agenda hasta 15 días después de solicitado, aunque exista urgencia por garantizar el bienestar de algún menor

En cuanto a programar audiencias, hay plazos de hasta tres meses, ya que existen jueces que apenas atienden un par al día cuando bien podrían desahogar el doble o hasta el triple.

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Hay quienes sí traen buenos números y cumplen; por eso la queja se concentra en quienes no se han puesto las pilas, no han entendido de qué se trata o, simplemente, les importa un carajo atender con diligencia a las partes y a los abogados, que al final son usuarios del sistema de justicia.

Le comentan a Mirone que hay lentitud y retraso en lo complejo, pero también en lo simple. Mientras algunos juzgados realizan el proceso de revisión, autorización y sellado de copias certificadas de expedientes en apenas tres días, los más flojos o desorganizados tardan hasta 10.

En materia Familiar, los nombres que más se repiten en las quejas son los de Martín Arriaga (Juzgado Primero), José Miguel Arellano Sosa, el famoso Miguelón (Juzgado Sexto), y Alejandro Zepeda Rodríguez (Juzgado Noveno).

Por el lado Civil, el campeón sigue siendo Hiram Arroyo (Juzgado Tercero). También aparecen José Chaparro (Juzgado Octavo) y Constantino Hernández (Juzgado Quinto).

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Mucho se ha comentado que buena parte de los atorones y rezagos se generan por la falta de personal, pero también es cierto que, en términos generales, todos los juzgados enfrentan condiciones similares. Eso deja claro que unos se organizan y trabajan mejor que otros, aun con los mismos recursos y las mismas broncas.

Quizá existan situaciones críticas por la falta de recurso humano o la integración de los equipos, como ha ocurrido en el juzgado Familiar de Alejandro Zepeda, pero quienes hacen las críticas y padecen diariamente las esperas aseguran que buena parte del problema tiene que ver con la falta de controles y de gestión de procesos.

Total, que entre los abogados vuelve a escucharse una frase que retrata el ánimo con el que salen de varios juzgados: “estábamos mejor cuando estábamos peor”.

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Siguiendo por terrenos del Poder Judicial, se enteró Mirone de que por primera vez vendrá el nuevo Tribunal Superior de Justicia a sesionar en Ciudad Juárez.

Ahora que les dio por cambiar las salas regionales de Parral a la capital, dando pasos en reversa si hablamos de tendencias descentralizadoras de la administración de justicia, ya es ganancia que, de perdida, volteen a ver a Juárez, aunque no atiendan de fondo todas sus carencias estructurales.

El reclamo histórico del Distrito Judicial Bravos sigue sin resolverse. Mientras tanto, en el Distrito Morelos, con sede en Chihuahua capital, continúa concentrándose hasta el doble del recurso humano y material para atender apenas la mitad de los expedientes y juicios que se tramitan en esta frontera.

La carga de trabajo en Juárez es mayor, tanto por el tamaño de la población como por la compleja realidad socioeconómica y geográfica que genera una incidencia particular de conflictos penales, civiles y familiares.

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El caso es que se presentará un hecho histórico, aunque sea más protocolario que otra cosa. Ya quedó agendado que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia sesione en esta frontera el próximo 13 de agosto.

Ahora falta encontrar un lugar digno para realizar la sesión, porque precisamente la falta de espacios adecuados es una de las principales problemáticas que enfrenta aquí el Poder Judicial. Hasta ahora no se ha definido la sede. Tal vez consigan un inmueble prestado o rentado mientras terminan de afinar la logística.

Así que deberán reportarse de manera presencial las 30 magistraturas que integran el Tribunal, bajo la presidencia de Marcela Herrera Sandoval.

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En las sesiones ordinarias mensuales normalmente solo una parte de los titulares de las salas regionales de Juárez viaja a la capital del estado. El resto, por cuestiones de carga de trabajo, suele conectarse vía Zoom.

También le llegó el reporte a Mirone de que hay otro evento relevante en la agenda del Tribunal Superior de Justicia este mismo mes. Se trata de la sesión anual del Pleno, programada para el 28 de agosto, aunque ese encuentro sí se realizará en la ciudad de Chihuahua.

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Al más viejo estilo priista, el PAN ya tiene su “cargada” a favor de sus aspirantes tanto al Gobierno del Estado como a la Presidencia Municipal de Chihuahua. Ya ni le buscan ni le pierden: se van con quien tiene las bendiciones de las alturas y se evitan problemas, como en los viejos tiempos… del partido que solía ser su adversario.

Entre los liderazgos más visibles, ya se da por un hecho que el candidato al Gobierno del Estado será Marco Bonilla Mendoza, alcalde de la capital, pese a que aún no se destapa formalmente ni se desprende del cargo para echar toda la carne al asador.

En la capital, todas las agujas de la brújula apuntan hacia Santiago De la Peña, a pesar del activismo que mantiene el exfiscal César Jáuregui Moreno y de su renuencia a aceptar que las bendiciones parecen inclinarse hacia el secretario general de Gobierno.

