Luego de que el presidente López Obrador firmó el acuerdo para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, economistas destacan los puntos a favor y en contra de la propuesta central.
De entrada y, de acuerdo con Isaac Sánchez, responsable del Laboratorio de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), el acto de la firma del acuerdo significa un intento por formalizar la ilegalidad.
«Los automóviles a los cuales se aplicaría el decreto son unidades que entraron de manera ilegal al país, y esa es la razón por la cual no están regularizados; es como darle el visto bueno de la autoridad a los criminales», señaló.
Además, el especialista apuntó a qué sucederá con las unidades que entren de manera ilegal al país el próximo año.
«Ahorita es para los que ya están, pero qué va a ocurrir para las unidades que sigan entrando el próximo año. Se creará otro decreto, una modificación para el 2022; ese el riesgo. Es un incentivo perverso a seguir con esa práctica», dijo.
Agregó que los recursos obtenidos pudieran prestarse a los intereses políticos.
«Que uno reciba más que otro o que la fórmula no sea clara y que a ciertas entidades gobernadas por el partido político a nivel central sean a las que más se pueda canalizar el recurso en comparación a las que no lo son», consideró.
Aspectos positivos de la regularización
Sin embargo, el procedimiento para regularizar alrededor de 60 mil vehículos «chuecos» en esta frontera, también conlleva algunos aspectos positivos.
«Se crea una nueva fuente de recaudación, toda vez que las reglas estén claras; que haya procedimientos publicados para llevar a cabo la regularización. Va a generar ingresos sustantivos para las arcas», destacó.
Sánchez argumentó que el decreto favorecería a quitar la estafeta de criminales a las personas que circulan en un automóvil que tiene estas condiciones.
«No serían víctimas de organismos que entregan engomados para fortalecer el nexo criminal. Esas organizaciones se verían debilitadas», agregó.
Medida no afectaría mercado de autos nuevos
Finalmente, el experto adelantó que la regularización de estas unidades no irá en contra del mercado de los vehículos nuevos.
«No creo que vaya en contra de los autos nuevos: quien tiene los recursos y condiciones crediticias seguirá haciendo compra de autos nuevos; no creo que esto vaya a ocasionar un daño por ahí», dijo.
El acuerdo, firmado el fin de semana por el presidente López Obrador, consta de cinco artículos; sin embargo, no todos son claros en su finalidad.
Por ejemplo, el artículo 1, que instruye a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Seguridad y Protección Ciudadana, a elaborar un programa de regularización con base en el decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados vigente.
Es decir, que solamente se podrán regularizar vehículos usados cuyo Número de Identificación Vehicular corresponda al de fabricación o ensamble en México, Estados Unidos de América o Canadá.
Además, solo podrán ser elegibles las unidades de 10 o más años anteriores al año en que se realice la importación.
De igual forma, solo podrán circular dentro del territorio comprendido entre la línea divisoria internacional del norte del país y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país.
También se tendrían que tomar en cuenta las condiciones físico-mecánicas o de protección al medio ambiente.
«Para hacerlo se tendría que crear una infraestructura que diera cuenta de las condiciones que guarda el vehículo y, en función de eso, decidir si se regulariza o no. Dado esto, se tendría que crear una nueva burocracia», apuntó Sánchez.
El acuerdo permitiría retenes antichuecos
El artículo 3 del acuerdo es especialmente importante, debido a que dejaría las puertas abiertas a la instalación de retenes en búsqueda de estas unidades en circulación.
«La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se coordinará con los gobiernos estatales y promoverán ante los propietarios de dichos vehículos su regularización», indica la ordenanza.
«De cierta forma seguiría la política de detectar vehículos que no han sido regularizados, sigue dando pie a cazar o buscar automóviles», opinó el experto.
Incluso la psicología podría intervenir en el buen funcionamiento del decreto.
Una cosa es que exista la posibilidad de regularizar los vehículos «chuecos» y otra que el ciudadano lo haga.
«Para muchas personas hablar de un pago de 2 mil 500 pesos tampoco es barato. Además, existe una tendencia psicológica en los agentes económicos al considerar que no deja de ser un gravamen», opinó.
«Es decir, para ellos no están cometiendo ningún delito, simplemente apelan a la necesidad de circular; el pago lo ven como una imposición, por lo tanto, no encuentran razón para hacerlo», añadió.
«Las autoridades lo saben y continuará esta figura de retenes para detectar esta clase de automóviles y caer en las mismas prácticas corruptas», señaló.
Con eso encima, se prevé que el decreto entre en su fase operativa hasta la primavera del 2022.
«El proceso sería operativo hasta marzo o abril del próximo año, incluso en algunas entidades funcionará mejor que en otras. Todo depende del cierre de la discusión en lo que corresponda a los ingresos», consideró.
«Tampoco es muy complejo armarlo, en general hay experiencia en cobros similares como la tenencia», finalizó Sánchez.
