En la misma tesitura de juicios, controversias legales y pleitos políticos, de nueva cuenta, este viernes se activan los reflectores en Chihuahua capital, cuando Maru Campos y su equipo de abogados, de llevarse a cabo la audiencia, escuchen por parte de la Fiscalía Anticorrupción la acusación por presunto cohecho y uso ilegal de atribuciones y facultades.

Es el tema de los supuestos “moches” por 1.3 millones de pesos que habría recibido la candidata del PAN-PRD a la gubernatura, durante su desempeño como alcaldesa chihuahuita, a cambio de otorgar contratos de obra pública.

Esta segunda investigación trae con el rosario en la mano al equipo de campaña de Maru, al PAN y al PRD. Dicen las fuentes mironianas que en este caso la Fiscalía de Gema Chávez se aplicó con los datos de prueba y robusteció las carpetas para amarrar mejor la imputación como autoridad acusadora. Habrá que esperar para saber si su trabajo fue tan bueno como se presume.

La audiencia está programada para las 9 de la mañana de este viernes, pero no puede descartarse que la audiencia inicial de imputación y vinculación vuelva a ser diferida. El abogado Francisco Molina, que encabeza la defensa de Maru, declaró desde ayer que no existen condiciones para la audiencia, pues apenas esta semana la Fiscalía Especializada les hizo entrega de seis nuevos tomos sobre la investigación.

En el asunto, además, estará a prueba la autonomía de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y su titular, Gema Chávez Durán, quien desde su arribo a Chihuahua tuvo una notable aceptación por sus cartas credenciales.

Como directora de investigación de la Fiscalía Especializada del Combate a la Corrupción del Estado de Nuevo León, estuvo a cargo del proceso contra al exgobernador priista Rodrigo Medina, que implicó acusaciones por desvíos de recursos públicos que rebasan los 3 mil 600 millones de pesos. Sin embargo, durante la administración corralista, a Gema se le ha señalado por supuestamente haber sometido una Fiscalía que debe ser autónoma a las órdenes del gobernador.

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En las oficinas del senador juarense Cruz Pérez Cuéllar se activaron las alertas después de que en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados apareció enlistado su caso de desafuero, esto a petición de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua que lo investiga por su supuesta participación en la nómina secreta de Duarte.

A Cruz lo señalan por el desvío de cientos de millones de pesos que repartió el ballezano, actualmente preso en Miami, a decenas de personajes de la vida política, empresarial y social del estado a cambio de múltiples favores.

Pero en realidad eso no fue lo que prendió los focos rojos del tablero en el equipo de campaña del candidato a la presidencia municipal de Juárez por Morena, sino que más bien comenzó a correr fuerte el rumor de que estaba listo el dictamen de la Sección Instructora que preside Pablo Gómez. El acuerdo de la comisión supuestamente estaría en sentido aprobatorio para quitarle el fuero a Cruz Pérez Cuéllar.

La acalambrada rápidamente fue aclarada, pues en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara Baja que sesionó ayer jueves, solamente se desahogaron pruebas finales y formulación de alegatos contra el senador.

A principios de diciembre, la Fiscalía General de Chihuahua solicitó al Poder Legislativo federal el desafuero de Pérez Cuéllar. En Palacio están con tremendas uñas para ejecutar una orden de aprehensión en su contra e incoarle un proceso penal, porque supuestamente Duarte le untó en la mano 2.5 millones de pesos.

Los leones de la contienda electoral están prestos para darle la batalla con el tema de corrupción, pero tendrán que esperar hasta el 29 de abril, cuando den inicio las campañas políticas. El tema será recurrente entre los aspirantes a la presidencia municipal.

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Mirone había adelantado en entregas pasadas que algo nuevo se estaba cocinando en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para cambiar las viejas prácticas de hacer política institucional. Ayer, el presidente de Coparmex, José Mario Sánchez Soledad, se fue duro y a la cabeza en contra de este organismo.

El empresario y tenor dijo abiertamente que el CCE tiene que cambiar sus estatutos, a los que calificó de arcaicos e inoperantes, creados en tiempos de un bipartidismo que ya no existe en nuestro país, y utilizados para promover intereses partidistas y hasta personales.

Por lo pronto ya alborotó el avispero y en los próximos días se verán las confrontaciones entre los que quieren que el Consejo permanezca tal y como está, todo con tal de seguir con las viejas prácticas de servirse con la cuchara grande, y los que promueven la iniciativa de nuevos estatutos que permitan su democrática apertura a nuevos integrantes.

José Mario deja ver que muchos empresarios han usado al Consejo en lugar de defender el interés sectorial del gremio. La lucha que se ha echado al hombro el presidente de Coparmex se antoja complicada, porque en el camino seguramente encontrará una fuerte resistencia de aquellos que han hecho del CCE un filón de oro para explotarlo a favor de sus intereses particulares, de camarilla o de pequeños y cerrados grupos políticos y económicos.

