Ahora que en segunda instancia le tuvieron que enmendar la plana a la jueza Gabriela Lizeth Gómez García, quien no había vinculado a proceso a la enfermera acusada de violación agravada en contra una niña de tres años, lo que se comenta es que seguramente la responsable ya se escapó.

Eso se confirmará en audiencia de este próximo jueves, cuando se deba fijar la medida cautelar para seguir el juicio en contra de L.A.R.C. luego de la resolución que se dictó en la Tercera Sala Penal Regional, ahí donde despacha la magistrada Nancy Sánchez Corona.

La sentencia de la magistrada dejó en evidencia el deficiente trabajo de la jueza, quien hasta sospechas de corrupción generó en la representación legal de la familia de la víctima, no tanto para favorecer a la acusada, sino al colegio, porque ahí estaban en el expediente los suficientes elementos para vincular a proceso e iniciar el juicio.

Sánchez Corona consideró que la resolución de la Jueza de Control carecía de congruencia interna, ya que primero afirmó en audiencia que “sí existe la probabilidad de un hecho de agresión sexual, pero que no se acreditó únicamente respecto a la imputada”, aunque luego dijo que “no descartaba que fuera la imputada quien lo cometió, pero consideraba que no se pudo acreditar”.

Habló la magistrada de deficiencia argumentativa para no declarar la vinculación, ya que la propia jueza reconoció la agresión sexual, la menor de tres años realizó una imputación directa en dos ocasiones (ante el Ministerio Público y mediante reconocimiento fotográfico formal) y señaló específicamente a “la enfermera de su escuela” que “tiene panza” (características que corresponden a la acusada, además de contar con el dictamen médico que ratificó la temporalidad de las lesiones.

En pocas palabras, el estándar legal de probabilidad formal exigido para vincular a proceso se encontraba plenamente colmado.

Pero la jueza negó la vinculación y la imputada quedó en libertad. Se supone que en la próxima audiencia se definirá cómo enfrentará el proceso, si en prisión o en libertad, aunque se comenta en los juzgados que a estas alturas ya debe estar en otra ciudad.

A ver cómo libra la jueza la denuncia que de manera paralela se interpuso en su contra ante el Tribunal de Disciplina Judicial, donde todavía es hora que no notifican de la aceptación, aunque el escrito se entregó desde el 1 de julio.

La parte promovente que lleva además la representación de la víctima en el caso argumentó la notoria ineptitud técnica o jurídica que considera el artículo 312 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en cuanto a causales de destitución de las personas juzgadoras.

Tendrán ahora los quejosos más elementos a la mano con la propia sentencia de la magistrada que revocó la resolución de la jueza.

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El juego de tronos que se traen en el Poder Judicial del Estado, tiene muchos capítulos y el último que le comentaron a Mirone tiene que ver con otra jugada más que se trae el magistrado Yamil Athié Gómez, a quien le dieron el gusto de cambiar de sede, de Hidalgo del Parral a la capital del estado.

Pues resulta que no está conforme Yamil con ese traje a la medida y ahora quiere que le confeccionen otro más.

Se comenta al interior del Tribunal Superior de Justicia que el sobrino de Kamel Athié, el influyente político tricolor que despacha ahora como rector de la Universidad Tecnológica de Chihuahua y que fue impulsado por el duartismo en la pasada elección judicial, trae entre manos promover una reforma legal para que los periodos rotativos de la presidencia del Tribunal Superior sean de cuatro años y no de dos, como están actualmente.

Quiere cuatro años para él y cuatro para la actual magistrada presidenta, lo que cerraría el paso a las presidencias de Claudia Cristina Campos Núñez y Gerardo Acosta Barrera, quienes fueron la tercera y la cuarta opción más votada en el 2025 y por lo tanto están en fila para asumir la presidencia rotativa de dos años.

