En el 33 aniversario del Día Nacional de Protección Civil la dirección general local recibió una inversión en equipamiento, pero se niegan a ser auditados por la sindicatura.
Con motivo de dicho evento, el presidente municipal Armando Cabada Alvídrez entregó vehículos, cuatrimotos y otros recursos al personal de la dependencia municipal, con un valor de 3 millones 200 mil pesos, informó el mismo edil.
El cuarto informe trimestral de la sindicatura, que comprende el periodo de julio a septiembre, señaló que auditores del organismo de fiscalización se presentaron en las oficinas de Protección Civil el 24 de junio, localizadas en la Central de Bomberos, pero por instrucciones de su titular, Efrén Matamoros Barraza, les impidieron ingresar al inmueble.
El funcionario municipal fue buscado para que ofreciera una explicación, pero se limitó a decir que no tienen nada que ocultar y que los manejos de los recursos en la dependencia municipal están disponibles para que sean revisados, conforme a los procedimientos normativos.
Matamoros expuso que la sindicatura municipal omitió reglas procedimentales, basadas en diversas normas, ya que tenían que fundamentar el inicio del acta de la auditoría por conducto de la Tesorería municipal y no lo hicieron.
El cuarto informe de la sindicatura establece que el argumento de la dependencia “carece de motivación”.
En el marco de la referida conmemoración, el pasado 24 de septiembre, el alcalde presidió una ceremonia en la que entregó 4 unidades Outlander y un unidad Defender Max, además de 15 unidades rehabilitadas Ford F-150 y 5 bicicletas.
También equipo de protección equipo personal: 47 pantalones tácticos, 30 playeras, 30 camisas, 30 pares de botas, 30 chalecos preventivos, 30 cachuchas y 30 chamarras. También se entregó 10 overoles, 10 pares de botas para cocineros y 10 filipinas.
Cómo compraron este equipo y cuánto pagaron por él, cuál es su costo-beneficio con respecto a otras necesidades de la ciudad son algunas de las dudas o preguntas que quedaron en el aire en el momento que las autoridades responsables del gasto del Gobierno de la ciudad se negaron rendir cuentas a su ente de fiscalización más cercano, la sindicatura municipal, e integrante del propio ayuntamiento.
Otros importantes proyectos de inversión en curso, como la compra de dos máquinas de extintoras y las proyecciones de construcción de una nueva estación de bomberos en Riberas del Bravo son otros de los proyectos anunciados por las autoridades municipales en los que la sindicatura municipal podría no tener acceso a la verificación de los procedimientos de inversión pública, debido a la resistencia de las autoridades, que se niegan a transparentar el gasto.
El 24 de junio de 2019, la sindicatura municipal giró un oficio a la Dirección de Protección Civil mediante el cual daban aviso de los trabajos de revisión financiera, conforme al procedimiento.
Los auditores fueron atendidos por la directora administrativa de Protección Civil, quien después de firmar el aviso instruyó a dos de sus subalternas para que hicieran los mismo en calidad de testigos, pero después borró sus firmas del documento, de acuerdo con el propio informe de la sindicatura.
En el mismo documento se establece que los auditores fueron informados que, por instrucciones del director de Protección Civil, no podían entrar a las instalaciones y aunque no cumplieron con su encomienda, levantaron un acta circunstanciada que servirá para que el organismo de control interno pueda dar vista al ayuntamiento, y en su caso este determine una sanción en contra de los funcionarios que impidieron el cumplimiento de las obligaciones de las sindicatura.
El 3 de julio de 2019, la sindicatura recibió un comunicado de la Dirección General de Protección Civil, justificando su negativa para ser auditados.
De hecho, la sindicatura se ha manifestado en contra de la “arbitraria” línea de acción que ha impedido la realización de esta y otras auditorías, obstaculizando la vigilancia del gasto público, expuso la síndica Leticia Ortega Máynez en su referido informe.
“La sindicatura municipal carece de facultades legales y reglamentarias para practicar auditorias”, fue la respuesta del Gobierno municipal, que sostiene una controversia constitucional, promovida por el presidente municipal, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 2017, la cual no ha sido resuelta por los magistrados.
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