A la jueza Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales ya le tienen pintadas las cruces por su carácter iracundo y la forma malhumorada en que trata a las personas involucradas en los procesos que caen bajo su jurisdicción.

Tal es el temor que despierta la jueza de los malos modos que los procesados y sus defensores casi tendrían que tomar una sesión de entrenamiento previa a cada audiencia para no hacer un ruido, una seña o pronunciar una palabra fuera de lugar que pudiera desatar su furia.

#JuecesDelBienestar ¿$9,000 de multa por “hacer muecas” en audiencia? Si así fue, es un exceso: las medidas de apremio deben ser excepcionales, motivadas y proporcionales. Urge difundir el video íntegro y revisar la actuación. A Lizbeth Marbella Barraza —antes auxiliar de sala—… pic.twitter.com/YphGDXwC6d

— Gildo Garza (@GildoGarzaMx) September 22, 2025

La fama de la jurista de largo nombre alcanzó la cresta de la ola en septiembre de 2025, cuando se difundió un video de una audiencia penal en la que advirtió a un imputado que podría aplicarle medidas de apremio si continuaba haciendo gestos y visajes, de esos que puede hacer cualquier persona presa de los nervios por encontrarse sentada frente a un tribunal.

¡Pobres mánagers de béisbol, tan afectos a comunicarse por señas y gestos! Más vale que recen para que nunca les toque comparecer ante Lizbeth Marbella del Carmen.

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La fama de malhumorada continuó expandiéndose en fechas recientes, cuando regañó a un indiciado que padece limitaciones auditivas y que, por tanto, necesita que le hablen más fuerte o, de plano, colocarse muy cerca de su interlocutor para entender lo que se le dice.

Según le contaron a Mirone, no solo barrió con el inculpado de mal oído, sino también con su asesor jurídico y, ya entrados en materia, con dos o tres personas más que se encontraban en la sala. Mejor ni le busquen, porque capaz que también los “apercibe”.

Así se las ha gastado con otros participantes en los procesos judiciales, según le relataron a este comunicativo Mirone. Malos modos, tonos airados y actitudes de dueña de la verdad absoluta son algunos de los rasgos que, dicen, han distinguido el desempeño de la jueza que está por cumplir un año en el cargo.

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El caso de Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales es uno más de los muchos que han surgido desde septiembre pasado, cuando iniciaron funciones los juzgadores electos por voto popular, pero escasamente preparados para atender asuntos que exigen un estricto dominio de la técnica jurídica.

Peor aún: además de las carencias para manejar temas delicados y ajustarse a criterios como la perspectiva de género o el interés superior de la niñez, algunos parecen haberse aprendido únicamente la “Ley del Mallete”, que consiste en dar el mazazo sobre la mesa, dictar sentencia y dejar que la parte afectada vaya a buscar remedio en un tribunal federal que, por cierto, tampoco atraviesa por sus mejores momentos.

Poca capacitación, cuello demasiado alzado y escasa disposición para escuchar. No parece precisamente la combinación ideal para instaurar un sistema de justicia moderno, más equitativo y en beneficio del pueblo, como prometieron los impulsores de la reforma judicial.

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Muchas aristas de interés público se están develando en torno al caso del Instituto Tesla, con la resolución del juez en materia civil, José Chaparro, quien condenó a la escuela privada a pagar 21 millones de pesos de indemnización por daño moral y daño al proyecto de vida de un joven al que expulsó después de que varias compañeras estudiantes lo acusaron de acoso sexual.

Una de esas aristas tiene que ver con una tendencia que hace pocos años apareció en los juzgados locales, donde rara vez se litigaba el daño moral.

Pues ahora no es cosa tan rara, ya hay quienes se han especializado en la materia a nivel local, incluso han ganado varias sentencias, no únicamente en primera instancia, sino hasta en  apelaciones.

El asunto a destacar es que ya existe un caminito bastante recorrido que no deja de ser novedoso en materia judicial a nivel local.

Por eso lo comenta Mirone, ya que antes pocos se aventaban a ese tipo de litigios en torno a una figura jurídica que tiene tanta carga subjetiva a la hora de que las personas juzgadoras hacen sus respectivas valoraciones.

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Lo cierto es que el daño moral sigue siendo una figura relativamente novedosa dentro de la legislación civil mexicana. Aunque existe desde hace años en los códigos, fue apenas en tiempos recientes cuando comenzó a popularizarse su litigio y a ganar terreno en los tribunales.

Hoy el tema ya está sobre la mesa. Cada vez son más frecuentes las demandas de este tipo y las resoluciones judiciales que conceden indemnizaciones importantes.

Tan de “moda” se puso el tema que a los tribunales están llegando denuncias por daño moral en las que las víctimas son dueños de mascotas a quienes los acusados les causaron la muerte.

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Si regresamos al caso Tesla, hay distintas aristas polémicas, y justo una de ellas es la cifra de 21 millones de pesos que concedió el juez de primera instancia, aunque supo Mirone que la parte demandante pretendía obtener 30 millones.

Pero si el caso ha sonado más y seguirá resonando en instancias federales, vía amparo, e incluso más allá de la apelación en tribunales estatales, es por el sensible tema de las acusaciones de posibles delitos sexuales ocurridos y de los testimonios no escuchados de las presuntas víctimas.

Lo que hizo o dejó de hacer la Fiscalía Especializada de la Mujer para atender a las víctimas es otro aspecto del que seguirá dando de qué hablar.

El mensaje para empresas, escuelas e instituciones de toda índole es sencillo, pues deberán cuidar mucho más sus actuaciones y decisiones, porque hoy pueden enfrentar demandas millonarias por daño moral cuando vulneren derechos, afecten reputaciones o alteren de manera significativa el proyecto de vida de una persona.

