Durante la celebración del foro en el que se abordaron los trabajos de revisión a las cuentas públicas del Municipio, a cargo del Congreso de Chihuahua y las sindicaturas, la síndica Leticia Ortega Máynez expuso que el presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez, interpuso una controversia constitucional mediante la cual reclama, básicamente, su derecho a ser juez y parte en materia de revisión y fiscalización del Gobierno que representa.
La controversia presentada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no ha sido resuelta, confirmó la funcionaria, quien resaltó la importancia de que la sindicatura fortalezca su papel institucional como contrapeso en la administración municipal, dijo.
“Nosotros al llegar a la sindicatura nos percatamos de una controversia constitucional que interpuso el presidente Cabada en la administración pasada. Esta controversia se dio en el marco de las reformas constitucionales en relación con la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción que buscaban armonizar todo el andamiaje legal constitucional con el Sistema Nacional Anticorrupción”, añadió.
Narró que durante la legislatura anterior, en la que fue diputada, se decretó la ley que estableció el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
“En 2017 se concretaron las reformas constitucionales que armonizaban el Sistema Estatal con el Sistema Nacional Anticorrupción. En estas reformas, específicamente en el artículo 142 bis, se define a la sindicatura como el órgano de control interno del Municipio. Acto seguido se presentó un controversia constitucional a ese artículo. La sindicatura también está dentro del sistema de fiscalización, y el tema se encuentra todavía en la SCJN”, señaló en las instalaciones de la Auditoria Superior del Estado, donde participó como moderadora de la mesa.
“Todavía no se resuelve el punto. La controversia del presidente municipal consiste en que ya existe un órgano de control interno que es la Contraloría municipal. Pero el problema es que cada presidente municipal es el que elige a su contralor interno. El argumento que esgrime el presidente es que la sindicatura es un cargo de elección popular y que eso deriva en que sus acciones tendrían un sesgo político. Yo creo que no es que exista un sesgo político, sino que debe haber plataformas políticas y balances institucionales”, señaló.
En este foro también participaron los diputados locales Benjamín Carrera y Humberto Chávez.
Finalmente, Ortega expuso la problemática de que las sindicaturas no pueden ejercer su presupuesto de manera directa.
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