Siempre es interesante acudir a la presentación anual del Sistema de Indicadores Así Estamos Juárez, que realiza el Plan Estratégico de Juárez desde hace 15 años.

El ejercicio sobre cómo andamos en la ciudad en rubros clave, como los servicios públicos y la infraestructura, la economía, el empleo, la competitividad, la salud, la calidad de vida y la confianza en las instituciones, arroja una radiografía de espanto. Sobre todo porque, en general, Juárez va de mal en peor.

Lo mismo ocurre si nos comparamos con nosotros mismos en la medición histórica que si lo hacemos con otras ciudades grandes del país. Ni siquiera en el comparativo con los principales municipios del estado Juárez salió bien librado este año.

Vamos hacia atrás. En ejercicios anteriores, Juárez andaba en el tercer lugar de los seis principales municipios del estado, pero ahora cayó hasta el quinto sitio en el Índice de Calidad de Vida Municipal; nada más le ganamos a Cuauhtémoc. Arriba quedaron Nuevo Casas Grandes, Parral, Delicias y Chihuahua.

En ese índice hay distintos indicadores y aunque en actividad económica Juárez siempre despunta, hay rubros donde está en el sótano, como la infraestructura de desarrollo.

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En el escenario nacional, Juárez aparece en el lugar 15 de las 20 principales ciudades del país, también dentro del mismo Índice de Calidad de Vida, muy lejos de Mérida, Monterrey, Querétaro, Guadalajara y San Luis Potosí, ubicadas en el top cinco.

La capital del estado no anda tan mal, ya que se coloca en el sexto lugar de la tabla. Al menos Juárez le gana a Tijuana, ubicada en la posición 16, y a otras ciudades y delegaciones del Estado de México y de la Ciudad de México, donde también abundan la marginación, la desigualdad y los deficientes servicios públicos e infraestructura urbana.

Los pasos hacia atrás también se reflejan al revisar el cumplimiento de la Agenda Juárez 2030, que desde 2018 fijó metas y partió de un avance del 45 por ciento.

Hoy marca apenas 43 por ciento de avance: dos puntos porcentuales menos en ese plan para construir una ciudad sostenible, que estableció 19 objetivos enfocados en reducir pobreza y desigualdad, mejorar salud, bienestar y calidad educativa, promover una ciudad más pacífica e inclusiva, además de fortalecer el medio ambiente y las condiciones laborales.

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Brotan además indicadores alarmantes, como el de la precariedad laboral: el 80 por ciento de los trabajadores de Juárez gana entre uno y dos salarios mínimos.

Lo resumió bastante bien el director de Plan Estratégico, Sergio Meza, cuando señaló, al presentar las conclusiones, que Juárez produce riqueza y empleo, pero eso no se traduce en bienestar urbano y social; en cambio, sí en mucha desigualdad.

Y ahí está quizá la conclución más dura del informe: una ciudad que genera millones, levanta parques industriales y presume indicadores económicos, pero que sigue sin poder convertir todo eso en mejor calidad de vida para quienes la habitan.

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Justo cuando está en el centro del debate la reforma para la elección directa y por demarcación territorial de las regidurías, la encuesta de percepción del Sistema de Indicadores Así Estamos Juárez les puso otra repasada a las regidoras y los regidores, que siguen siendo soberanos desconocidos para la ciudadanía.

También van de mal en peor en ese sentido.

En ejercicios anteriores habían alcanzado un 2 por ciento en respuestas positivas o correctas cuando se pidió identificar al menos el nombre de un regidor o regidora del Ayuntamiento.

Ahora nada más el uno por ciento pudo identificar a uno de los 20 representantes populares que, se supone, tendrían que ser los más cercanos al ciudadano.

El 99 por ciento de los encuestados no conoció ni un solo nombre de los 20 que integran el Ayuntamiento.

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Por las mismas anda la Sindicatura, actualmente en manos de la morenista Ana Carmen Estrada.

Y eso que ya fue diputada local; sin embargo, a Estrada únicamente la conoce el 2.1 por ciento de los ciudadanos juarenses. El 97.9 por ciento no pudo dar su nombre.

Plan Estratégico siempre invita a sus informes a representantes populares y tomadores de decisiones, pero la mayoría suele sacarle la vuelta a la convocatoria, para no recibir los pedradones que surgen de los indicadores y de las conclusiones.

La síndica Estrada no se reportó al Cibeles y de las regidurías únicamente se dejaron ver el panista Alejandro Jiménez y la emecista Gloria Mirazo, ambos integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana; aguantaron vara con las críticas a la falta de representatividad de los intereses ciudadanos en el Ayuntamiento.

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Quien se apersonó en la presentación del documento, aunque no es autoridad o representante popular juarense, fue el alcalde panista de la capital del estado Marco Bonilla.

Como anda encampañado, en plan de escucha y de ir a todas para sumar puntos con las organizaciones de la sociedad civil y el sector empresarial, ahí estuvo, en primera fila, como receptor de la dura crítica del director de Plan Estratégico, quien concluyó la presentación exponiendo su idea de la “mentira democrática” que sufre Juárez a merced de la clase política.

