Tal parece que la Comisión Federal de Electricidad (la famosa CFE) decidió jugar con fuego al dejar sin suministro durante más de una semana a amplios sectores de la población juarense, justo en el momento en que más necesitan energía para refrescar sus hogares, afectados como están por el inclemente verano que cae ahora mismo sobre la ciudad.
El enojo de los ciudadanos que la CFE dejó a oscuras no soportó más y, la noche del lunes 24, salieron a tomar las calles, interrumpieron el tránsito en la avenida De las Torres y advirtieron que emprenderán otras medidas más severas si la dichosa empresa paraestatal no les devuelve la luz eléctrica a sus hogares, convertidos hoy en auténticos hornos de panadero.
El enojo ya estalló en Juárez, pero Mirone tiene conocimiento de que hay otros focos de conflicto encendidos en diversas partes del estado debido a las fallas en el suministro de electricidad. No solo es la falta de luz en las casas, sino que ya está afectando la distribución del agua potable durante las horas pico.



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Lejos de poner manos —con guantes, por favor, no se vayan a electrocutar— a la obra para corregir lo descompuesto, los empleados de la CFE optaron por descolgar el teléfono, no responder llamadas de auxilio o, simplemente, decirle al usuario afectado que ya tenían esa queja registrada y que “a la brevedad” sería atendida.
Esa “brevedad” ya va para una semana o más días.
Y mientras en las oficinas de la CFE, seguramente alumbradas y refrescadas con esos aparatos minisplits que consumen energía a montones, no mueven un dedo para restablecer el servicio, en las calles el enojo va en aumento y, según le cuentan a Mirone, pronto podría traducirse en más acciones de protesta en otros puntos de la ciudad.
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Si la vida a oscuras fuera poco, la CFE vino a colmar el plato con los recibos que les ha enviado a sus usuarios —sí, a los mismos que tienen sin luz—, con cuentas que superan los 10 mil pesos por bimestre. Es decir, entre cinco y seis mil pesos al mes.
Se trata de cuentas domiciliarias, donde habita una familia de tres o cuatro personas que no consume más energía que la de una casa promedio del país y, sin embargo, les están pasando cuentas propias de un negocio, de talleres o de frigoríficos.
En redes sociales se exhibieron recibos de más de 15 mil 600 pesos; otros, de 12 mil, o los más baratos, de a 10 mil. Todo por un servicio que se recibe entre interrupciones.
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Ahora sí que en Chihuahua todo el morenismo empezó a comerse las uñas; no se diga entre los suspirantes, específicamente Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez Treviño, las dos figuras que pelean hasta el último momento la designación de la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación.
El arroz del proceso interno ya se coció; nada más es cuestión de días, si no es que de horas, para conocer la definición. Pudo pensarse que hoy mismo, en miércoles, le tocaría el turno a Chihuahua, pero eso se descartó porque, hasta la tarde de ayer, nadie recibió por acá la notificación para reportarse en la Ciudad de México.
No se dio a conocer fecha alguna para Chihuahua, pero, una vez que se arrancó con Aguascalientes, Campeche y Colima ayer martes, ya no hay marcha atrás y todo se vendrá en cascada para desahogar lo más pronto posible las 17 entidades que tendrán elecciones en 2027.
Hay mucho nervio guinda de punta. Extrañamente, cuando se enlistaron los tres primeros estados, no se incluyó a Chihuahua, aunque se supone que el orden era alfabético.
Aguascalientes, Campeche y Colima, en ese orden, se presentaron. Es claro que le correspondía a Chihuahua antes que a Colima, si se siguiera el alfabeto.
Por lo pronto, ahora ya se sabe cómo quedó la logística y cuál es el procedimiento.
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En el caso de Aguascalientes, fue la senadora Nora Ruvalcaba la designada, pero también estuvieron ahí más aspirantes, aunque no todos los registrados. Suponemos que no se incluyó a Ricardo Rodríguez porque no pasó el primer filtro. Pero sí estuvo ahí la perdedora morenista Salma Luévano, además de Genny López, anotada por el Partido Verde.
