Muy grave la denuncia que llegó a la redacción de Mirone, donde abogados locales revelan las instrucciones que el director de Justicia Cívica del Municipio, Jorge Salomé Bissuet, giró al personal a su mando, para que toda persona que sea remitida a la barandilla sea sancionada con multa, sean o no responsables de las infracciones que los agentes del orden les atribuyan.
Nos informan que Bissuet Galarza ordenó a los jueces cívicos que como medida previa a las audiencias de las personas que sean presentadas como detenidos, por la Policía Municipal o cualquier otra corporación, se pusieran de acuerdo con los fiscales y defensores municipales para que nadie se vaya gratis de la ergástula.
La instrucción, meramente recaudatoria, ya hizo ruido entre los abogados particulares, que buscan el conducto para que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar sea informado y ponga orden, pues se trata de una disposición arbitraria que violenta los derechos de los ciudadanos y fomenta la corrupción de los policías preventivos, que ya de por sí son largos y dándoles manga ancha, van a centavear a cuanto individuo consideren sospechoso.
Es decir, todo detenido que sea llevado ante los jueces cívicos serán responsables, como si se tratara de un juicio sumario, así lo presenten golpeado, vejado, maltratado, despojado de sus pertenencias, o bien se trate de una detención arbitraria, como hay muchas todos los días.
Nos dicen que, mediante intimidación, Jorge Salomé Bissuet y su coordinador del sistema Abdiel Martínez Medrano, han solicitado a los defensores cívicos municipales que no se opongan a las peticiones de los fiscales cívicos o de los agentes captores, violando con ello la presunción de inocencia y el debido proceso, además de que ignoran el trabajo de los defensores.
Ambos presumen de mucha influencia por su cercanía con el secretario del Ayuntamiento y con el propio alcalde. Las disposiciones a todas luces arbitrarias que emitió Bissuet, no tardan en tener consecuencias legales con aquellos detenidos que decidan fincarles denuncias por violación a sus derechos.
Probablemente, Bissuet esté motivado por el espíritu castrense y piense que en una cárcel municipal puede aplicar las medidas que no pudo imponer cuando fue director de los violentos penal de Topo Chico, en Nuevo León, y del Cereso de Nuevo Laredo, en Tamaulipas.
Alguien le aconsejó mal al alcalde de Juárez, pensando que al frente del sistema de justicia cívica del Municipio necesitaba un carcelero con formación militar y vocación recaudatoria, en lugar de un jurista que respete los derechos humanos.
A menos que la instrucción de hacer sonar la caja registradora, con todos los detenidos que arrimen los gendarmes, haya salido de la Presidencia municipal para superar la crisis financiera que dejó en la tesorería el exalcalde Armando Cabada, nada justifican las disposiciones recaudatorias.
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Instituto Nacional de Corrupción, así bautizaron los activistas del organismo defensor de los migrantes, Pueblos Sin Fronteras, al Instituto Nacional de Migración por los abusos que constantemente cometen contra los extranjeros que cruzan el territorio mexicano para alcanzar la frontera norte.
Los activistas que acompañan a la caravana de 3 mil migrantes, que el sábado 23 de octubre partió desde Tapachula para llegar a la Ciudad de México y denunciar la corrupción del INM, pusieron el dedo en la llaga sobre el jugoso negocio que representa para las autoridades el tráfico de personas.
Mirone lo ha dicho en innumerables ocasiones, cuando los grupos de migrantes han sido rescatados de bodegas y chozas donde los mantenían secuestrados los polleros, con la tolerancia de la autoridad migratoria.
Ahora que se puso en marcha otra numerosa caravana integrada principalmente por centroamericanos, que esperan alcanzar la frontera norte en 30 días, aproximadamente, las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos y las que atienden a migrantes, desplazados y refugiados, ya se preparan para recibirlos y evitar que sean víctimas de abusos, extorsiones y secuestros.
Pueblos Sin Fronteras denunció que el 70 por ciento del flujo ilegal que cruza por México lo controla el INM, cuyos agentes golpean a los migrantes, les rompen sus documentos oficiales y luego les venden papeles falsos, pero nunca los defienden de los voraces traficantes de seres humanos.
Aún está fresco el caso de los 340 migrantes rescatados por la Policía Estatal de una bodega de Chihuahua, en septiembre pasado, donde los mantenían secuestrados en espera de que cada uno pagara entre 4 y 7 mil dólares para cruzarlos a territorio estadounidense.
Las víctimas revelaron el viacrucis que pasaron a manos de la Guardia Nacional, pero sobre todo de oficiales del INM, que no impidieron que los traficantes los llevaran casi en calidad de detenidos hasta Chihuahua, donde los tenían viviendo en condiciones infrahumanas.
El tema debe ser abordado por alguna de las muchas mesas de seguridad que hay en la entidad, para que se tomen las precauciones humanitarias debidas y no salgan después, con el cuento de que el delegado fantasma del INM no asiste a las reuniones y carecen de información pertinente.
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El sábado pasado dos compañeros periodistas de la ciudad de Chihuahua, Marco Aurelio Guevara Félix y Gabriel Venzor, fueron víctimas de abusos y agresiones por parte de agentes municipales, cuando se encontraban cubriendo información para sus respectivos medios.
Al primero de ellos, un oficial de Tránsito le impidió grabar un accidente vial, lo insultó y lo amenazó verbalmente, a pesar de que el periodista hacía su trabajo respetando los protocolos correspondientes.
Al segundo, del periódico digital La Opción, no solamente le impidieron cumplir con su labor informativa, sino que lo agredieron físicamente guardias municipales del Hospital General, llegando al extremo de dañarle su equipo de trabajo cuando intentaron arrebatárselo.
La violencia de los gorilas del desorden contra los colegas de Chihuahua, pone en evidencia la tolerancia de sus jefes para que, al amparo de una placa y el uniforme, abusen impunemente y sigan tan campantes trabajando en la calle, donde representan un verdadero peligro.
De los dos casos ya hizo pública su protesta el Foro de Periodistas de Chihuahua, cuyos dirigentes enviaron un acta al Sistema Integral de Protección a Periodistas, para que quede testimonio de lo sucedido, y exigieron a las autoridades municipales una investigación de los gorilas involucrados.
Se esperan mas pronunciamientos de protesta de las organizaciones de periodistas de Juárez y de otras regiones del estado, donde un día sí y otro también, el oficio de informador sigue siendo de alto riesgo.
Los periodistas chihuahuenses no merecen ser bloqueados ni vejados y menos cuando las nuevas autoridades estatales y municipales están comenzando sus gestiones y deben tener apertura y respeto al oficio de informar.