La convulsa Ciudad Juárez nuevamente dio de qué hablar. Si no es por razones de criminalidad y violencia, es por cuestión política, aunque muchas veces se mezclan los factores y al final de cuentas emerge otro tipo de violencia: la violencia política, como la que surgió ayer en las instalaciones del Pueblito Mexicano.

Ahora sí que el pueblito chico se convirtió en infierno grande y mal terminó lo que se suponía era una sesión solemne del Congreso del Estado, con el arranque que se generó afuera del auditorio ubicado en la planta baja de las oficinas administrativas de Gobierno del Estado.

Si alguien no estuvo ahí, basta ver los múltiples videos, desde adentro y desde afuera, para entender que el lugar, por momentos se convirtió en una auténtica olla exprés.

Mientras en el interior del recinto se desahogaban las intervenciones en torno al motivo que trajo al Congreso a Juárez —la conclusión de las jornadas conmemorativas del origen de la Revolución Mexicana—, detrás de la puerta se desarrollaba una historia muy distinta.

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En una especie de lobby o pasillo entre el auditorio y el resto del inmueble conocido como Pueblito Mexicano, se enfrentaban las consignas de integrantes de la comunidad LGBTQI+ con las de un grupo cristiano que protestaba contra los matrimonios igualitarios.

Los grupos de diversidad sexual daban seguimiento a una lucha de muchos años y al proceso que la semana pasada asumió la Junta de Coordinación Política para subir el tema de los matrimonios igualitarios al pleno.

Se antoja que el tema no fue incluido en el orden del día de la sesión de ayer y por eso decidieron manifestarse.

El grupo cristiano, por su parte, sabía que no se abordaría el asunto durante esa sesión, pero igualmente decidió ejercer presión para defender su postura.

Entre ambos grupos no se pasó de los gritos ni del choque de consignas, con expresiones como “Cristo Vive” o “Por eso vino Cristo a salvarnos”.

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Y no me voy, hasta que escuchen mi voz…

El punto de mayor tensión llegó cuando el colectivo en favor de los matrimonios igualitarios decidió avanzar e intentar ingresar al recinto legislativo, en protesta por lo que consideran un bloqueo político al tema.

El ingreso estaba resguardado por guardias de seguridad privada y personal de apoyo del Congreso.

El auditorio se encontraba prácticamente lleno y el acceso de más personas implicaba incluso interrumpir el desarrollo de la sesión; sin embargo, los manifestantes argumentaban su derecho a ingresar a un espacio público de representación popular.

Y ahí fue donde la sesión solemne dejó de ser solamente un acto protocolario para convertirse en un episodio más de confrontación política.

Porque mientras adentro hablaban de historia, afuera se libraba otra disputa: la de derechos, posiciones ideológicas y presión política.

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Ahora sí que el zipi-zape y la suspensión de la sesión del Congreso le aguaron la fiesta a la clase política que se dio cita en el Pueblito Mexicano, convertido en recinto legislativo donde convergieron los tres poderes del estado.

Concentrar a los tres poderes no es algo que ocurra seguido en esta olvidada frontera, por lo que el recinto estaba lleno de “invitados especiales” que celebraban la sesión solemne, aunque para ello dejaron la chamba guardadita y esperando en sus oficinas públicas.

La representación del Ejecutivo estatal y, por lo tanto, de la gobernadora Maru Campos, le correspondió al subsecretario de Educación y Deporte, Roberto Anaya Moreno.

El funcionario de corazón azul se sentó a la derecha —así tenía que ser— del presidente del Congreso, el diputado tricolor Guillermo Ramírez.

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Muy plural la representación, ya que a la izquierda de Ramírez, en representación del Poder Judicial y por lo tanto de la magistrada presidenta Marcela Herrera Sandoval, se sentó la magistrada en materia Civil, Angélica Mendoza, quien —para nadie es secreto— llegó al Tribunal Superior porque apareció en los acordeones guindas impulsados desde la Presidencia Municipal, ahí donde su esposo, Héctor Ortiz, despacha como secretario del Ayuntamiento.

No sabe Mirone para qué andaban por acá o si ameritaba por tratarse de una sesión solemne con representación de los tres poderes, pero magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia que despachan en Chihuahua vinieron a Juárez a conjugar el verbo viaticar.

La presidenta Marcela Herrera no pudo acudir porque se repone de cuestiones de salud, pero por acá vinieron a presenciar el zipi-zape legislativo varias de las magistraturas con residencia en el Distrito Morelos: Cristina Campos (Primera Sala Penal), Hortensia García Rodríguez (Tercera Sala Penal), Gerardo Javier Acosta (Cuarta Sala Penal), Perla Guadalupe Ruiz (Séptima Sala Penal), Rubén Aguilar Gil (Quinta Sala Penal) y Karina Ivonne Castañeda (Cuarta Sala Civil).