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Esto está para la sección “Aunque usted no lo crea”, pero así es: gente de otros estados que huye de la violencia, busca refugio y trata de ponerse a salvo… ¡en Guadalupe y Calvo! Sí, el municipio donde se encuentran algunas comunidades en las que las bandas delictivas se disputan el control a punta de plomazos.

Lo que le contaron a Mirone es que esas infortunadas familias salieron corriendo para no quedar en el fuego cruzado y “alguien” les dijo que en Chihuahua sí los podían ayudar, tanto a cruzar el monte como a llegar a una ciudad e instalarse con una mediana dignidad, al menos en calidad de mientras.

¡Cómo andarán las cosas en aquellos lares! La gente corre, huye despavorida y, en su desesperación, va a dar a uno de los municipios con mayores tasas de homicidios, hechos de violencia y, sí, desplazamiento forzado de personas.

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El problema, le cuentan a Mirone los entrados del caso, es que en los estados “de junto” no hay un programa establecido para atender a las personas desplazadas, ni protocolos definidos para ayudarles a regresar a sus comunidades o, de plano, a asentarse en la ciudad a donde llegaron.

Entre los habitantes de poblados y seccionales donde prevalecen enfrentamientos entre grupos armados ya se ha corrido la voz de que Chihuahua sí tiene manera de ayudarlos y, pues, a como dé lugar, hay que “ganarle” para allá.

No le andan errando, porque en el estado sí existe un instrumento llamado Protocolo de Atención Emergente a Personas Desplazadas, creado ex profeso para ayudar a quienes dejaron todo en un santiamén para ponerse a salvo.

Sí, muy bien el programa, pero estaba contemplado para atender a los miles de chihuahuenses radicados en pueblos de la zona rural —principalmente de la Sierra Tarahumara— que tienen sus propios problemas de violencia, no para recibir a oleadas de refugiados de otras entidades.

Nada más para darnos una idea: le contaron a Mirone que, de 2022 a la fecha, se han repartido más de 10 mil apoyos a desplazados, que van desde despensas y atenciones médicas, hasta ayudas para asentarse en algún lugar y colocación en bolsas de trabajo para quienes ya no quieren regresar a su pueblo.

Si así anda la demanda en Chihuahua, nada más con los propios, ¿cómo se irá a poner si los de otros estados empiezan a “ganarle” para el nuestro porque saben que aquí “sí los ayudan”?

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El problema que enfrenta ahora Chihuahua se debe, en gran medida, a que no existe una normatividad federal para atender un fenómeno que va en aumento en al menos seis estados del país, donde se registran los más altos índices de violencia.

Al no existir ese mecanismo, dejan que estados vecinos con problemas similares se “ayuden” entre ellos o se agranden el problema; o bien, que una entidad con un clima delictivo relativamente tranquilo se convierta en zona de refugiados sin apoyo alguno del Gobierno federal.

Existe una iniciativa para crear un marco legal que atienda a las personas desplazadas, pero está llenándose de polvo en los archiveros de la Cámara de Diputados. A ver si en una de esas nuestros legisladores federales se acuerdan tantito de que también necesitan legislar para resolver demandas sociales y no solo para sacar agendas políticas.

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“Rescate”, así es como las autoridades de todos los niveles se refieren al acto y efecto de detener a personas originarias de otros países que se encuentran en territorio mexicano en condiciones migratorias, digamos, irregulares.

Sí, solo les falta explicar de qué los están “rescatando”, porque no siempre se trata de personas extranjeras que se encontraban en poder de alguna organización delictiva o que formaran parte de una cadena de tráfico de personas.

En muchas ocasiones, le contaron a Mirone, se trata de extranjeros que quedan detenidos por autoridades administrativas mexicanas por no poder acreditar su legal estancia en el país, y eso no tiene nada que ver con algo que se llame “rescate”. Más bien, se trata de un acto fuera de cualquier tratado internacional vigente.

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Por esa razón, organizaciones civiles de diversas partes del país —principalmente de estados fronterizos— trabajan en la elaboración de una iniciativa de reformas a la Ley de Migración, porque en sus 15 años de existencia nomás no ha podido llenar una serie de lagunas que dejan espacio para actos de autoridad como los de los famosos “rescates” que luego terminan en abusos.

Para darnos una idea: cuando una persona asentada en México, digamos por ejemplo en Ciudad Juárez, es “rescatada” en su centro de trabajo o a media calle, se le remite a un centro migratorio y, después, se le envía a la frontera sur del país.

¿Cómo para qué enviarlo a Chiapas o a Tabasco? Le preguntaron a Mirone cuando le pasaron el dato y, pues, la verdad, ni cómo contestar, porque esas personas quedaron dentro de territorio mexicano —es decir, siguen de “ilegales”—, pero ahora están a dos mil kilómetros de distancia de su familia.

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Además de pedir una serie de reformas para hacer más amigable la legislación y facilitar la permanencia de personas que ya hasta se integraron a una cadena productiva, lo que estas organizaciones piden es que ya se dejen de esos terminajos que solo sirven para dejar en condiciones de indefensión al migrante.

El término “rescate” debe quedar limitado a situaciones donde el viajante extranjero estaba en poder de una organización delictiva, enfermo, deshidratado o en situación de calle. Lo otro, lo de ir por alguien que trabaja en una gasolinera —por ejemplo— no se llama “rescate”, sino detención, y esta debe sujetarse a los términos que marca la Constitución del país.

A ver si la voz de estas organizaciones se escucha y llega hasta San Lázaro para que se convierta en articulado de la Ley de Migración. De lo contrario, nuestras policías estarán convirtiéndose en una especie de ICE región 4 que se toma atribuciones para detener personas solo por su forma de hablar o su aspecto físico.