El mercado negro del agua

Un centro recreativo es la fachada y la baja presión de agua

Uno de esos puntos de llenado de pipas se ubica en la etapa 7 de la colonia Riberas del Bravo, donde se encuentra el centro recreativo Valle Verde, cerrado al público desde hace varios años; se trata de una colonia que, como muchas del sector, tiene serios problemas de baja presión de agua a lo largo de todo el día, atribuido a la continua actividad del llenado de pipas de una garza habilitada en ese espacio.

El vehículo observado al momento de la visita, una pipa con capacidad calculada entre 20 y 22 mil litros, además de no contar con número de control ni logotipos o elementos de identificación oficial, carece de la obligada franja de color.

Una franja que debe ser azul para identificar el agua de consumo humano, verde para el agua tratada o potable usada para diversos rubros como la construcción, o morada para agua tratada utilizada para riego de áreas verdes y terracerías.

No lejos de ese lugar, en la etapa 8 de Riberas de Bravo, justo al costado poniente del centro comunitario que ahí existe, se ubica una improvisada garza de extracción de agua potable, en un terreno plagado de las huellas dejadas por los pesados vehículos.

La ordeña de pozos se acentúa en el oriente

Otros tantos puntos de extracción clandestina se ubican en los sectores de Zaragocita, y colonias como Águilas de Zaragoza, El Papalote, varias etapas de Riberas del Bravo, y en balnearios ubicados a la altura de la carretera Juárez-Porvenir, como es el caso del balneario “Los Olivos”, donde también se constató la presencia de pipas en proceso de ser llenadas.

Otro de esos puntos de extracción ilegal de agua corresponde al centro recreativo “La Conchita”, ubicado en avenida Valle del Sol, a la altura del antiguo ejido Salvarcar.

Ahí la actividad de llenado de pipas es tanto de día como de noche, según señalan habitantes de los fraccionamientos aledaños, quienes presentan también desde hace tiempo problemas continuos de baja o nula presión de agua que atribuyen al indiscriminado uso del pozo de extracción.

De acuerdo a la JMAS, en la ciudad hay al menos 15 pozos de este tipo que operan de manera clandestina y en el Valle de Juárez al menos otros 30, 12 de los cuales se ubican en el poblado de San Agustín. Otro incontable número de pozos se ubican en Samalayuca, donde también operan balnearios y garzas instaladas para el llenado de pipas en terrenos habilitados con pozos de uso agrícola.

Pero según el investigador del Colegio de la Frontera Norte, Gustavo Córdova Bojórquez, cuando menos una tercera parte de los pozos existentes en los alrededores de la ciudad, no están registrados.

De acuerdo al investigador, se trata de una actividad ilegal pero ampliamente tolerada, mediante la cual los agricultores de la zona dicen compensar las pérdidas generadas por la reducción de sus espacios de siembra y la falta de recursos federales para apoyar al campo, según declaran.

“Esos pozos operan con ese tipo de permisos, declarando que son para uso agrícola; se les autoriza entonces extraer el agua con una tarifa menor a la convencional de electricidad, se les da tarifa especial por ser de consumo agrícola, y eso lo aprovechan ellos para vender el agua como otra forma de hacerse de recursos”, expresa el investigador.

Córdova hace referencia a un rancho ubicado en el acceso al poblado de Samalayuca, que cuenta con alberca e invernadero; es uno de los muchos pozos de predios agrícolas del poblado que tienen habilitadas improvisadas garzas de extracción.

Comentó que ahí y en otros puntos del sector acuden diariamente a surtirse del líquido gran número de pipas que, posteriormente, trasladan el agua principalmente para su uso en la construcción del libramiento que unirá a Samalayuca con la carretera Guadalupe-Tornillo.

Es una actividad igualmente ilegal pero tolerada y hasta aceptada, dada la cercanía del acuífero de extracción con el punto de entrega, lo que reduce costos y tiempo de operación.

En riesgo, la salud de los juarenses

Otra situación preocupante es que muchas de estas pipas se dedican a trasladar agua para consumo humano a sectores carentes del servicio de agua en Ciudad Juárez y, dada la anarquía bajo la cual esto se desarrolla, escapan al control de la vigilancia sanitaria, representando factores de riesgo para la salud de quienes consumen el agua distribuida de este modo.

Pero el principal factor de preocupación es la indiscriminada actividad de extracción de agua de los acuíferos que surten de agua a casi toda la ciudad, y que actualmente están contabilizados entre los depósitos subterráneos que entraron en déficit en los años recientes.

