La dirigencia sindical del Poder Judicial de la Federación ya no se aguantó más y ayer lunes hizo público su reclamo a los operadores del nuevo sistema de justicia del país por los presuntos malos tratos que reciben en diversos juzgados de Distrito, principalmente por parte del juez quinto de Distrito, Gabriel Galván Morales, principal blanco de sus señalamientos.

En el exterior de la sede del Poder Judicial de la Federación en Juárez, ubicada sobre la avenida Tecnológico número 1670, se pudo apreciar una manta roja, del mismo color que traen los ánimos del personal afectado por los malos tratos, en la que les recuerdan a los “constructores” del nuevo sistema el compromiso que asumieron de no afectar los derechos de los trabajadores.

Y no se trataba nada más de que se portaran “buenas gentes” con el personal, sino de que asumieran un compromiso jurídico y ético respecto de quienes ya formaban parte de la institución mucho antes de que a alguien se le ocurriera dar borrón y cuenta nueva para designar a nuevos jueces, ministros y magistrados.

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El gremio, que durante las últimas semanas ha expresado una serie de reclamos por los tratos que considera indignos por parte de sus superiores, ya llegó al punto de recordarle a los legisladores que aprobaron la reforma judicial que así no se iban a llevar, o al menos ese era el compromiso.

“Durante la discusión y aprobación de la reforma judicial, uno de los compromisos más reiterados… fue que los derechos de las personas trabajadoras serían respetados”, dice el mensaje impreso en la manta.

Las nuevas autoridades estaban obligadas a respetar los derechos adquiridos y la progresividad de los derechos laborales, reclamó el sindicato, organización que ha venido demandando la remoción o, al menos, una llamada de atención para jueces señalados por maltrato, acoso laboral y violaciones a los derechos del personal judicial.

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¡Basta de simulación!, reclama el sindicato. Y motivos, dicen, no les faltan.

Desde el pasado septiembre, cuando arribaron las oleadas de nuevos jueces surgidos de la reforma judicial impulsada por la 4T, las denuncias por malos tratos no han dejado de llegar a los órganos administrativos del Poder Judicial de la Federación.

Advierten que los malos tratos ya escalaron a amenazas, situación que se suma al acoso laboral que aseguran venir padeciendo.

¡Qué cosas! La dichosa reforma era para construir un Poder Judicial “del pueblo” y ahora resulta que la parte trabajadora de ese segmento gubernamental es la que carga con el peso o, mejor dicho, con el sobrepeso del trabajo.

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La gobernadora María Eugenia Campos Galván envió una respuesta lapidaria a los actos de campaña anticipada que realiza el exfiscal César Jáuregui Moreno para conseguir la postulación del PAN a la Presidencia Municipal de Chihuahua: “Suerte a quien pueda contender”.

El mensaje vino después de una pregunta explícita sobre el activismo de quien fuera su principal socio político hasta hace pocos meses. Van dos reuniones masivas celebradas en el mismo salón, con motivos distintos, pero con un mismo objetivo: avanzar en la pelea por la candidatura, les guste o no a la nomenclatura del Palacio.

El remate de la gobernadora dejó entrever que Jáuregui no solo anda como potro mostrenco, moviéndose por cuenta propia, sin permiso y sin apoyo explícito del partido: “Vi a gente que no identificaba como panista”. ¡Seco! Sonó a que esa candidatura no sería propiamente del partido de la gobernadora, ni del propio exfiscal. ¿Entonces?

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El mensaje lleva varias lecturas implícitas, pues el expediente del fallecimiento de cuatro personas en la sierra de El Pinal no está cerrado y, hasta ahora, César Jáuregui es el más expuesto, por haber ocurrido todo en el entorno que tenía a su cargo.

Se trata de uno de los escándalos político-diplomáticos más sonados de los últimos tiempos, por la participación de cuatro agentes estadounidenses —presuntamente miembros de la CIA— en el operativo para localizar un narcolaboratorio en el municipio de Morelos. Como se recordará, cuatro personas, incluidas dos extranjeras, fallecieron en un accidente vial ocurrido durante la madrugada del domingo 19 de abril, lo que dejó al descubierto la participación de extranjeros en funciones reservadas para el Estado mexicano.

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Hasta ahora, y por lo que se ha podido saber, el más expuesto es el propio Jáuregui, pues todo el operativo corrió por cuenta de la Fiscalía General del Estado (FGE), que entonces estaba a su cargo, y las peregrinas explicaciones que surgieron a propósito del percance salieron de su boca. Ni cómo ayudarle.

