El Gobierno municipal mantiene suspendida la transferencia de potencial urbano (TPU) y, por ahora, no existe una fecha para reactivar el mecanismo que permitía a los desarrolladores sustituir la donación de terrenos destinados al equipamiento urbano por inversiones en obra pública.
El alcalde Héctor Ortiz Orpinel informó que el Ayuntamiento trabaja en la elaboración de nuevos lineamientos, pero evitó comprometerse con un plazo para su entrada en vigor, al señalar que el Municipio depende de la reglamentación de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado.
La suspensión se confirmó luego de que la regidora Mireya Porras Armendáriz (PRI), coordinadora de la Comisión de Fraccionamientos del Ayuntamiento, dio a conocer que al menos cuatro proyectos habitacionales permanecen pendientes de autorización debido a la falta de un mecanismo legal para aplicar el TPU.
Como antecedente, el esquema quedó en suspenso después del amparo promovido por Plan Estratégico de Juárez, que cuestionó el procedimiento implementado durante la administración del entonces alcalde Armando Cabada Alvídrez, al considerar que se sustentaba en una interpretación errónea de la entonces vigente Ley de Desarrollo Urbano del Estado.
Ortiz explicó que actualmente el Ayuntamiento carece de facultades para reglamentar la legislación estatal, por lo que corresponde al Gobierno del Estado emitir el reglamento respectivo.
Indicó que la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado trabaja en ese documento y que el Municipio presentó diversas propuestas para contribuir a su integración.
“Lo que podemos decir a los desarrolladores es que trabajamos en una propuesta que no cause afectaciones y no lo hemos podido lograr porque no nos corresponde la facultad de reglamentar la ley vigente”, señaló.
Mientras tanto, el Ayuntamiento elabora lineamientos que permitan dar viabilidad a las inversiones sin contravenir el marco legal.
“No me gustaría decir un tiempo en específico, pero sí vamos muy avanzados en tratar de determinar qué sí nos permite gestionar la ley vigente para poder avanzar”, comentó.
El alcalde reconoció que el problema se prolongó porque han pasado varios años sin que el Estado emita el reglamento correspondiente.
Recordó que la legislación derogada entre 2021 y 2022 facultaba al Ayuntamiento para autorizar de manera colegiada la aplicación del TPU, atribución que desapareció con la entrada en vigor de la nueva ley.
A principios de 2026, el Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito declaró, de manera definitiva, la inconstitucionalidad de las figuras de “subdivisión especial” y “transferencia de potencial urbano”, incorporadas al Reglamento Municipal de Desarrollo Urbano Sostenible durante la administración de Armando Cabada Alvídrez.
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