El fallo de improcedencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de las facultades que tenía la sindicatura de Juárez en un órgano de control interno del Municipio (importante para investigar desvío de recursos públicos), le dio alas a la corrupción, de acuerdo con un análisis jurídico de Óscar Altamirano, asesor jurídico de Ciudadanos por el Interés Público A.C.
Esta decisión de la SCJN es a razón de una controversia constitucional interpuesta por el Cabildo de Juárez en octubre de 2017, por iniciativa del alcalde independiente Armando Cabada Alvídrez.
Aunque la síndica, Leticia Ortega Máynez, nunca aplicó sus nuevas facultades –por ejemplo, en el presunto desvío de 13.7 millones de pesos del DIF municipal a fiestas de Cabada-, era importante mantener estos atributos constitucionales para el futuro.
Este nuevo poder ampliado se lo otorgó la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en su artículo 142 bis, que la síndica lo mantuvo vigente desde 2017 hasta 2019, publicado en el decreto número LXV/RFCNT/0362/2017 VI P.E.
Para el caso, al convertirse la sindicatura en órgano de control, adquiría el poder de revisión del gasto público y, de no reunir este los requisitos legales y encontrar una falta administrativa grave, tenía la obligación de integrar un informe de presunto responsabilidad administrativa, para ser canalizada a una autoridad sustanciadora.
Con la decisión de la SCJN de desconocer estas facultades, Ortega Máynez perdió la oportunidad de investigar y substanciar un caso de presunto de desvío de recursos públicos en el DIF municipal.
El ayuntamiento de Juárez autorizó el desvío de recursos por 34 millones de pesos para diversas fiestas de Cabada, entre ellas las de los Gritos de Independencia en los últimos tres años, de los cuales 13.7 millones correspondían a los programas sociales de atención a niños vulnerables del DIF municipal.
La síndica también perdió la oportunidad de investigar el presunto caso de corrupción en los talleres municipales, en los salarios inflados del personal en esta área de la administración.
Hernán Ortiz, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), en una revisión a la nómina de los desponchadores que reparan neumáticos en distintas áreas de Servicios Públicos, encontró salarios presuntamente inflados.
Ortiz observa que un desponchador A percibe un sueldo mensual de 35 mil 094 pesos, mientras que uno de tipo B gana 39 mil 223 pesos, y que a ambos se pagan 74 mil 319 pesos.
El dirigente de Cimap señala que buscó los currículums de los funcionarios en la página de transparencia, pero de los altos manos solo encontró el del director operativo, que anotó en su hoja laboral haber cursado hasta el quinto semestre de derecho. «¿Puede un abogado encargarse de la dirección de Limpia?», cuestionó.
Óscar Altamirano indica que la pérdida de estas facultades es grave y tiene una profunda repercusión en la población juarense, dado que un fiscal avalado por el alcalde, carece de legitimidad por su relación subordinada con la máxima autoridad en el Municipio.
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