Estados Unidos se prepara para realizar la que podría convertirse en la mayor revocación de visas de negocios y turismo de su historia.
La cifra que circula es enorme: hasta 200 mil permisos B1 y B2 expedidos entre 2016 y 2026. Sin embargo, lo primero es poner cada dato en su sitio.
Las visas todavía no han sido revocadas en su totalidad y el Gobierno estadounidense tampoco ha confirmado que sean exactamente 200 mil.
La estimación procede de documentos del Departamento de Estado obtenidos por Associated Press y de dos funcionarios federales.
Tommy Pigott, portavoz de esa dependencia, confirmó una operación coordinada con Seguridad Nacional, pero se negó a establecer una cifra definitiva. Las cancelaciones ocurrirían gradualmente.
Dicho con claridad: no estamos ante 200 mil visas ya retiradas, sino ante una revisión que podría alcanzar esa cantidad.
El Gobierno pretende identificar a extranjeros que obtuvieron una visa para una visita temporal y, después de ingresar, solicitaron asilo. La contradicción merece investigarse.
Quien pide permiso para entrar por unos días cuando desde el comienzo pretende quedarse, está mintiendo. Y la mentira es corrupción: altera la información para conseguir una decisión que probablemente no se habría obtenido diciendo la verdad.
La visa fue concedida con base en un propósito declarado, la promesa de una estancia temporal y vínculos que llevarían al solicitante de regreso a su país. Si esas condiciones fueron una representación teatral para cruzar, existe un fraude que debe tener consecuencias.
Pero tampoco debemos saltar de una injusticia a otra.
Solicitar asilo después de entrar con visa no demuestra automáticamente que la persona mintió desde el principio. Las circunstancias pueden cambiar y transformar una visita temporal en una necesidad legítima de protección.
La autoridad debe demostrar el engaño premeditado, no fabricarlo con base en una simple secuencia de fechas.
El asilo, además, no es solamente asilo político. La legislación estadounidense contempla persecución por raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a determinado grupo social. Meter todos los casos en el costal de las solicitudes fraudulentas sería tan irresponsable como afirmar que ninguna lo es.
Perder una visa B1 o B2 no significa necesariamente una deportación inmediata. Quienes tengan procedimientos de asilo pendientes podrían continuar con sus casos, aunque dejarían de ser viajeros por negocios o turismo.
Visa, asilo y permanencia son figuras jurídicamente distintas.
Christopher Landau, subsecretario de Estado, sostiene que el sistema está saturado de solicitudes frívolas que tardan años en resolverse. Su observación explica el endurecimiento, pero no convierte cada expediente en fraude. La justicia no consiste en desconfiar de todos, sino en distinguir al perseguido del embustero, de quien miente.
Hay otra salvedad: no sabemos cuántos mexicanos se encuentran entre los posibles afectados. La información habla de extranjeros en general y no ofrece desglose por nacionalidad. Presentarla como una operación contra mexicanos sería agregarle algo que todavía no demuestra.
Lo confirmado es un cambio de fondo. Estados Unidos está convirtiendo la congruencia entre lo declarado y lo realizado en un criterio central de su política migratoria. Primero fue el turismo de nacimiento; ahora aparecen quienes ingresaron como visitantes y después solicitaron asilo. Mañana podrían seguir otros grupos.
La mentira debe ser castigada cuando se prueba. El asilo legítimo debe ser protegido cuando se acredita. Entre ambas cosas existe una frontera moral y jurídica que ningún Gobierno debería borrar.
La verdad soporta una revisión. La mentira necesita otra mentira para sobrevivirla. Pero también la autoridad está obligada a demostrar sus acusaciones. Si no lo hace, corre el riesgo de combatir el engaño mediante una injusticia. Y eso también sería corrupción. Ahí, el meollo del asunto.
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