Se puso buena la grilla en el Club Campestre, con la conclusión del trabajo de la Comisión Especial que investigó responsabilidades internas en torno al desfalco de 21.5 millones de pesos.

La noche del martes se presentó en la Asamblea de accionistas, el informe que se entregó por escrito en cuatro partes, donde se describieron los antecedentes, se detallaron los trabajos, se analizaron las responsabilidades y se emitieron recomendaciones.

La conclusión fue contundente en cuanto a que sí hubo responsabilidad del presidente y del tesorero, Sergio Guzmán Castañeda y Jaime Merín, respectivamente.

No se metió en otra cosa la Comisión, respecto a lo penal o a señalar que directamente participaron en el desvío, porque eso corresponde estrictamente a la Fiscalía General del Estado que tiene su investigación en curso. Sin embargo, sí consideraron sus integrantes que presidente y tesorero no cumplieron con las funciones y facultades a las que estaban obligados conforme a los propios estatutos del Club.

Ni hicieron la dispersión del recurso como estaban obligados, ni supervisaron o vigilaron el manejo financiero que dejaron completamente en manos de una persona externa y contratada por la directiva, el administrador Alberto Medina Molina, quien hasta ahora aparece como responsable único del desvío.

En contra de él puso la denuncia penal el propio presidente Guzmán Castañeda, quien luego sería, al igual que el tesorero, separado de su cargo para dejar caminar todas las investigaciones.

La Comisión concluyó que la norma establecía claramente las firmas mancomunadas para la disposición del recurso, lo que nunca aplicaron ni el tesorero, ni el presidente, alegando que ya no se usaban los cheques en papel, sino los mentados tokens digitales para autorización o autenticación.

Aunque ya hay formas mancomunadas para el manejo digital, ninguno de los dos realizó verificación alguna de las transferencias que hacía el administrador, lo que llevó a que concretara fácilmente el desfalco.

También repartió la Comisión responsabilidad para el Comité de Vigilancia que no hizo su trabajo; incluso, para el auditor externo que se tardó en avisar la detección del desfalco ante quien debía de hacerlo.

No hay hasta el momento alguna otra consecuencia legal por esas responsabilidades, pero ahí quedó el registro debidamente escrito en el informe.

No acabó ahí la grilla. Después de la presentación del informe y sin que estuviera en el orden del día, Sergio Guzmán presentó su renuncia como presidente, argumentando que su separación para la investigación había sido ilegal y que ahora era preferible que su sustituto temporal asumiera la presidencia con todas las de la ley.

Ya tendremos oportunidad de comentar más sobre esa jugada en el Club Campestre, donde quedó de presidente, pera ya no interino, Gabriel Contreras Álvarez.

………………

Muy buena raspada se llevó ayer el exgobernador César Duarte, justo cuando ya andaba desbocado, celebrando un año de libertad, aunque todavía enfrenta un proceso penal por delitos de corrupción en Chihuahua.

El atorón vino desde Palacio Nacional, en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que encabeza Efraín Morales López.

Bastante espacio de la transmisión en vivo se llevó la explicación del operativo del martes en el rancho El Saucito, propiedad del exmandatario, ubicado en el municipio de Balleza.

A la brava, nada más porque “el poder es para poder y no para no poder”, Duarte agandalló para él, el agua del arroyo que es propiedad de la nación, construyendo cuando era gobernador cinco presones y una presa en forma, suficientes para almacenar 700 mil metros cúbicos de agua.

De nueva cuenta se constató el uso privado de un recurso público sin haber concesión legal de por medio y, para acabarla de amolar, con la connivencia de funcionarios.

Ni un permiso obtuvo de nadie para construir esa infraestructura y se apoderó ilegalmente del recurso hídrico. Así se mantuvo por años, durante parte de su mandato, el quinquenio de Javier Corral y más de medio sexenio de la actual gestión estatal.

Fue hasta el martes, cuando la Conagua le entró con un procedimiento de sanción administrativa para derribar parcialmente los presones, como se mostró en video transmitido en la mañanera. Se trató de una liberación parcial del agua, ya que un amparo fast track de la jueza federal chihuahuense, Madhay Soto Morales, suspendió la acción de la autoridad.

Es El Saucito la joya de la corona en la corrupción duartista, ya que también hay una historia de despojo para que, de ese rancho de 4 mil 300 hectáreas, pudiera apropiarse el exgobernador.

Cuando se aseguró, en abril de 2017 como parte de la llamada Operación Justicia, se reportaron seis edificaciones, 28 caballerizas, corrales, un aviario, pozos de suministro de agua (uno de ellos se clausuró el martes por ser ilegal), planta de energía eléctrica, salón de eventos, zonas de descanso, asadores y hangares.

Una cueva natural fue convertida en capilla en lo alto de un monolito donde el exgobernador escuchaba misa, pero no lo hacía como cualquier persona, utilizaba el sillón y el reclinatorio que el recién fallecido Papa Francisco utilizó durante su visita a Ciudad Juárez en 2016.

El exgobernador se apropió de ese mueble que fue encontrado en su rancho, igual que mobiliario extraído de Palacio de Gobierno que todavía tenía las etiquetas con el código de barras utilizado para el control oficial de inventarios.

