La administración municipal suspendió las Transferencias de Potencial Urbano (TPU), mecanismo que permitía a desarrolladores privados sustituir parte de las áreas verdes y de equipamiento urbano exigidas por la ley mediante donaciones en especie, mientras analiza los cambios que deberá realizar a su reglamentación para cumplir una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, confirmó que el tema se encuentra actualmente detenido como consecuencia de la sentencia de la Corte que ordenó eliminar diversos artículos del Reglamento de Desarrollo Urbano relacionados con este instrumento.
“Está detenido el tema de la Transferencia”, señaló el funcionario, quien explicó que los cambios ordenados por la SCJN deberán incorporarse obligatoriamente a la normatividad municipal.
La decisión también ocurre después de que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) sancionó a los exregidores independientes Carlos Ponce Torres, José Ávila Cuc y Alfredo Sáenz Nájera, así como al panista Enrique Torres Valadez, por aprobar transferencias de potencial urbano sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales.
Ortiz Orpinel indicó que el Ayuntamiento analiza tanto los alcances de la resolución de la Corte como las implicaciones de la sentencia administrativa para determinar los ajustes que deberán realizarse en los procedimientos de autorización de las TPU.
El funcionario recordó que la resolución de la SCJN se sustentó en disposiciones de la antigua Ley de Desarrollo Urbano del Estado, legislación que fue derogada entre 2020 y 2021. Sin embargo, reconoció que el fallo obliga a modificar la reglamentación municipal vigente.
La Transferencia de Potencial Urbano es un instrumento previsto en la legislación estatal que permite a los desarrolladores compensar determinadas obligaciones urbanísticas mediante aportaciones económicas o en especie destinadas a proyectos públicos, en lugar de entregar parte de las áreas de donación para equipamiento urbano que exige la ley.
El mecanismo fue cuestionado por Plan Estratégico de Juárez A.C., organización que promovió la denuncia que derivó en las sanciones del TEJA y que también impulsó el recurso que llegó a la Suprema Corte.
La asociación sostuvo que el Ayuntamiento autorizó transferencias que terminaron financiando la entrega de vehículos a asociaciones civiles, compra de pintura y rehabilitación de escuelas, acciones que, a su juicio, no cumplían con el propósito de generar infraestructura urbana en las zonas donde se desarrollan nuevos proyectos habitacionales.
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