Y es que con esta terca realidad, la situación actual del Consejo es insostenible. El sector empresarial vive tiempos de prueba y los nuevos actores necesitan generar mayor credibilidad ante la ciudadanía, con una nueva narrativa de unión, de real representación y de propuesta para el bien común.

El nuevo presidente de Coparmex, que se muestra con una visión congruente, que reconoce un cambio de época, promueve la iniciativa para crear nuevos estatutos al Consejo Coordinador Empresarial y parece que, poco a poco, va encontrando eco en la iniciativa privada juarense, en especial en aquellos que, desde hace mucho tiempo, al comprender la necesidad de que estos organismos sean contrapesos y no aplaudidores del poder político en turno, han pugnado por su apertura.

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Los candidatos a la gubernatura de Chihuahua Graciela Ortiz, Alejandro Díaz Villalobos y Alfredo “El Caballo” Lozoya, van por su segunda vuelta de campaña por tierras fronterizas.

El candidato de Fuerza por México, Alejandro Díaz, realizó una visita de cortesía a su colega, el doctor Carlos Ponce Torres, presidente municipal en funciones. El encuentro se realizó en el despacho principal de la Unidad Administrativa Benito Juárez en donde hablaron de “grilla”.

Ponce Torres le deseó mucha suerte al doctor Díaz, que seguramente la necesitará para hacer un buen papel y levantar algunos votos que ayuden al nuevo partido a conservar su registro. Hoy continuará aquí el candidato con su agenda de trabajo proselitista.

Y la que también le pegó a la frontera fue Graciela Ortiz, quien se reunió con socios de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), en donde expuso a los comerciantes organizados su visión en el tema de desarrollo económico y del comercio en Chihuahua.

En el encuentro salió a colación el masticado tema del Centro de Convenciones, que aquí lleva décadas sin poder cristalizar y que recientemente fue retomado por el Cabildo de Juárez.

A Chela no le fue tan bien con el quórum, a diferencia de la gran convocatoria que tuvo la candidata del PAN, María Eugenia Campos, que en días pasados estuvo en la Cámara compartiendo sus propuestas de campaña.

Alfredo “El Caballo” Lozoya atenderá agenda este fin de semana en Ciudad Juárez

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Los priistas se siguen preguntando por qué Graciela Ortiz y la candidata a la presidencia municipal Adriana Fuentes Téllez, así como la candidata a diputada federal por el distrito 01, Lilia Merodio, nomás no hacen química para hacer campaña cuando son del mismo partido.

Y es que Graciela y Lilia no han apoyado a la candidata a la alcaldía, luego de que fue agredida por policías estatales en la avenida Gómez Morín cuando protestaba en contra de las obras de la pretroncal del BRT II.

Ayer, Fuentes ratificó la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero de plano no hubo ningún pronunciamiento conjunto.

Y los que saben del tema aseguran que la queja terminará, como muchas otras en contra de elementos policiacos, en una simple recomendación, porque no creen que los agentes sean separados de la Comisión de Seguridad, toda vez que el gobernador Javier Corral respaldó la actuación de su brazo ejecutor.

Pero mientras esperan la resolución del visitador de la CEDH, hay más pirotecnia para la candidata priista.

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El consejo general del Instituto Estatal Electoral dará a conocer este viernes los lineamientos de lo que serán los debates entre los candidatos a un cargo de elección popular. Los tiempos de la campaña ya están en marcha, y la discusión se centra en cuántos debates será posible llevar a cabo.

El reto de los consejeros electorales es fijar los lineamientos para que los aspirantes a la gubernatura se enfrenten a dos rounds. Hay suficiente tiempo.

La conveniencia de dos debates, sin embargo, no parece ser una buena idea para el equipo de campaña de Maru Campos, quien en definitiva será el blanco para atacar por todos los contendientes.

Quedar expuesta en dos ocasiones representaría un riesgo que ya es calculado por los estrategas políticos panistas. Así que prefieren un debatito y san se acabó.

Quienes posiblemente tengan un solo debate, serán los aspirantes a alcaldes. Ellos arrancarán campaña el 29 de abril, y concluirán sus actividades proselitistas el 2 de junio, cuatro días antes de la elección.

Y aún habrá que esperar lo que dicten las autoridades de Salud del estado, si endurecen las medidas de restricción del semáforo epidemiológico naranja y prohíben de una vez por todas las reuniones masivas de los candidatos, o de plano mandan a chiflar las campañas electorales con el semáforo rojo.

De antemano, el Instituto Estatal Electoral estima que será necesario aumentar los tiempos para la transmisión del debate para la gubernatura, pues tendremos, como nunca, ocho contendientes. La clave estará en el formato que se utilice. Nadie está humanamente preparado para un tedioso y aburrido debate de cuatro horas.