El llamado Plan B de la reforma electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, avanzó en su ruta legislativa al ser turnado y discutido en comisiones del Senado, aunque su aprobación final aún no está garantizada.
La iniciativa busca reducir costos del sistema electoral, ajustar el gasto público y modificar mecanismos como la revocación de mandato, en medio de un debate que sigue generando tensiones políticas.
El proceso no ha sido terso. La discusión en comisiones se ha pospuesto y reprogramado en varias ocasiones, reflejo de que los acuerdos aún no están cerrados.
El principal obstáculo está dentro del propio bloque oficialista: el PT y el Partido Verde no han asegurado su respaldo, lo que complica que Morena alcance los votos necesarios para sacar adelante la reforma en el pleno.
Entre los puntos más discutidos destacan los cambios a la revocación de mandato, la reducción de estructuras y el ajuste al gasto en órganos electorales.
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