El tiro, por lo visto, está cantado: de un lado de la barra, en el frente de Jáuregui, se oye el grito “Ya nadie nos para”; mientras que, del otro, el del Palacio, ya se escuchó fuerte “…si puedes”.

¿A qué le está tirando César Jáuregui al lanzarse con todo y sin red por una postulación, en un momento en el que se encuentra bajo investigación y sin fuero constitucional que lo proteja? Buena pregunta. Tanto, que ya flota en las atmósferas del panismo.

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Antes de destapar candidatos, en Palacio ya destaparon suplentes, con la doble idea de que no se dejen las funciones al garete, pero también de ofrecerles cierto grado de certidumbre a los actuales funcionarios que en breve se lanzarán por una candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a alguno de los cargos en disputa para el 2027.

El primero no es un improvisado ni un panista, sino Diódoro Carrasco, exgobernador de Oaxaca y exsecretario de Gobernación durante los últimos meses de la presidencia de Ernesto Zedillo, cuyo nombre empezó a circular para relevar a Santiago De la Peña en caso de que el secretario general de Gobierno se lance por la candidatura azul en el 2027.

El oaxaqueño, cercano a la gobernadora María Eugenia Campos casi desde el inicio de la actual administración, se ocuparía de la dependencia más delicada de todo el Gabinete estatal, pues tiene a su cargo mantener la gobernabilidad. Y ya entrado en gastos, se encargaría de la entrega a la próxima administración, si es que De la Peña obtiene la candidatura a la Presidencia Municipal de Chihuahua y ya no regresa al cargo.

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Ese sería apenas el primer movimiento de una cadena de relevos que alcanzaría otras posiciones clave, como son la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, cuyos titulares siguen encampañados a todo lo que da la máquina, haya o no convocatoria de por medio.

Por un lado, Gilberto Loya Chávez, titular de la SSPE, ha cantado que se mantendrá en la disputa por la candidatura al Gobierno de Chihuahua y por nada más. No va por la Presidencia Municipal, ni de Juárez ni de Chihuahua, como dice el “borrego” que soltaron la semana pasada.

Anda tan puesto que este lunes ya puso sobre la mesa su póker de posibles sucesores para quedarse en su puesto, al menos de manera interina: Luis Ángel Aguirre, subsecretario de Estado Mayor, y Ricardo Realivázquez Domínguez, quien actualmente se desempeña como subsecretario de Despliegue Policial, como posibles cabezas de playa.

Sin embargo, también mencionó a Martha Sugey Aguilar Gutiérrez, titular de la Subsecretaría de Inteligencia y Análisis Policial; a Susana Isela Bazaldúa Martínez, subsecretaria de Administración; y a Bianca Luz Guadalupe Nevárez Moreno, subsecretaria de Asuntos Internos.

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En el frente de la alcaldía de Chihuahua no se vislumbra ningún problema: el alcalde suplente, René Chavira Venzor, asumiría el cargo de titular cuando Marco Bonilla pida licencia para lanzarse por la “grande” del PAN: la candidatura al Gobierno de Chihuahua.

Lo que le platican a Mirone es que el detalle no está en quién se queda a “cuidar la casa”, como decían los priistas, sino en qué condiciones la van a dejar. Porque una cosa es cuidar la silla en lo que regresa el titular, y otra es hacerse cargo de la entrega-recepción con quienes ganen las elecciones del 2027.

Ahí se verá si los que se fueron dejaron en orden los cajones antes de encargar la dependencia a sus allegados, o si serán de los que ya mejor no regresan ni por el cambio.

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Mucho se ha dicho ya sobre la jugada montielista rumbo al 2027 en la gubernatura de Chihuahua y en la alcaldía de Ciudad Juárez, donde la alianza con la Presidencia Municipal marcó la apuesta por Cruz Pérez Cuéllar para la gubernatura y Mayra Chávez para la alcaldía.

Resulta que también hay perfiles ya encaminados para las diputaciones federales, que tendrían el aval o la bendición de Ariadna Montiel, la jefa política de un compacto equipo chihuahuense que se consolidó desde que la hoy secretaria de Bienestar despachaba en esa dependencia, con antecedentes desde 2018, cuando llegó a Chihuahua como delegada especial de Morena para la elección presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

Si nos concentramos en las cuatro diputaciones federales con cabecera en Juárez, ya hay varios nombres de quienes están puestos para competir en las encuestas contra quienes hoy encabezan los distritos y tienen, en teoría, la posibilidad de reelección inmediata en 2027, ya que la prohibición constitucional aplicará hasta el 2030.

