Un juez civil sentenció a la preparatoria privada Instituto Tesla de Ciudad Juárez a pagar 21 millones de pesos, más gastos y costas, por daño moral y por afectar el proyecto de vida del exalumno Sergio S. M., quien en 2022 enfrentó cargos por hostigamiento sexual y fue exonerado, de acuerdo con la carpeta de investigación 8626/2022.
Para la directora del colegio privado, Verónica Suchil Peña, el caso representa una injusticia que deja en estado de indefensión a la institución educativa y no le hace justicia a por lo menos 20 estudiantes de entre 14 y 19 años que fueron agredidas, por lo que apelarán la decisión del juez civil.
El riesgo más alto —dijo— es que, en el futuro, se podría tomar como precedente lo que está pasando en el Instituto Tesla para que cualquiera “pueda hacer lo que le dé su gana y agreda a nuestros niños, niñas y adolescentes en las instituciones”.
“Nuestros hijos van a estar aún más inseguros, por personas que solo van por el dinero”, alertó.
La defensa del exalumno argumenta afectación a su proyecto de vida
Por su parte, Joel Vélez Rentería, abogado del exalumno acusado y exonerado por la vía penal, informó que su cliente contrademandó por la vía civil debido a que el colegio tomó decisiones que le impidieron inscribirse en una universidad de prestigio en los Estados Unidos, aun cuando había sido exonerado de los cargos penales.
El antecedente más importante del caso, señaló el litigante al ser consultado para esta nota, está en que el 19 de diciembre de 2022, dentro de la causa penal 8626/2022 —no relacionada con el proceso civil sobre el que se dictó sentencia—, el juez Enrique González Rodríguez determinó no vincular a proceso a su cliente.
No obstante, la escuela tomó acciones desde que recibió las primeras denuncias de las jóvenes y niñas afectadas, expulsando al estudiante y negándose a entregarle el certificado de los estudios que ya había cursado, explicó.
Reprochó que, aunque el hoy exalumno no fue vinculado a proceso por la vía penal, el instituto le haya negado el derecho de recibir un certificado de estudios, “aunque así lo haya ordenado el inspector escolar”.
“Se negó a mi cliente darle una constancia de los estudios que estuvo realizando en su educación de preparatoria”, apuntó.
El exalumno —agregó— tenía una beca completa en una universidad de prestigio en los Estados Unidos y la perdió debido a la falta de esa documentación.
La demanda civil iniciada por el despacho Lex Iusta, al que pertenece Vélez Rentería, se registró bajo el número 996/2023 el 10 de octubre de ese año.
Fue en ese proceso en el que el juez Octavo Civil por Audiencias, José Chaparro Sánchez, emitió la sentencia condenatoria contra la escuela el pasado 29 de mayo de 2026.
Directivas cuestionan que no se escuchara a las víctimas
En conferencia de prensa este lunes, la directora del instituto, Verónica Suchil Peña, y la subdirectora, Ámbar del Sol Nafarrate Salomón, reprocharon que no se haya escuchado a las víctimas y adelantaron que, aunque sus recursos legales y económicos son limitados, van a apelar la sentencia.
“El mensaje que se comunica con esta sentencia, además de desolador y triste, es realmente preocupante; es más seguro ignorar a quienes confían en la escuela para denunciar lo que sufrieron de parte de un compañero”, señalaron.
Al parecer, tomar acción para defenderlas ahora podría significar la ruina de toda una institución, lamentaron.
Dijeron que los abusos fueron comunicados tanto a la Subsecretaría de Educación como al DIF y a la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), pero no fueron apoyadas.
Los abusos fueron descritos por las directivas del instituto como “acoso y hostigamiento sexual, tocamientos, interacciones íntimas no consentidas, solicitudes y envío de material íntimo de menores de edad, agresiones físicas y otras conductas que las denunciantes consideraron lesivas para su integridad y bienestar tanto físico como emocional”.
Al respecto, el abogado del estudiante señalado aclaró que el caso de su cliente es contra el colegio, no contra las víctimas del caso penal.
Sobre este punto, Vélez justificó que, en el tema de las señoritas y su representado, el juez, por los motivos que encontró, no vinculó a proceso a su cliente.
Criticó que durante todo el tiempo transcurrido —desde 2022 hasta la fecha— el colegio no haya brindado apoyo legal por la vía penal para ayudar a las víctimas.
“Tuvo todo este tiempo el colegio para ayudar a las señoritas, pudo presentar un asesor jurídico, pudo haber hecho esta revolución que están haciendo ahorita, que es muy respetable, pero lo hacen hasta ahorita porque ya les afectó a ellos”, refirió.
