La audiencia para dictar sentencia al sacerdote católico Aristeo Trinidad Baca Baca, de 77 años de edad, a quien se le acusa de violación agravada y abuso sexual en agravio de una menor de edad, se programó para el 19 de enero de 2021.
Así lo informaron la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la asociación civil Sin Violencia (Sinviac).
Ambos organismos -uno público y el otro de carácter social- llevan el acompañamiento a la víctima y sus familiares.
El plazo que establece la ley para sentenciar a un procesado es de máximo dos años.
Desde el pasado mes de octubre la jueza que lleva el caso autorizó que el sacerdote fuera trasladado a un asilo de ancianos donde permanece en arraigo domiciliario.
Por razones de respeto a los derechos de los niños y niñas, solo se sabe que al momento de la denuncia (2018) la víctima ya tenía 11 años de edad.
Originario de Valle de Zaragoza (3 de septiembre de 1944), a Baca se le arrestó el 9 de febrero de 2019.
Su historia de vida sacerdotal y comunitaria ocasionó que su detención provocara un alto impacto en la comunidad fronteriza.
Sin embargo, desde que se conoció la acusación formal por los delitos de violación agravada y abuso sexual, organizaciones defensoras de los derechos de los niños y niñas exigieron a las autoridades judiciales que se le tratara como a cualquier acusado.
De sacerdote a procesado
Aristeo Baca ingresó al seminario en 1977. Fue párroco en la iglesia De Dios Padre, de la colonia Industrial, y capellán de la iglesia de San Lorenzo.
De 1993 hasta el momento de su detención se le asignó la parroquia Santa María de la Montaña.
El 14 de febrero de 2019 se le dictó la vinculación a proceso e ingresó al Cereso estatal número 3.
Diez días después, el 24 de febrero, la jueza de control Raquel Carlos Ávila permitió retirarle la prisión preventiva como medida cautelar.
Autorizó que por razones de su edad permaneciera en arraigo domiciliario durante el proceso penal en su contra.
Organizaciones exigen justicia para la víctima
Al día siguiente, integrantes del Movimiento de Mujeres de Ciudad Juárez hicieron un extrañamiento al Poder Judicial por haber realizado “una audiencia exprés intencionada” para favorecer al acusado.
“Este hecho pone en evidencia que existe un proceso penal desfavorable para la víctima, ya que el imputado tiene vínculos con poderes económicos y políticos para modificar una resolución ya dada”, señalaron en un comunicado.
“Creemos que situaciones como esta provocan que las víctimas desistan de presentar su denuncia”.
“Lo que seguirá manteniendo a Juárez como la ciudad que tiene el primer lugar en violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes”, indicaron.
El posicionamiento tuvo mucho más verdad de la que entonces podrían suponer sus autoras.
En el cierre de 2020 la organización Causa en Común informó que a nivel de municipios Ciudad Juárez tiene primer lugar en violencia familiar en el país.
El 28 de febrero, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres insistió en un posicionamiento público que le fuera impuesta la medida cautelar de prisión preventiva.
“La medida cautelar impuesta al sacerdote de llevar el proceso en su domicilio, es una violación hacia los derechos de la víctima y su familia, por lo que consideramos que debe ser revocada”, alertó el instituto en un boletín enviado a medios.
La carta del obispo: tristeza y profundo dolor
La única postura oficial de la Iglesia fue una carta de la diócesis de Ciudad Juárez fechada el 13 de febrero de 2019.
En la misiva el obispo José Guadalupe Torres Campos manifestó “tristeza y profundo dolor” por la detención y acusación contra “uno de nuestros sacerdotes”.
Desde esa fecha el cura está suspendido de su ministerio.
Pasará sacerdote Navidad en un asilo
En el mes de octubre de 2020, la defensa del sacerdote pidió permiso para cambiar el domicilio del arraigo a un asilo de ancianos y también se le concedió.
Los hechos
De acuerdo con las indagatorias correspondientes a la causa penal 114/19, los hechos ocurrieron en diversas ocasiones, entre los años 2015 y 2018.
“La última vez que la víctima fue agredida de manera sexual fue el 28 de enero del 2018, en el interior de la casa parroquial ubicada en la calle General Lorenzo Ávalos 8926, de la colonia Santa María de esta ciudad”, precisó un comunicado oficial que emitió la Fiscalía de la Mujer (FEM).
La madre de la niña presentó la denuncia en diciembre de ese año, luego de que su hija le contó lo que venía pasando desde que ella tenía ocho años.
El dicho de la menor se confirmó con el dictamen de una especialista en medicina legal y el área de sicología de la FEM.
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