El Estado Mexicano dejó sentado un precedente en la historia procesal del país, al menos en la reciente: una persona que goza de fuero constitucional sí puede ser citada por una autoridad investigadora para solicitarle una declaración, así sea por escrito.

Al menos eso es lo que dejaron asentado ayer los enviados de la Fiscalía General de la República (FGR), que se presentaron en Palacio de Gobierno a notificar a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, de manera directa y casi en propia mano, que estaba citada a declarar ante la autoridad antes mencionada.

Los notificadores, enviados desde la Ciudad de México —según lo comentaron ellos—, se limitaron a decir que había una fecha para su presentación ante la FGR, sin responder al señalamiento que hizo el abogado Roberto Gil Zuarth, quien acompañaba a la mandataria en ese momento, de que esta cuenta con fuero constitucional.

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Entendidos del tema le comentaron a Mirone que sí, en efecto, la autoridad investigadora puede citar, mas no detener ni emprender una causa penal. La persona protegida por el fuero puede, a su vez, tomar la notificación como una llamada a misa y no hay forma de que se le obligue a comparecer.

Tampoco tendría por qué desplazarse a la Ciudad de México a rendir declaración: podría hacerlo por escrito sin problema alguno.

Al fin y al cabo, son términos abogadiles que cualquier estudiante de Derecho se sabría de memoria, pero ese punto, el jurídico, no es lo que está en juego en este caso. Es político, como todo procedimiento en favor o en defensa de un personaje en ejercicio de funciones públicas.

Al momento de recibir el documento, la gobernadora señaló algo que cualquier otro podría argüir, sin que sea necesariamente simpatizante de ella o del conglomerado de partidos que la acompaña: «¿Por qué a mí?».

En estos momentos hay otro gobernador, Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, que también está señalado como presunto infractor de la ley e incluido en una lista de diez servidores públicos mexicanos que reclama el Gobierno de Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico.

A él no lo han notificado ni lo han mandado llamar; de hecho, no hay datos conocidos públicamente sobre su paradero.

Si le apuran tantito a Mirone, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua podría, en dado caso, ir a citar a Javier Corral para que declare en torno a las acusaciones que pesan en su contra. Tiene fuero, sí, pero nada le impide venir a rendir declaración.

Como dice el borrachito en la cantina: «Igual para todos, ¿no?».

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Como lo ha dicho este Mirone en repetidas ocasiones, en política, como en la vida, nada es casualidad, sino causalidad. La súbita aparición de los agentes de la FGR ocurre una semana después de la marcha convocada por la plana mayor de Morena para exigir la destitución de Campos Galván por supuestos actos de traición a la patria, entre otros cargos.

Tampoco puede dejarse de lado que hace apenas dos días la mandataria chihuahuense realizó un recorrido por medios de comunicación para exponer su versión de los hechos ocurridos en El Pinal, donde habrían participado agentes estadounidenses en un operativo antinarco emprendido por su Gobierno.

Mucho menos puede ignorarse que apenas el viernes la presidenta Sheinbaum se reunió con Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, en Palacio Nacional.

Todo lo anterior son fichas del mismo dominó que pueden caer al menor empujón.

El proceso, por lo visto, va para largo y prácticamente se ha empalmado con la contienda electoral. Eso tampoco puede dejarse de lado.

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¿Cansado de ir por las calles de su ciudad y toparse con “encientos” carteles espectaculares de personas que de seguro quieren ser candidatas a algo? Pues a aguantar vara, porque ahí van a seguir.

Nomás no hubo autoridad que le quisiera entrar al tema, ni siquiera las que están obligadas a verificar de dónde rayos sale el dinero para andar haciendo promoción personal o empresarial.

Una cosa quedó claro tratándose de asuntos políticos, todos se sacaron al parche, no importa que el rostro de decenas de políticos haya colonizado centros comerciales y espectaculares. No hay nada qué investigar, al menos para la autoridad.

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En semanas pasadas, la organización Los de Abajo Organizados promovió un recurso ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para pedirle que investigara el origen de los recursos con los que se paga toda esa publicidad que, por lo demás, va y viene.

Porque, eso de que fueron medios de comunicación los que contrataron decenas de carteles para promover la entrevista que le hicieron al personaje político que anda queriendo de candidatura no se los cree ni el Bendito.