Claro que tampoco se podía perder el evento quien será el próximo presidente del Poder Judicial, el magistrado en materia Civil con residencia en Parral Yamil Athié Gómez.

Representando al Distrito Judicial Bravos, aparte de Angélica Mendoza, también acudieron Javier Rodolfo Acosta (Primera Sala Penal), Myrelle Oralia Lozoya (Cuarta Sala Penal), José Luis Chacón Rodríguez (Segunda Sala Penal) y Emmanuel Chávez Chávez (Segunda Sala Civil).

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Por cierto, el presidente del Congreso, Guillermo Ramírez, fue bastante efusivo al nombrar a su amigo Emmanuel Chávez Chávez, originario, como él, de Hidalgo del Parral. Ambos se movieron juntos en los círculos tricolores que se empoderaron con el duartismo.

Todo mundo cumplió con el protocolo, la cortesía, el show y la pasarela política, incluyendo a quienes representan los organismos “autónomos”.

Ahí anduvieron la presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán Prieto; la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ada Miriam Aguilera; la coordinadora ejecutiva de Ichmujeres, Nohemi Aguilar, y la magistrada del Tribunal Estatal Electoral, Adela Alicia Jiménez Carrasco.

Quien logró aparecer en la lista mencionada por el presidente del Congreso fue la subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, Austria Galindo, funcionaria estatal que también aparece entre los nombres que suenan para la candidatura azul a la alcaldía.

Con la intempestiva interrupción de la sesión ya no hubo mucho espacio para la grilla, aunque seguramente varias figuras públicas continuaron más tarde con lo que mejor saben hacer en algunos de los restaurantes más conocidos de la frontera.

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Este miércoles concluye el segundo acto del CIA-Gate, el caso que estalló tras la participación de agentes estadounidenses en un operativo realizado en la Sierra de Chihuahua y que terminó por convertirse en una tragedia y en una tormenta política binacional.

La comparecencia de la gobernadora María Eugenia Campos Galván ante la Fiscalía General de la República (FGR) tiene además un ingrediente que elevó la expectativa: jurídicamente no estaba obligada a acudir. Su condición de titular del Ejecutivo estatal y el fuero constitucional le permitían optar por otros mecanismos legales.

Sin embargo, la mandataria informó que decidió presentarse y hacerlo justo en un momento en que el caso dejó de ser solamente una discusión sobre protocolos, facultades o presencia de agentes extranjeros. Ahora el tema se mueve en otro terreno: la disputa política nacional y la batalla adelantada rumbo a 2027.

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Del operativo al CIA-Gate nos referimos, claro está, al caso del narcolaboratorio localizado en El Pinal, que según la versión difundida por la Fiscalía General del Estado (FGE) era el “más grande” en la historia del país y representaba un duro golpe para la organización criminal que lo operaba.

El primer acto terminó cuando el fiscal César Jáuregui dejó el cargo, luego de una serie de declaraciones, precisiones posteriores y distintas versiones sobre los hechos que colocaron el tema en el centro de la discusión pública y política.

El CIA-Gate terminó escalando mucho más allá del terreno de la seguridad.

Y decimos que este miércoles concluye el segundo acto porque el primero alcanzó su punto de mayor tensión cuando comenzaron a surgir distintas versiones sobre la presencia de agentes extranjeros, las circunstancias del operativo y la forma en que se desarrollaron los hechos en la zona serrana.

La salida del fiscal además abrió nuevas interrogantes y dejó claro que el asunto seguiría evolucionando durante las semanas posteriores.

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Morena coloca a Chihuahua en la mira. El segundo acto comenzó cuando Morena tomó el caso y lo convirtió en parte de su agenda política nacional, bajo el discurso de una presunta “traición a la patria” cometida por la gobernadora Campos Galván.

La seguidilla de hechos es bastante clara: marchas, posicionamientos, recolección de firmas y una intensa discusión política que rápidamente salió de Chihuahua y llegó al escenario nacional.

Después vino la gira de medios nacionales de la mandataria estatal, realizada principalmente en espacios afines a su perfil ideológico, donde expuso la versión de su gobierno sobre el accidente ocurrido en El Pinal y la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua.

Para entonces, el tema ya no era jurídico ni un análisis sobre tiempos, rutas o circunstancias. Era político y de alto voltaje.