La pasada temporada de calor ya encendió un foco de alerta ante las circunstancias que se presentaron con la alta demanda del líquido, que obligó a imponer medidas de control no vistas antes en la ciudad, y que llevaron a la JMAS a tener conflictos con el Gobierno Municipal tras el arranque del programa de dotación de agua en pipas, puesto en marcha por la administración de Cruz Pérez Cuéllar.

Anarquía en la extracción del agua

Un estudio realizado en la pasada administración estatal y que esgrime el actual presidente de la JMAS, Sergio Nevárez, señala que, según la calidad y la cantidad de agua que tenemos en los mantos acuíferos, quedarían solo 15 años de agua disponible a un ritmo de 24 horas durante los siete días de la semana para el consumo de la ciudad.

Esto debido a que –según cifras de la JMAS– mientras que la cuenca tiene una recarga anual calculada de 35 millones de metros cúbicos, se extraen de ella 175 millones, más posiblemente otros 25 millones (200 millones en total aproximadamente) entre actividades agrícolas, ganaderas y privadas.

“A donde quiero llegar es que al final de todo esto es que nos podemos quedar sin agua, todo porque no hay orden en la extracción, y no tenemos autoridad sobre esos pozos que son de uso clandestino al no corresponder al uso que tienen autorizado, porque todo eso es federal”, expresa Nevárez, quien dice sentirse “con las manos totalmente atadas”, para intervenir, dado que la única instancia que puede poner orden en este caso, es la federal, según afirmó.

Pese a tener conocimiento de esta situación que inició desde finales de los años 90, y que se ha venido acrecentando en los últimos años (según Manuel Herrera, director de Ingeniería y Proyectos de la JMAS), la dependencia se dice impedida para intervenir, por tratarse de permisos de competencia federal, específicamente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), instancia que no obstante no ha intervenido para poner orden.

De acuerdo a Nevárez, al menos desde la pasada administración estatal se enviaron oficios a la Conagua, informándole de la situación, obteniendo de esa dependencia solo respuestas en el sentido de que se va a proceder a intervenir sin que hasta ahora lo haya hecho.

“Sí se ha hablado y dicen que van a hacer una iniciativa, que están tratando de verlo, pero hasta ahorita no hemos visto de manera contundente, que yo sepa, que hayan clausurado un pozo o que hayan puesto una denuncia penal contra alguien. Esto fue desde la administración anterior, hay un oficio que se les mandó señalando esas irregularidades. La respuesta fue que estaban en el proceso de”, expresa Nevárez.

Conagua, ni enterada

Por su parte, la delegación estatal de la Conagua, en voz de su representante, José Ángel Félix Sánchez, aduce desconocer la existencia de esta situación en específico, solicitando el apoyo de la ubicación de los puntos de extracción ilegal, para tomar acciones.

“De entrada es irregular porque no es posible desviar el agua concesionada para riego y ser utilizada en un uso distinto. Ahí en primer lugar las posibles sanciones serían para quienes tienen concesión de uso agrícola y permiten estas acciones de mal uso de la concesión”, comentó al respecto.

Uno de los grandes problemas que este mercado negro del líquido puede generar, además de los que puede ocasionar el clandestinaje, es que en el futuro mediato y especialmente durante la época de calor, haya un mayor abatimiento y menos disponibilidad para la red de agua potable de la ciudad.

Y es que el descontrol que actualmente existe en esta actividad, propicia que haya una extracción mucho mayor del nivel de agua permitida, provocando que la disponibilidad de agua potable disminuya con mayor celeridad.

Un descontrol y un mercado negro potencialmente lucrativo en tiempos de crisis hídrica, que algunos investigadores del tema no descartan atribuirlo a actos de corrupción como los detectados anteriormente en instancias encargadas de la supervisión y control en otros sectores del país.

Entre estos investigadores destacan Dalia Toledo, directora de Finanzas Públicas y anticorrupción de “Ethos Laboratorio de Políticas Públicas”, y Cuauhtémoc Osorno Córdova, investigador y consultor en políticas públicas y derechos humanos al agua, e integrante de la “Red Mexicana de Cuencas”.

En entrevistas concedidas a este medio, ambos investigadores consideran que en esto es más que probable que puede estar operando –además de lo detectado en otros estados como Nuevo León, Estado de México y la capital del país–, una compleja red de lucrativas complicidades que incluyen a compradores, concesionaros dispuestos a ceder sus derechos, coyotes y organismos operadores de agua, además de la propia Conagua.