Sin embargo, la UIF ya les contestó con la respuesta más olímpica que podían imaginarse: que no es de su competencia. ¡Hágase visto! Cientos de miles, si no es que millones de pesos gastados en promover la imagen de personas notablemente vinculadas a la vida política del estado y no son competentes.

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Pero los que no se midieron fueron los del Instituto Nacional Electoral (INE), el famoso —y muy costoso— INE.

Esos, como quien dice, le aventaron la barra a la parte denunciante, porque le mandaron una larga lista de nuevos requisitos para que su querella tenga al menos el privilegio de pasar por debajo de los ojos de los fiscalizadores del INE. O sea, les pidieron que les haga la chamba.

Para poner un ejemplo: le piden que adjunte “evidencias”, como si los funcionarios del INE estatal no se toparan, una cuadra sí y la otra también, con carteleras donde aparece, si no el uno, el otro o la otra, o el que apenas se acaba de subir a la pre-precampaña.

Si así van a estar las cosas, que nadie se queje por el dispendio de recursos que harán los precandidatos y candidatos, o los propios partidos. La comunidad entera ya no tiene para dónde voltear sin encontrarse con la cara de un “suspirante” a candidato. Nada más el organismo electoral no los ve. Una de dos: o les damos más facultades fiscalizadoras o, de perdida, les regalamos unos lentes.

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El Congreso del Estado ya acusó de recibido el “madruguete” recordatorio enviado por el Instituto Nacional Electoral (INE), donde básicamente les avisa que ya les hizo la chamba y tiene lista la distribución municipal para autenticar la elección de regidores de forma individual a partir de los próximos comicios.

Con el oficio número INE/SE/250/2026, el árbitro federal le informó a la Legislatura desde el pasado 27 de abril —va para un mes— que el Consejo General ya aprobó el Marco Geográfico Electoral. En cristiano, les mandaron el funcionamiento virtual de secciones que sirve como insumo técnico para las demarcaciones municipales de Chihuahua.

Era el pase para que anotaran un gol cantado: la elección de regidores por cuenta propia ya no en el cómodo paquete de la planilla del alcalde, como se ha hecho toda la vida. Pero, por lo visto, cuando el INE se dirige a Torre Legislativa, parece que le habla a la pared.

La respuesta del Legislativo chihuahuense no pasó del matasellos. Fue un frío “enterado” o, si acaso, un “gracias por avisar”. Y es que el bloque que conforma la abrumadora mayoría pro Palacio de Gobierno simplemente no le piensa entrar al tema. No en esta ocasión y hágale como quiera.

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La parte más engorrosa de la reforma —la división de los distritos dentro de cada municipio— ya la resolvió el INE. Faltaría la otra mitad: imprimir las boletas para cada casilla, armar una especie de zócalo y entregarle ese escrutinio al tremendo bloque electorero que se viene para junio de 2027.

Todo estaba servido en bandeja de plata, pero faltó un pequeñísimo detalle: la voluntad política. Esa, de plano, no venía incluida en el oficio del INE, ni como separador.

Enterados del asunto le comentaron a este escribidor que el bloque del PRIAN y su armado naranja y Movimiento Ciudadano no quieren que los regidores se ganen el puesto por cuenta propia, pese a que hay una exigencia histórica de la sociedad civil y, sobre todo, un artículo transitorio que los obliga por ley a aplicar en la elección del año entrante.

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¿Por qué el freno de mano? Ah, pues por la vieja confiable que aplicaban los priistas en sus años de plenitud: para proteger la “gobernabilidad”.

La lógica del miedo es simple: cómo le va a hacer un alcalde para controlar a un regidor que no le debe el puesto a él. Si los ediles se votan aparte, van a tirar la línea del presidente municipal cuando se les pegue la gana, suponen.

Con esa “visión de Estado” —que panistas y morenistas copian al pie de la letra— tampoco habría razón para elegir diputados: que se voten en planilla junto al gobernador y nos ahorramos la discusión.

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En las últimas semanas ha corrido el rumor de que el conocido empresario Eugenio Baeza Fares, cabeza del poderoso Grupo Bafar, estaría siendo considerado por Morena como posible candidato a la Presidencia Municipal de Chihuahua.

El “borrego” saltó de las mesas de café —de esas que abundan— a las redes sociales, donde incluso grupos de morenistas ya hacen alguna adaptación y lo que se pondría en promoción “Juanito” se ha adueñado de las mesas de café.

