La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que presentó, por la vía electrónica, una queja ante el Tribunal de Disciplina en contra del Juez Séptimo de Distrito, Luis Eduardo Rivas Martínez, por actos relacionados con la tramitación del Juicio de Amparo Indirecto 746/2025-III.
La acción se suma a los recursos legales emprendidos tras la resolución que derivó en la modificación de la medida cautelar en el caso del crematorio Plenitud, donde fueron localizados 386 cuerpos en junio de 2025.
De acuerdo con la dependencia estatal, la inconformidad está vinculada con actuaciones procesales dentro del trámite del amparo referido, aunque no detalló públicamente los argumentos específicos expuestos ante el órgano disciplinario.
En un posicionamiento oficial, la FGE reiteró que agotará todos los recursos legales a su alcance para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias, así como para defender la legalidad de las actuaciones ministeriales dentro del proceso penal.
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, informó además que interpuso un recurso de revisión en contra del amparo que derivó en la liberación de José Luis A. C., propietario del crematorio “Plenitud”.
De acuerdo con el comunicado oficial, el recurso fue presentado por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, responsable de la Causa Penal 3448/2025.
La impugnación se promovió con fundamento en los artículos 81, 84, 86 y 88 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, y fue interpuesta en tiempo y forma contra la resolución emitida por el Juez Séptimo de Distrito en el estado de Chihuahua, quien concedió el amparo a favor del imputado.
En dicha resolución judicial se otorgó la protección federal a José Luis A. C. en contra del auto de vinculación a proceso que había sido dictado previamente por un Juez de Control dentro de la misma causa penal.
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Como medida cautelar, se ordenó la prisión preventiva del imputado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Aquiles Serdán.
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