Suponemos que, en el caso de Chihuahua, además de Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez, únicamente estará el profe Martín Chaparro. No hay que olvidar que sí hubo otros registros por medio de la plataforma, pero, tal como lo comentamos aquí previamente, a ellos, al igual que al Capi Arrieta, les dieron el “gracias por participar”.
La verdad, ya no sabe Mirone si Rosana Díaz, quien dijo que se había registrado por el Partido Verde, fue tomada en cuenta, aunque ayer la dirigencia del Verde, presente en los anuncios, adelantó que su partido se estaba sumando a las definiciones morenistas; es decir, que eran “vinculatorias” para ellos.
El Partido del Trabajo sí trae su propia dinámica y no se dejó ver en las presentaciones de inicio de semana.
El mecanismo que veremos para Chihuahua seguramente será el mismo de ayer: anuncio de la designación por parte de la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández; discurso de la dirigencia verde y mensaje de la persona designada.
Al final le toca a la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, hablar del perfil designado —la ganadora de Aguascalientes, por cierto, es fundadora de Morena, lopezobradorista de corazón y exdelegada de Bienestar en el estado— y tomarle la protesta correspondiente.
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¿En qué momento se dará la definición para Chihuahua? Esa fue la pregunta que todo mundo se hacía ayer.
Citlalli Hernández explicó, durante el primer evento, que, una vez que eran citados a la Ciudad de México, en corto y en privado se les comunicaba a los aspirantes la decisión tomada, antes de presentar el anuncio ante los medios de comunicación.
Ahí tendrán que apechugar quienes no reciban la unción para participar en lo que Hernández llamó “esta suma de unidad”.
En palabras de Citlalli, aunque fue larga la espera para llegar a las definiciones, “valió la pena” porque, según ella, se tejió fino, lo más que se pudo.
Ya veremos si en verdad se trabajó así, conforme empiecen a operar en todas las entidades las figuras que no resultaron favorecidas.
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Por terrenos blanquiazules también hay bastante grilla interna, con algunas definiciones adelantadas rumbo a 2027 que dejan ver los acuerdos entre los grupos que operan en el estado.
Por ejemplo, está el caso de Delicias, donde anduvieron la gobernadora Maru Campos y la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez, junto a Marco Bonilla, instalando la mesa estratégica para ese municipio, como parte del acuerdo con el CEN que validó el nombramiento del alcalde de Chihuahua como coordinador político estatal.
Con todo y que Delicias es considerado bastión panista —y, por lo tanto, registra mucha competencia interna—, se perfila un acuerdo entre grupos para que el bueno por la alcaldía sea el diputado local Roberto Carreón.
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En ese paquete, Mario Mata Jr., el hijo de su apá del mismo nombre, quien ya fue alcalde y dirige hoy la Junta Central de Agua y Saneamiento, estaría brincando de la regiduría a la candidatura por una diputación local.
Como parte del mismo arreglo, el actual alcalde, Jesús Valenciano, quien también había levantado la mano por la gubernatura, estaría amarrando la candidatura por el Distrito 05 federal.
Todos estuvieron presentes, como buenos compas, en la encerrona del lunes para la instalación de la mesa estratégica armada en Delicias, aprovechando que la gobernadora trae su gira estatal.
Previamente, la semana pasada se instaló la mesa para Cuauhtémoc, donde todavía no pintan definiciones y está candente la grilla interna, aunque relativamente en buenos términos.
En Cuauhtémoc todavía no hay siquiera una definición en cuanto al género de la candidatura, aunque supo Mirone que el municipio podría reservarse para una mujer.
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Tres grupos mantienen la pelea por la candidatura: el del diputado local Saúl Mireles, quien quiere para él la posición, lo mismito que reclama el exdirector de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Miguel López.
