La disputa jurídica escaló este día a un nuevo capítulo de descalificaciones, amenazas, denuncias y estrategias legales, en torno al caso del magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, quien fue detenido por agentes estatales la mañana del domingo y posteriormente liberado ocho horas después, en cumplimiento a lo dispuesto por un Tribunal Colegiado que no solo ordenó su reinstalación, sino la restitución del fuero el pasado fin de semana.
El abogado Reydesel Sáenz Terán, quien encabeza la defensa del magistrado Ramírez Alvídrez, interpuso este lunes una denuncia contra el gobernador Javier Corral, el fiscal general César Peniche y a los diputados del Congreso del Estado, por violación del amparo al ser llevado a prisión el domingo, pese a que desde el viernes el Primer Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa del Décimo Séptimo Circuito concedió la suspensión provisional y ordenó la restitución de Jorge Ramírez en su cargo y por automático la recuperación de su fuero constitucional.
A través del abogado Sáenz Terán, el magistrado Ramírez Alvídrez interpuso la denuncia por violación al amparo que le restituyó su fuero, por lo que su aprehensión por parte de agentes estatales el domingo, fue ilegal, insistió el defensor.
El magistrado Ramírez es acusado por la Fiscalía General del Estado de presunto enriquecimiento ilícito por 10 millones de pesos, investigación en la que son también blanco cuatro de sus familiares, incluida su esposa y su papá.
Reydesel Sáenz Terán explicó que el proceso contra su representado “está plagado de irregularidades, conflictos de interés, e intereses políticos!”.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado para informar que la orden de aprehensión contra el magistrado estaba vigente desde el 15 de marzo, es decir, seis días antes de su detención por agentes estatales, así como también el hecho de que no fueron notificados de la suspensión del amparo a favor de Jorge Ramírez.
Incluso los agentes practicaron una serie de seis cateos, tanto en su vivienda y domicilios de familiares, “por lo que Ramírez Alvídrez permanecía sustraído de la acción de la justicia”, argumentó la Fiscalía General del Estado.
“La orden de aprehensión fue emitida con anterioridad a la resolución del Primer Tribunal Colegiado de Circuito y el Juzgado Octavo de Distrito acerca de la suspensión provisional”, dijo la Fiscalía.
“Actualmente se analiza el contenido de las resoluciones de los tribunales federales y de resultar el caso, realizará las actuaciones legales correspondientes, en aras de cumplir con su encomienda constitucional y legal de perseguir el delito y combatir la impunidad”, agregó.
A su vez, el consejero jurídico del estado, Jorge Espinoza, consideró que la denuncia contra el gobernador “es una vacilada” pues Javier Corral no ha intervenido en el proceso.
De la misma forma afirmó que “pusieron una cortina de humo para tratar de ocultar la corrupción que es evidente en el Juzgado Octavo de Distrito y en el Primer Colegiado en materia penal y administrativo donde estaba la magistrada Tello. Ella y él son los hoyos de corrupción que tenemos en el Poder Judicial de la Federación en el estado de Chihuahua”.
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