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niños con cáncer

Fotografía: Archivo

Autoridades ponen a los niños con cáncer en peligro de muerte

Escasez de medicinas contra el cáncer violenta los derechos de los niños; secretarios de Salud y director de Hospital Infantil, los responsables: abogado

Por Ana Paula Kiyama | 10:59 am 6 julio, 2021

Las autoridades de salud violentan los derechos de los niños con cáncer al no satisfacer sus necesidades de atención y ponerlos en peligro de muerte, señala abogado, especialista en derechos humanos, Oscar Altamirano Piña.

La escasez de medicamentos se podría tipificar como una falta administrativa del director del hospital o del secretario de Salud del estado por no atender las necesidades y facultades que la ley le otorga en el plan anticorrupción.

Altamirano dice que se trata de una violación a los derechos humanos: del derecho a la salud. Esta violación tiene que ver con el secretario de Salud, el director del hospital y la instancia federal que tienen como obligación otorgar los medicamentos.

Sin embargo, no es una violación común, sino una de gran gravedad, porque pone en situación de riesgo a un menor de edad.

La vida de los niños se nos está yendo: madres de menores con cáncer

Violentan el interés superior del niño

El sistema jurídico mexicano, con respecto a los niños, según Altamirano, contempla el principio del interés superior del menor. Este obliga a la autoridad a que los derechos de los menores tengan prioridad en las políticas públicas, entre otras cosas.

Las jurisprudencias nacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que frente a los intereses de los menores no puede existir ninguna justificación de una autoridad o jerarquía.

“Frente al interés superior del menor, en relación con la salud, la autoridad -en específico el director del Hospital Infantil y el secretario de Salud de Chihuahua- tiene la extrema obligación de mover todos los medios necesarios, no los que estén a su alcance, para que los menores no sufran y mucho menos vayan a morir”, dijo el abogado.

El interés superior del menor impone una obligación a las autoridades por encima de cualquier otra. Por lo tanto, no hay justificación válida para no darles el medicamento a los niños con cáncer, agrega.

“Si no tienen medicamentos aquí, cómprenlos. Tráiganlos de otro hospital, de otra farmacia o de otro país, pero consígalos”.

Esta situación incurre en la responsabilidad internacional. Violan las leyes que protegen los derechos de los menores de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Desinterés histórico y estructural

“Es gravísimo lo que está ocurriendo”, afirmó Altamirano. “No se puede tolerar que la autoridad diga que no tiene medicamentos, porque es su obligación. No es surtir lo que tenga, es conseguirlos de donde sea, porque no se trata solamente de un niño, sino de muchos”.

De acuerdo con el abogado, no es un problema de desabasto, sino estructural de salud y de desinterés histórico de las autoridades por la salud. “La mayor prueba que yo considero para mostrar este desinterés, que no es actual, es la Unidad de Oncología para atender pacientes con cáncer que fue abandonada bajo el Gobierno de César Duarte”.

Asimismo, la violación a las leyes administrativas que se generan porque las autoridades no cumplen con sus facultades son faltas administrativas que el Órgano Interno de Control del Estado o por la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción deberían investigar, dijo.

Familiares de niños con cáncer deben optar por denuncias y amparos: abogado

Lo que se debe hacer para que las autoridades cumplan con sus obligaciones, además de las protestas públicas que ya se realizan, detalló Altamirano, es que los padres denuncien ante Fiscalía y que tramiten amparos contra el hospital por la negativa de darles medicamento.

La escasez de medicamentos de oncopediatría, aunque no es un problema meramente de esta administración, es una violación del artículo 4 constitucional. El motivo es que afecta el derecho a la salud de los menores de edad.

Por ello, es importante que las denuncias y la situación sea pública, ya que se está hablando de la violación de un derecho que pone en riesgo la vida de los niños, niñas y adolescentes, no solamente de Ciudad Juárez, sino del país.

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