Aparte está el alcalde saliente, Humberto “Beto” Pérez Mendoza, quien trae en la jugada a tres mujeres: la tesorera Paty Rivera, la síndica Luly Mendoza y la secretaria del Ayuntamiento Luly Pérez.
Si se confirma el tema de género en favor de las mujeres, Pérez Mendoza llevaría las de ganar en su propia sucesión. Todavía está por verse.
Hasta ahí pudieron avanzarle en el PAN en cuanto a la instalación de mesas estratégicas para seguir placeando a Marco Bonilla. La próxima semana, cuando empaten agendas con la gobernadora, le seguirán con algún otro municipio prioritario.
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Hay reformas que se anuncian como revoluciones y terminan siendo apenas un cambio de rótulo y de logotipos en el papel membretado de la institución “reformada”.
Y hay otras que, por su profundidad, podrían poner de cabeza a una institución entera, alterar la alineación titular de sus integrantes y establecer un nuevo orden de cosas en todo el sistema.
La reforma judicial de Chihuahua pertenece a la segunda categoría.
El próximo mes se cumplirá un año desde que la entidad estrenó un nuevo Poder Judicial, integrado por personas que llegaron a sus respectivos cargos mediante el voto popular, en uno de los procesos de reforma institucional más controvertidos de los últimos tiempos.
La magistrada Marcela Herrera Sandoval presentará su primer informe de actividades como presidenta del Tribunal Superior de Justicia, lo que ha levantado expectación entre los usuarios y operadores del sistema judicial del estado, a un año de la sacudida que le dio la reforma impulsada desde la capital del país.
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Hace casi un año, el Poder Judicial del Estado dejó atrás una estructura que había funcionado durante décadas. Desapareció el Consejo de la Judicatura; llegaron 30 nuevos magistrados y magistradas al Tribunal Superior de Justicia, y 270 personas juzgadoras estrenaron cargo tras una elección inédita.
Fue una auténtica cirugía mayor, o un overhaul completo que dotó de un motor nuevo a un auto que ya tenía sus millas de recorrido.
Contra lo que muchos pudieron anticipar, el auto no se quedó destartalado a la orilla de la carretera. Ese quizá sea el dato más importante cuando el nuevo Tribunal Superior de Justicia está por cumplir su primer año.
La nueva arquitectura separó funciones que antes estaban concentradas en el Consejo de la Judicatura. Ahora, la administración tiene su propio órgano; la disciplina está en manos del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y la función jurisdiccional permanece en el Tribunal Superior y en los juzgados.
En el papel puede parecer solamente un cambio burocrático, pero en la práctica significó un difícil proceso de partición del poder que, a su vez, implicó una compleja operación política para evitar que los recién llegados despostillaran la nueva estructura con disputas por asumir el control.
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La reforma no borró de un plumazo la experiencia acumulada durante años. Una parte importante de los nuevos magistrados proviene de la propia carrera judicial. Otros llegaron con experiencia en la administración pública y algunos, con antecedentes políticos.
Es decir, el nuevo TSJ no es ni una sucursal del Poder Judicial anterior ni una oficina de ningún partido.
De las 30 magistraturas del TSJ, 15 corresponden a mujeres y 15 a hombres. La presidencia quedó en manos de Marcela Herrera Sandoval, quien obtuvo la mayor votación de toda la elección.
En un Poder Judicial que durante años estuvo identificado con estructuras cerradas y poco visibles para la sociedad, la primera presidenta del nuevo modelo llegó con una votación que la colocó por encima del resto de los candidatos.
Al margen de los datos que ya presentará la magistrada Herrera, el primer corte de caja que puede mostrarle a la sociedad es que hoy se cuenta con un Poder Judicial reformado, con mucho kilometraje por recorrer, pero muy lejos de ser el desastre que algunos auguraron.
Muchos cambios en un año y ni siquiera el sótano del edificio y sus graves fallas estructurales —esas sí, de ingeniería— se agrietaron. Eso ya es ganancia.
Don Mirone