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Por el Distrito 01, la perfilada es la actual diputada local María Antonieta Pérez Reyes, quien ya no podría repetir en el Congreso del Estado porque acumula dos periodos consecutivos. Ahí tendría que medirse con el actual diputado Daniel Murguía Lardizábal, quien posiblemente le allane el camino si es cierto que va con todo por la candidatura a la alcaldía y no se registra por la coordinación distrital de la defensa de la transformación, espacio que aparece primero en el calendario morenista.

En el Distrito 02 pinta con bastante fuerza el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada. Ahí competiría en las encuestas con la actual diputada Maité Vargas, quien ya suma tres periodos consecutivos. O quizá Maité busque otra posición y también le despeje el camino, ya que finalmente forman parte de proyectos políticos mayores.

Si nos vamos al Distrito 03, el equipo montielista tiene prospectos para ambos géneros: la diputada local Jael Argüelles, por las mujeres, y el director regional Juárez de Programas para el Bienestar, Omar García Palomares, por los hombres.

La situación ahí es complicada porque el distrito está actualmente en manos de Lilia Aguilar, quien ganó postulada por el PT, dentro de la alianza con Morena. Difícil que quiera soltar ese espacio, aunque ha dicho que buscará la coordinación municipal de la defensa de la transformación.

Además, es el distrito donde se concentra el mayor número de aspirantes morenistas de prácticamente todos los grupos políticos.

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Si hablamos del Distrito 04, el equipo montielista mejor ni le mueve. La diputación está en manos de Alejandro Pérez Cuéllar, quien difícilmente querrá dejar ese espacio y, además, en una encuesta sería complicado que alguien le ganara.

Por el lado de las diputaciones locales, todavía habrá más tiempo para los acomodos y perfilaciones, ya que será la última definición de Morena, donde también habrá que acomodar a quienes no obtuvieron posiciones en los procesos de coordinaciones federales o municipales.

Se liberarán varios espacios porque la mayoría de los actuales legisladores ya no podrá repetir, al haber cumplido dos periodos consecutivos. Lo que sí se sabe es que los juarenses Pedro Torres y Lizzy Guzmán, quienes apenas cumplen un periodo, no tendrían problema para buscar la reelección, desde luego con el aval y el impulso de Ariadna Montiel.

En todo el combo montielista también se perfila la diputada local Leticia Ortega para ser candidata a la Sindicatura de Juárez, cargo que ya ocupó antes de convertirse en legisladora.

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Si hablamos del equipo montielista, esa mano se notó en el evento que encabezó el alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar en Guadalupe y Calvo.

El gimnasio estuvo a reventar en ese municipio serrano, ubicado en el límite sureste del estado, en pleno Triángulo Dorado, donde gobierna Morena.

La alcaldesa Ana Laura González Ábrego también forma parte del equipo montielista y allá estuvieron dándole calorcito a Cruz las diputadas Leticia Ortega, Lizzy Guzmán y María Antonieta Pérez Reyes.

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Oficialmente no se dejaron ver las cabezas de la Delegación de Bienestar, pero sí fue evidente que hubo operación de toda la estructura alterna que ha armado Ariadna Montiel en la Sierra para apoyar el mitin del aspirante a la coordinación estatal de la defensa de la transformación.

Ya anda Cruz Pérez Cuéllar en la realización de las asambleas informativas, tal como lo mandató la dirigencia de Morena, y la de Guadalupe y Calvo ha sido una de las más nutridas.

“Mi reconocimiento a Kikín Baca y a todo su equipo, a nuestras hermanas y hermanos de la Sierra que nos acompañaron, y a las diputadas Lety Ortega, Antonieta Pérez y Lizzy Guzmán. La Sierra no está sola, vamos a luchar por ella”, escribió el aspirante al compartir las fotografías del evento.

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Trae el juarense su propia estructura, reforzada con múltiples alianzas en distintos municipios. Además de Guadalupe y Calvo, Cruz Pérez Cuéllar volvió a la llamada “capital del mundo”, donde recorrió el Centro Histórico, además de sostener diversas reuniones y entrevistas.

Por cierto, también hubo agenda política ayer en otra parte de la Sierra. La 186 Sesión de la Segunda Diputación Permanente del Congreso del Estado se trasladó a Guachochi, por lo que las diputadas que acudieron al evento de apoyo a Cruz continuaron su agenda en esa región.

La sesión se realizó en el lobby del Centro Cultural Guachochi Dr. Andrés Balleza Carreón, declarado Recinto Oficial del Poder Legislativo.