Hasta reserva ecológica se encontró con varias especies exóticas, incluyendo bisontes americanos, llamas y pavorreales, aparte de mil 200 cabezas de ganado bovino de las razas Angus Negro y Angus Rojo.

También se encontró un ato de la raza Bonsmara para cruzas secundarias, traído de Texas por la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, aunque su origen es de Sumara, en África. Quién sabe por qué estaban ahí esos animales que se trajeron a Chihuahua para apoyar a los productores ganaderos de Chihuahua, no al gobernador del estado.

El caso es que el rancho es emblema de la corrupción política, también por la manera en que se pudo disponer del agua ilegalmente, sin que autoridad alguna lo impidiera.

Por ahí vendrá otra historia, porque tanto la presidenta Claudia Sheinbaum, como el director de Conagua, dejaron claro que van por la denuncia ante PGR, no únicamente contra Duarte o sus personeros por la sustracción ilegal, también contra quienes permitieron esa ilegalidad y actuaron en contubernio.

………………

De pasada, el tema de la corrupción y el uso ilegal de agua tocó al municipio de Juárez, donde también operan pozos irregulares y hay un desorden en los títulos de concesión.

El caso de El Saucito se tocó dentro de un contexto nacional en el que se están revisando los títulos de concesión en todo el país, precisamente para poner orden y terminar con la ilegalidad.

La propia presidenta señaló que hay muchos títulos de concesión para riego que en realidad se están usando para desarrollos habitacionales. El problema es que hay una evasión de pago, ya que el uso agrícola está exento del pago de derechos.

“Pero si esa agua que no tiene pago de derechos, se está utilizando en un desarrollo habitacional, y ese desarrollo habitacional, sí paga agua, pues entonces ¿a quién se le está pagando?” cuestionó la presidenta.

Lo anterior viene a cuento, a propósito de una investigación de Norte Digital publicada en enero de 2023, cuando se documentó la forma en que vacíos legales, omisiones, y presuntos actos de coyotaje y corrupción, generaron aquí la existencia de un creciente mercado negro del agua.

Precisamente, la base de ese mercado negro son los antiguos pozos agrícolas que alimentan el negocio clandestino de venta de agua potable para distintos fines, completamente ajenos para los que están autorizados.

En el reportaje “El mercado negro del agua en Juárez se mueve en pipas”, se detalló cómo se evade le pago de derechos y se destina el agua para el riego de parques, jardines privados y terracerías, además de hoteles, lugares de lavado de autos, maquiladoras, centros comerciales y para actividades de construcción.

La Conagua no le ha atorado a esa problemática y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento también se mantiene al margen, por lo que la irregularidad continúa.

Algo parecido está pasando en Samalayuca, donde hay concesiones de pozos agrícolas que en realidad abastecen los nuevos desarrollos habitacionales campestres.

Trae pues la Conagua muchos pendientes, como el tema de los pozos irregulares que ahora están suministrando el riego de nogaleras por todo el estado (incluyendo el municipio de Juárez, hacia Samalayuca y la parte de El Valle).

Ahí hay todavía mucha tela de dónde cortar y el director de Conagua adelantó que pronto informará de los operativos de revisión de títulos de concesión en la entidad.

………………

Y ya que andamos entrados en temas de derechos, transas y grillas, se puso buena la denuncia pública que hizo el dirigente local de Canaco, Iván Pérez, por el supuesto hostigamiento de notificadores de la Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Se supone que ya van al menos 24 establecimientos comerciales notificados para que paguen regalías a la Sociedad de Autores y Compositores de México, por parte de supuestos inspectores que terminan pidiendo moches o cuotas mensuales para dejarlos trabajar.

Cuando se hizo la denuncia pública, hasta un video se mostró con un supuesto inspector en acción, aplicando una multa.

En las publicaciones de Norte Digital, quien le brincó fue el enlace o la representante en Juárez de la Secretaría de Economía, Belinda Díaz, quien evidentemente se molestó porque Pérez no tocó base con ella, antes de pedir públicamente que el secretario Marcelo Ebrard intervenga para frenar las supuestas acciones de hostigamiento o corrupción del IMPI, el organismo encargado de regular la propiedad industrial en México en cuanto a marcas, patentes, diseños industriales y avisos comerciales.

Lo primero que señaló Belinda, es que ese personal que supuestamente hace inspecciones nada tiene que ver con la Secretaría y que “nadie está autorizado para cobrar ningún dinero”.

“Aparte, Iván Pérez debería estar haciendo llegar un oficio a las oficinas de Ciudad Juárez porque sabe muy bien que hay una responsable. Brincar esta instancia es meramente un acto de falta de política y respeto”, soltó la funcionaria de la 4T.

Belinda era un cuadro bastante activo en el tricolor, pero luego se pasó a Morena donde ha trabajado, tanto cerca del hoy senador Juan Carlos Loera, como del secretario de Economía, ya que fue parte del equipo que trabajó en Chihuahua por su candidatura presidencial.

Iván Pérez, el director de Canaco, fue también funcionario en tiempos de la 4T, pero en el ámbito municipal, ya que se desempeñó como director general de Desarrollo Económico en casi toda la primera gestión del alcalde Cruz Pérez Cuéllar.