Involucró a una parte importante del sistema nacional de medios, a las dirigencias de los dos partidos más grandes del país e, inevitablemente, a la agenda electoral del 2027.

Y quizá ahí aparezca un ingrediente adicional que ayuda a explicar la intensidad de la batalla.

Mientras el caso escala en el debate nacional, Morena ya comenzó a mover piezas rumbo a 2027 y colocó a Chihuahua entre los territorios donde pretende disputar espacios históricamente dominados por el PAN.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, dejó claro que la estrategia ya comenzó y que busca “generar mejores condiciones electorales para continuar con la transformación”.

Pero el mensaje también lleva otra lectura política: Morena ya no parece concentrado únicamente en conservar posiciones, ahora también busca entrar a territorios históricamente azules.

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Comienza el tercer acto. Con Chihuahua colocado dentro del radar político nacional, el contexto inevitablemente modifica la lectura del conflicto.

Lo que comenzó como una discusión sobre un operativo, permisos y agentes extranjeros terminó cruzándose con una disputa mucho más amplia: la pelea por el territorio político rumbo a 2027.

Lo que ocurra este miércoles será el cierre del segundo acto y el arranque del tercero, donde probablemente veremos la continuación de las investigaciones, la narrativa de la “persecución política” y el tema de la soberanía nacional instalado de lleno en la agenda nacional.

¿Cómo terminará esta obra?

Es difícil imaginar a una gobernadora sometida a proceso, pero sí es posible anticipar un impacto político importante entre distintos actores involucrados en una disputa que comenzó con un accidente y terminó convirtiéndose en uno de los episodios políticos más intensos del año.

Ni el mejor dramaturgo habría construido una trama así.

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La Sierra Tarahumara de Chihuahua suele producir historias difíciles de creer: masacres a media calle y a plena luz del día; familias que abandonan su lugar de origen al grito de “ahí vienen los malosos”; personas heroicas que sobreviven con poca comida, recorren enormes distancias y soportan temperaturas inclementes sin quejarse.

Pero pocas historias resultan tan extravagantes como las que han salido últimamente de Guadalupe y Calvo, donde la política local parece haberse mezclado con una serie de Netflix escrita entre ráfagas de cuerno de chivo, transmisiones en Facebook, conferencias de prensa con aroma a pólvora, memes virales y controversias eternas.

Porque mientras el resto del estado discute espionaje, CIA y soberanía nacional, allá, en el sur serrano, la presidenta municipal Ana Laura González Ábrego se ha convertido —quizá sin proponérselo— en uno de los personajes más polémicos de la política chihuahuense reciente.

Y eso ya es decir bastante.

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El episodio que terminó por colocar a Guadalupe y Calvo en el radar nacional fue aquel de los videos donde aparecían mujeres disparando armas largas y pistolas durante festejos de Año Nuevo.

No era precisamente el mejor momento para que circularan esas imágenes. Mucho menos en un municipio marcado en rojo en dos mapas: el de la pobreza y el de la actividad criminal.

Después vino la andanada política en defensa del primer ayuntamiento encabezado por una mujer y, para rematar, por alguien ajeno al PRI.

Morena se dejó ir con todo para proteger a “su” alcaldesa y denunciar que se trataba de violencia política de género.

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Ahora, Guadalupe y Calvo está en medio de una cruenta batalla entre grupos delictivos enemistados entre sí, que buscan controlar ese punto estratégico para la producción y trasiego de drogas.

La disputa ha sido tan feroz que, en fechas recientes, el poblado de Atascaderos quedó prácticamente vacío porque sus habitantes huyeron de sus casas sintiendo los balazos rozarles la cara.

Que familias amenazadas salgan corriendo de su tierra se entiende. Cualquiera pondría su vida y la de los suyos por encima de todo.

Pero que la alcaldesa no aparezca, no responda, no se deje ver y que nadie sepa con certeza dónde despacha, eso ya cala… y muy hondo.

La rumorología popular la ubica actualmente en Hidalgo del Parral, desde donde —según se comenta en mesas de café, corrillos y radiopasillos— atiende los asuntos del municipio.

¡Habrase visto!

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El caso de Guadalupe y Calvo y el de su alcaldesa pueden parecer excepcionales, pero se parecen demasiado a lo que ocurre en otros municipios serranos que hoy sobreviven prácticamente sin policías municipales y sostenidos únicamente por la presencia de efectivos estatales.

Lo único que queda claro es que, frente al poder abrumador del crimen organizado, no sólo están en riesgo los Gobiernos municipales, sino toda la estructura institucional de la sierra, sin distingos partidistas.