En el Poder Judicial no quieren ni pensar qué más querrá y podrá hacer el magistrado que antes de ser presidente ya mueve piezas o desde otro epicentro de poder le conceden ese favor. Muchos se preguntan exactamente de dónde se está agarrando para tener y presumir tanta influencia.

Con eso de que apareció Yamil en acordeones guindas y azules, ya no supo bien Mirone por dónde andan las lealtades y las alianzas, pero el caso es que sigue la grilla a todo lo que da, tanto al interior del Tribunal, como de los sectores vinculados al sistema de justicia, lo mismo los abogados como los operadores políticos en estos nuevos tiempos del voto “popular” para elegir a personas juzgadoras.

Tan bien amarrado está el magistrado en el Tribunal que –le cuentan a Mirone–, puede darse el lujo de no pararse en su sala de Parral, para dedicarse a la pura grilla o a los eventos de representación del Poder Judicial, donde le encanta figurar.

Incluso, personal judicial comenta que todavía es hora de que el magistrado no arrastra el lápiz en ninguna resolución y siempre deja que todo se lo hagan los secretarios.

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“Paisanos, Chihuahua los recibe con los brazos abiertos… para decirles que aquí no pasan”. Ese parece ser el eslogan de la campaña de atención a los connacionales que viajan desde Estados Unidos para pasar las vacaciones con sus familiares en México.

Parece increíble, pero es verdad. Después de recorrer cientos o miles de kilómetros desde su lugar de residencia hasta el kilómetro 30 de la carretera Panamericana, donde se ubica el primer punto de revisión en territorio mexicano, los viajeros se topan con una dificultad todavía mayor: los hacen esperar hasta seis horas para realizar los trámites de ingreso.

Eso no es todo. Les piden cumplir requisitos imposibles de satisfacer en medio de Samalayuca: que saquen copias de determinados documentos o que presenten comprobantes de domicilio. ¿Es en serio? ¿Le exigen eso a alguien que ni siquiera radica en México? Si fuera un chiste, sería de los más crueles. Pero no lo es.

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Según el Banco de México, durante 2025 los paisanos enviaron al país 61 mil 791 millones de dólares. Ahí nomás. La cifra hace palidecer otras fuentes de ingreso de divisas y debería ser razón suficiente para recibirlos con la mayor cordialidad y todas las facilidades para entrar a su propia casa.

Más aún ahora que enfrentan las políticas antiinmigrantes del Gobierno de Estados Unidos y el constante acecho del ICE. El problema es que, después de librar aquel calvario, se encuentran con la peor cara de México: la burocracia lenta, indolente y en ocasiones hasta gandalla.

Cientos de connacionales que recorrieron hasta 18 horas por carretera para reencontrarse con sus familias descubren que la primera parada no es la casa de los abuelos ni la comida que tanto extrañaban. Es una fila que fácilmente supera las seis horas para obtener el permiso de importación temporal de su vehículo.

Y como el trámite únicamente puede realizarlo el propietario del automóvil, este entra a formarse mientras su familia permanece afuera. Esposas, hijos, adultos mayores y personas con alguna discapacidad o condición especial esperan a la intemperie, soportando el calor intenso del desierto durante el día o el frío de la noche fronteriza, sin saber cuánto tiempo tardará el trámite.

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Dentro del módulo de revisión tampoco sobra la comodidad. Apenas unas cuantas sillas para una fila que serpentea entre los módulos de atención. Seis cajeros para atender a miles de paisanos que ingresan por esta frontera.

Luego, a las doce de la noche, llega el cambio de turno y prácticamente queda una sola persona atendiendo el rezago, mientras la oficina continúa recibiendo usuarios porque, claro, el flujo de viajeros no se detiene.

Después viene el ya conocido catálogo de la burocracia mexicana. Que falta una copia. Que el escaneo no sirve. Que el documento debe presentarse de otra manera.

¡Bonita cosa! Porque les piden sacar fotocopias, pero en esas mismas oficinas no existe dónde hacerlas, aunque nunca falta el “orientador” que discretamente los manda con la señora que sí resuelve el problema… previo pago de cien pesos. Negocio redondo.

