El Municipio de Ciudad Juárez suspendió la autorización de nuevos fraccionamientos habitacionales hasta que exista certeza jurídica sobre la aplicación de la Transferencia de Potencial Urbano (TPU), mecanismo que desde marzo de este año fue declarado inconstitucional por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito.
La medida mantiene detenidos al menos tres o cuatro proyectos inmobiliarios, mientras el Ayuntamiento trabaja en las modificaciones al Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible, con el propósito de adecuarlo a la resolución emitida por el Poder Judicial Federal.
Durante la sesión de ayer miércoles, la Comisión de Fraccionamientos únicamente autorizó la ampliación de cuatro viviendas promovidas por un desarrollo inmobiliario, sin someter a votación nuevos fraccionamientos.
La coordinadora de la comisión, Mireya Porras Armendáriz, explicó que los proyectos permanecen en espera debido a que aún no concluyen las adecuaciones al reglamento, derivadas del amparo promovido en 2020 por Plan Estratégico de Juárez A.C., organización que obtuvo una sentencia favorable contra disposiciones municipales y estatales en materia de desarrollo urbano.
Cabildo decidirá sobre la TPU
Porras informó que personal de la Secretaría del Ayuntamiento y de la Dirección General de Desarrollo Urbano elabora una propuesta para reformar la reglamentación vigente.
Entre los cambios más importantes se plantea que la autorización de la Transferencia de Potencial Urbano deje de recaer únicamente en la Comisión de Fraccionamientos y pase a ser una facultad del Cabildo, mediante un acuerdo votado por el pleno del Ayuntamiento.
Explicó que la TPU permite a las empresas desarrolladoras invertir en infraestructura urbana en distintos puntos de la ciudad, en sustitución de la donación de terrenos destinados al equipamiento público dentro de los nuevos desarrollos habitacionales.
Cuestionan uso del mecanismo
La integrante de Red de Vecinos de Juárez, Claudia Arreola, señaló que la sentencia del Poder Judicial Federal es definitiva y debe cumplirse en los términos ordenados.
Afirmó que, durante años, la Transferencia de Potencial Urbano permitió que las obligaciones de los desarrolladores se desviaran hacia proyectos distintos al equipamiento de las zonas donde se construyen los fraccionamientos.
Según explicó, recursos que debían destinarse a equilibrar el crecimiento urbano terminaron utilizándose para la compra de vehículos para asociaciones civiles, la rehabilitación de edificios municipales e incluso la adquisición de pintura para programas sociales.
Recordó que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) sancionó recientemente a tres exregidores de la administración de Armando Cabada Alvídrez, al considerar que ejercieron facultades que correspondían al Ayuntamiento en pleno.
A su juicio, esa resolución también explica la cautela con la que ahora actúan los funcionarios municipales, quienes buscan evitar responsabilidades administrativas similares.
Advierten riesgo para el equipamiento urbano
Arreola estimó que actualmente existen entre tres y cuatro proyectos de fraccionamientos en espera de que el Ayuntamiento destrabe el nuevo marco legal para volver a aplicar la Transferencia de Potencial Urbano conforme a los criterios fijados por los tribunales.
Sostuvo que este instrumento debe utilizarse únicamente en los casos previstos por la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, ya que, al convertirse en una práctica recurrente y no excepcional, la ciudad pierde reservas territoriales destinadas al equipamiento social.
También cuestionó que potencial urbano generado por desarrollos de vivienda social en el suroriente de Ciudad Juárez haya terminado convirtiéndose en obras de infraestructura para sectores como Campos Elíseos, en lugar de beneficiar directamente a las zonas donde se originó el crecimiento habitacional.
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