En la presentación, Bonilla estuvo flanqueado por el presidente del Comité Municipal del PAN, Ulises Pacheco, y por la exdiputada Marisela Terrazas, que ahora forma parte de su equipo de apoyadores en Juárez.

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Por las dudas, y a reserva de lo que pueda pasar, el PRI ya tiene probables candidatos —“defensores”, les llaman— en 59 municipios, los 22 distritos locales y, por supuesto, en el puesto de candidato a gobernador.

Si la “negocia” para ir en coalición con otros partidos anti-4T no avanza como el tricolor quiere, ya tienen, por lo pronto, una especie de “preselección”, tipo Vasco Aguirre, para elegir candidatos propios y competir por cuerdas separadas en el 2027.

Según le contaron a Mirone, el PRI ya tiene más de 750 “defensores” listos para ir a buscar alguna candidatura, de cualquiera de sus tamaños y niveles de gobierno, como para decirles a los otros “compañeros de lucha” que también traen dinero para gastar en el recreo.

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Entre esos “defensores” destacan, por supuesto, los aspirantes a las presidencias municipales de Chihuahua y Ciudad Juárez, los dos municipios más poblados del estado y donde se concentra casi el 70 por ciento del listado nominal de electores. Son un auténtico banco de votos, pues.

Los cálculos de algunos priistas apuntan a que, con una buena candidatura y dos o tres propuestas “pegadoras”, sí pueden superar el 10 por ciento de la votación que han recibido en las últimas elecciones y, con ello, aumentar su presencia en ambos ayuntamientos.

Eso, además de ayudar a amontonar votos para el tricolor en la elección legislativa, les permitiría mejorar su desgarbada posición actual, compuesta únicamente por tres diputados locales.

Todo esto, claro está, si no se llega a un acuerdo de coalición con el PAN y, en una de esas, hasta con Movimiento Ciudadano.

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Por lo demás, el PRI sigue contando con sus dos “defensores” para la gubernatura: Antonio “Tony” Meléndez y Alejandro Domínguez.

Vistas así las cosas, pareciera que los estrategas priistas no han acabado de digerir el hecho de que su figura más popular y con mayor arraigo entre el electorado se mueve por cuenta propia y le ha dado un apoyo tácito al alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla.

Así que, como quien dice, lo tienen en una lista donde él mismo no se apuntó o, peor aún, de la que él mismo ya se borró.

Ni hablar. A buscar otro “9” que les marque goles en esta complicada contienda electoral.

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El Gobierno estatal le entrará al lucrativo negocio político-electoral de los programas sociales.

Una reforma a la Ley de Juventud para el Estado de Chihuahua abre ahora la puerta a la entrega de ayudas y becas tipo Jóvenes Construyendo el Futuro, pero impulsadas desde el ámbito estatal.

A partir del pasado jueves, todas las instancias gubernamentales del estado —llámense Poder Ejecutivo, ayuntamientos, órganos electorales o cualquier otro ente habido y por haber— deberán contemplar en sus presupuestos, planes y proyectos el siempre noble objetivo de fomentar el empleo entre los jóvenes.

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La reforma al artículo 27 de la mencionada ley establece que todos esos organismos deberán entrarle de lleno al impulso del empleo juvenil mediante instrumentos como bolsas de trabajo, capacitación laboral y políticas públicas, en coordinación con el Gobierno federal, “para fomentar, promover e impulsar la creación de primeros empleos para los jóvenes”.

Hasta ahí, el nuevo artículo suena noble. Pero luego viene lo interesante, atención: para tal efecto deberán prever “la posibilidad, de así considerarse viable, de otorgar estímulos, incentivos, beneficios técnicos, fiscales, no fiscales y económicos…”.

¡Ajá! Conque dando becas a jóvenes que no tienen experiencia y andan buscando su primera chamba.

La oposición a la 4T ha descalificado ese tipo de programas, en tanto la 4T se ha limitado a presumir que entrega becas y subsidios a jóvenes, pero sin mostrar demasiado interés en revisar las reglas de operación para garantizar que ese dinero realmente se destine a capacitación y experiencia de primer empleo.

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La reforma anticipa nuevos programas que podrían resultar benéficos para la población de entre 15 y 29 años, ya que contempla establecer mecanismos como el acceso preferente a programas y apoyos, además de promover la inversión privada para generar empleo juvenil y programas de capacitación laboral.

Nada mal para un grupo político que busca penetrar en un segmento de población que apenas va a votar por primera vez o que, cuando mucho, lo ha hecho en una o dos ocasiones.

Hasta ahora, 52 mil 113 jóvenes han recibido el beneficio de Jóvenes Construyendo el Futuro, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Nada mal, visto con ojos de mercado electoral.

Mucho mejor si se toma en cuenta que el grupo de edad laboral más grande del estado —y del país— es precisamente el de entre 15 y 29 años.

Ahí van por ellos, entonces.