Madres de víctimas de abuso sexual en la guardería Techo Comunitario denunciaron que tanto la defensa de la presunta agresora de 26 menores como el Poder Judicial del Estado recurren a la estrategia de diferir audiencias lo más posible, con el fin de desgastar a los niños.
Advirtieron que este retraso prolongado provoca que los menores, al crecer, comiencen a confundir lo ocurrido o sientan vergüenza al narrar las atrocidades de las que fueron objeto.
Una de las madres entrevistadas recordó que su hija, de apenas dos años al momento de los hechos, describía con claridad el abuso, pero tras tres años de espera ahora, a los cinco, ya siente pena al hablar del tema frente a extraños. “La obligan a revivir todo y se siente agobiada. Eso es revictimizarla”, expresó.
Las familias temen que, si para enero de 2026 —cuando está programada una nueva audiencia— el juez no se convence de los testimonios, la maestra Naomy Yamileth R. P. vuelva a ser absuelta, como ya ocurrió en los dos primeros juicios.

Cercanía sospechosa y poder económico
Las víctimas señalaron que detrás de la empleada de Techo Comunitario parece haber un gran respaldo económico, pues cuenta con un bufete de abogados que difícilmente un trabajador común podría costear. Sospechan que algún grupo poderoso la respalda.
También cuestionaron la cercanía “muy notoria” entre los defensores de la acusada y algunos jueces. Una de las madres dijo haber presenciado cómo, al término de una audiencia, el abogado de la señalada salió conversando con el juez, lo cual —recordó— no está permitido y alimenta la percepción de acuerdos en perjuicio de los niños.
Juicios en secreto y desgaste de las familias
A pesar de testimonios directos de las víctimas, la mujer fue absuelta en dos procesos previos. Esa situación, dijeron, los mantiene desanimados y con coraje.
Denunciaron además que las audiencias se realizan ahora en secreto, lo que les impide ingresar como padres para acompañar a sus hijos.
“La desesperación es mucha, porque el tiempo nos desgasta. Y pareciera que ese es justamente el objetivo de la otra parte”, comentó otro de los entrevistados.
Aun así, expresaron confianza en que con la entrada de nuevos jueces los casos puedan reasignarse y que exista, al menos, la posibilidad de que los procesos se conduzcan con una visión de protección real a los niños.
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