Si bien el primer salchichero del estado ya salió a desmentir con todas las letras que, si saben contar, no cuenten con él, sí dejó la chicharra ardiendo. Lo de contemplar a uno de los grandes capitanes de empresa como morenista sacó ronchas e hizo que más de uno derramara bilis.

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La versión de que irían con “Mr. Bafar” por la capital del estado, aunado a los anuncios de la Presidencia de la República y de la misma dirigencia de Morena, de que van a revisar con lupa las próximas candidaturas, prendió alarmas en sectores del morenismo de rancho abulengo que viene abriendo paso desde las trincheras de la izquierda desde hace décadas.

Para ellos, el mensaje de “revisar los perfiles” se entendió como que irían a buscar a ese figurón del sector privado, a empresarios de medio y gran calado y a personajes de tipo, a ver si voltean a ver a su base militante.

Si ya de por sí les causa urticaria ver en las listas de probables candidatos a personas que estuvieron notablemente vinculadas a otros partidos o al Gobierno de César Duarte, más ronchas les van a salir si les vuelven a sacar al tema la “apertura” del partido a figuras externas o, de plano, chapulinas.

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Si de algo sirvió el “borrego” en torno a Baeza Fares fue para acelerar los tiempos y abrir el debate sobre quién puede o debe ser candidato morenista y quién, de plano, le busque por otro lado.

La presión está fuerte, porque en un flanco está el senador Javier Corral, que pretende repetir la receta de autoridad moral que ha de “jalonear” a los candidatos, y pone de tundidos a militantes y mensajes en redes sociales; por otro, las organizaciones morenistas de base que van a hacer una especie de “anticampaña” contra el chapulín en turno y, de frente, la condición de que, si se lanzan por el partido guinda, tienen bronca comprada con el actual Gobierno.

Lo de candidatear a Baeza Fares y verlo en carteleras de Morena fue un “trascendido” que rayó en lo divertido. Lo que no tiene nada de gracia son los golpazos que se están dando debajo, arriba, a un lado y al otro de la mesa por las candidaturas morenistas.

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La violencia nos sale cara, mucho muy cara. Lo de tener 2 mil homicidios al año, en promedio, más miles de lesionados con arma blanca o de fuego, y otros miles de robos con violencia, más los cientos de feminicidios que se cuentan al año, le salen a Chihuahua unos 184 mil millones de pesos.

Como se lee: una cantidad que equivale, más o menos, a un 160 por ciento del presupuesto total del Gobierno del Estado en un año.

Los datos corresponden al Índice de Paz México 2026, que se publicó esta misma semana, en donde quedó en claro que los actos violentos, además de enlutar a miles de familias cada año, son la razón por la que la economía no crece.

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A nivel nacional, el IPM 2026 estimó que el costo de la violencia equivalió a un 11 por ciento del producto interno bruto. Para ponerle medida a la cosa este año, el Gobierno federal organizó una de las campañas que están poniendo pedazos para hacer que la economía crezca un poco más, sin crecer ni cuatro puntos.

El costo en dinero fue de 220 mil millones de dólares, y eso que bajó en un 11.4 por ciento respecto al IPM 2025. ¿Cómo andaremos si no?

Según el IPM, el impacto económico de la violencia se define como el gasto y el efecto económico relacionados con la contención, prevención y respuesta a las consecuencias de la violencia. Comprende el costo económico de la violencia —tanto directo como indirecto— más un efecto multiplicador.

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El impacto económico total de la violencia incluye otros costos e indirectos de la violencia, más el efecto multiplicador.

Ahí es donde brinca la aguja del disco rayado: los costos directos son asumidos por la víctima, el agresor y el Gobierno, e incluyen gastos médicos, costos de seguridad pública y gastos relacionados con el sistema de justicia.

Dicho de otra manera, que la víctima se juera a gastar un dinero que, o no lo tenía, o le había guardado para otra cosa, pero le tuvo que aplicar un curarse o algún miembro de su familia le tuvo que entrar a la cosa. Bonita cosa.

El efecto multiplicador representa los beneficios económicos que se habrían generado si todos los gastos pertinentes se hubieran destinado a alternativas más productivas. Aquí cabe preguntarnos quién anda gastando nuestro dinero si no tuviéramos esos combates entre grupos delictivos o medio calle y la pelea a mano alzada.