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Aunque ni siquiera hay fechas para el registro de precandidaturas, el coordinador de la bancada panista en el Congreso local, José Alfredo Chávez Madrid, ya se abrió de capa por el alcalde capitalino y llamó al panismo a echar el resto para ayudarlo a llegar a la gubernatura y cerrarle el paso al proyecto de Morena rumbo al Palacio de Gobierno.

Y no lo hizo en cualquier escenario: fue en el mismísimo Comité Directivo Estatal del PAN y en presencia de su presidenta, Daniela Álvarez, quien, por cierto, había expresado su intención de contender por la gubernatura, aspiración de la que, hasta donde se sabe, no se ha desistido.

La expresión del líder parlamentario refleja el ánimo que comienza a extenderse en distintos círculos panistas, donde ya se pide definir de una vez la candidatura de Bonilla para darle el espacio y el tiempo necesarios para alcanzar a los aspirantes de Morena, que llevan meses recorriendo el estado a cielo abierto, sin un cargo que los ate a un municipio y realizando actos aquí y allá, sin un rival enfrente.

Por otra parte, destacadas figuras del panismo dejaron verse el pasado fin de semana con el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, en una reunión que muchos interpretaron como un virtual espaldarazo a su aspiración por la Presidencia Municipal de Chihuahua.

La expresión de la diputada federal Rocío González, presente en ese encuentro, pareció resumir el momento político. Dijo que apoya y reconoce a los otros aspirantes: José Alfredo Chávez, Manque Granados y Alan Falomir… ¡Ah, por cierto! —y solo a pregunta expresa— también a César Jáuregui.

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La precandidatura del exfiscal no dio señales de vida durante la semana pasada, pero tampoco ha lanzado la toalla al centro del ring en señal de rendición. Cercanos al aspirante aseguran a Mirone que sigue firme en su intención de convertirse en el abanderado del PAN en una plaza que consideran prácticamente ganada.

Lo cierto es que no aparecen nuevas adhesiones en favor de Jáuregui. Tampoco se han visto actos masivos de respaldo ni figuras relevantes del panismo que, en fechas recientes, hayan colocado una fotografía con él en sus redes sociales.

¿Se acabó la fiesta? Falta poco para saber si callaron los mariachis… o si, de plano, se fueron a tocar a otra parte.

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Juntos, pero no revueltos, dice el refrán popular para referirse a un grupo de personas que comparte el mismo espacio, pero mantiene prudentemente su distancia.

Así estuvieron los 32 gobernadores del país durante la reunión virtual encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para dar el banderazo a la Jornada Nacional de Reforestación 2026, una estrategia impulsada por el Gobierno federal con la participación de las entidades federativas.

Ahí estaban, distribuidos en una cuadrícula, todos y cada uno de los mandatarios estatales: los dos del PRI, los dos de Movimiento Ciudadano, el del Partido Verde Ecologista de México y, por supuesto, los cuatro del PAN, incluida la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

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Desde Palacio Nacional, la presidenta fue cediendo la palabra a un grupo de gobernadores. Hablaron tres de Morena, uno del PRI, una del PAN y uno de Movimiento Ciudadano.

La ronda la abrió uno “de casa”: Alfonso Durazo, de Sonora. Le siguieron la panista Teresa Jiménez, de Aguascalientes; el emecista Pablo Lemus, de Jalisco, y el priista Esteban Villegas, de Durango. Después participaron las morenistas Delfina Gómez, del Estado de México, e Indira Vizcaíno, de Colima.

“Somos muy plurales”, comentó la presidenta antes de presentar al mandatario duranguense, uno de los dos últimos gobernadores que conserva el PRI. Más tarde, por iniciativa propia, intervinieron los gobernadores de Oaxaca y Morelos, ambos de Morena, y cerró la panista Libia Dennise García, de Guanajuato, quien —con tono confianzudo, dirían en el rancho— tuteó a la presidenta.

¿Y Maru? Nada.

Su imagen permaneció en el ángulo superior derecho de la pantalla, vestida de blanco y sin intervenir ni hacer gesto alguno mientras transcurrían los mensajes.

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Apenas un día antes había denunciado públicamente que es víctima de persecución y de amenazas “por escrito”, además de reiterar sus señalamientos contra el Gobierno federal. Horas después, a pregunta expresa, Claudia Sheinbaum respondió que no existe ninguna persecución política y que la única actuación de la Fiscalía General de la República corresponde a una investigación por la presunta presencia de agentes extranjeros en Chihuahua.

Lo que le vinieron a contar a Mirone es que, en distintos sectores políticos y empresariales, empieza a crecer la preocupación por el clima de confrontación entre los Gobiernos federal y estatal.

Coinciden en que una ruptura no beneficiaría a nadie en un estado que enfrenta problemas de seguridad, migración, sequía y rezagos en infraestructura, asuntos que difícilmente pueden resolverse sin coordinación entre ambos niveles de Gobierno.

Porque una cosa es mantener la distancia política y otra convertirla en distancia institucional. En Chihuahua, el costo de que la Federación y el Estado dejen de hablarse no lo pagarían los Gobiernos, sino los ciudadanos.