Las horas pasan. El cansancio aumenta. También la frustración. Entre los propios paisanos surge una comparación como para que a la autoridad nacional se le caiga la cara de vergüenza: el desprecio que muchas veces denuncian del otro lado de la frontera se parece demasiado al que reciben aquí, de parte de funcionarios mexicanos.

Y cuando alguno pierde la paciencia y pregunta por qué tanta lentitud, la respuesta es digna de enmarcarse: “Ustedes tienen la culpa por venirse todos juntos”.

“¡Ah, caray!”, podría responder el paisano. ¡Perdón por regresar a mi país, al que le entrego miles de millones de dólares al año!

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A ver si entre tanto diputado federal y senador que presume defender a los mexicanos de uno y otro lado de la frontera, alguno se da una vuelta por el kilómetro 20.

Ahí descubrirá que a quienes sostienen una de las principales fuentes de divisas del país con miles de millones de dólares en remesas, el Gobierno los recibe con filas interminables, ventanillas rebasadas y un trato que, por momentos, raya en el desprecio.

Ya va siendo hora de que alguien le ponga un alto a este abuso, porque una cosa es el discurso de “los brazos abiertos”… y otra, muy distinta, la vergüenza que viven los paisanos, apenas ponen un pie en México.

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Y sigue saliendo el peine en el caso del IMSS y su nueva clínica: Un documento en poder de Mirone indica que nadie, absolutamente nadie le ha dicho al famoso Seguro Social que el terrenazo de 20 hectáreas que le ofreció el Gobierno del Estado para construir la nueva clínica en Chihuahua era inviable.

Eso ha dicho la delegación de la famosa dependencia federal, pero el dictamen entregado por la Coordinación Estatal de Protección Civil, la CEPC, cuya copia obra en poder de Mirone, dice otra cosa completamente distinta.

En ningún lugar del dictamen se advierte que el terreno no es apto para recibir la construcción y posterior operación de un hospital. Tampoco señala que haya obstáculos «infranqueables» o elementos que pongan en peligro al edificio, al equipamiento y, más aún, a las personas.  De que se puede, se puede, siempre que haya ganas de hacerlo.

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Según el oficio número CEPC/675/2026, en poder de Mirone, enviado el 10 de julio pasado, Protección Civil le dice al IMSS que, en efecto, en las cercanías del predio existe un expendio de gas LP a menos de cien metros de distancia —unos 75 metros, según le contaron a Mirone— y que, además, no lejos de ahí pasa el arroyo conocido como El Cacahuatal, que suele tener crecidas considerables.

Sin embargo, inviable, lo que se llama inviable no lo es, pues en el mismo documento señala la CPEC que se encuentra en una zona habitada, donde operan lo mismo tiendas de abarrotes, tortillerías, ferreterías y demás negocios propios de una zona habitacional.

Lo que sí dice la CEPC es que “dentro de la proyección del inmueble se deberá tomar en cuenta el tipo de terreno susceptible a diferentes tipos de asentamientos y hundimientos diferenciales, siendo compensado por un posible mejoramiento de suelo por medio de plataformas con materiales idóneos”.

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¿Esto qué significa, en buen cristiano? Que deben hacer un estudio de mecánica de suelos, cuyos resultados determinarán la viabilidad, en función de la estabilidad del terreno.

Nada del otro mundo: si se hace un sistema de cimentación optimo capaz de resistir las características estructurales del proyecto, no hay mayor problema.

Lo que sugiere la CEPC se lo podrían pedir a cualquier constructor que quiera edificar una casa habitación o una nave industrial. Si el IMSS realmente tiene interés en construir ese nuevo hospital, cuenta con recursos —¿sí los tendrá? —para cumplir con esos dictámenes técnicos.

Todo se puede, si dejan de lado la grilla barata y se ponen a hacer lo que les corresponde, como los servidores públicos que son.