Operadores del sistema penal están más que preocupados y alarmados por la crítica situación que se vive en la Fiscalía General del Estado, particularmente en la Zona Norte, ante las carencias cuantitativas y cualitativas de los agentes del Ministerio Público, los MP que deben llevar a los presuntos delincuentes ante la justicia.
Le cuentan a Mirone que se vive la peor crisis de la que tengan memoria, sobre todo porque las cargas laborales siguen creciendo frente a una representación social completamente bocabajeada y rebasada en sus capacidades.
Mucho se ha cuestionado el impacto que en la impartición de justicia generó la reforma que permitió la llegada de jueces inexpertos, pero en la parte donde nace el proceso para procurar justicia y castigar el delito, todo se tuerce desde el origen por la escasa experiencia que provoca la acelerada rotación de personal.
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No aguantan las cargas de trabajo y prefieren saltar al litigio penal, a otras chambas en el sector privado o a otras instancias gubernamentales donde les pagan mejor. Por las mismas andan los elementos de la Agencia Estatal de Investigación, que deben respaldar el trabajo del Ministerio Público.
Así, carpetas de investigación de casos de gran impacto social, como homicidios y secuestros, terminan en manos de personas con nula experiencia y arraigo, con previsibles resultados en expedientes deficientes y mochos que terminan cayéndose por falta de elementos, con la consecuencia atroz de una impunidad galopante.
Claro que hay personal capaz que ha aguantado vara, se ha capacitado y se la rifa en un entorno laboral nada óptimo, pero es de locos pensar que pueden hacer la diferencia cuando hay áreas, como la FEM (Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género), donde les tocan hasta 30 mil carpetas por cabeza.
Simplemente es imposible atender debidamente la investigación, aunque haya quienes sí tengan la formación y las capacidades necesarias para dar seguimiento a las carpetas. Menos cuando, a pesar de todas las carencias humanas y materiales, les exigen entregar números y resultados. Así que judicializan carpetas, aunque no estén bien integradas, carezcan de pruebas o de argumentación jurídica adecuada.
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Por si fuera poco, tampoco es extraño que en esos ambientes de estrés laboral, desatención y desorden se presenten prácticas de corrupción. De pronto se judicializan carpetas que, de tan mal integradas que están, no dudan los jueces en pensar que detrás hubo dinero, y no únicamente dolo u omisión.
Hay varias alertas rojas encendidas al respecto. A más de dos ha llamado la atención un extraño auge en los cambios de medidas cautelares que promueven abogados de acusados de distintos delitos, donde el Ministerio Público se allana sin problema alguno. Algo turbio también se mueve en torno a los juicios abreviados.
Muy poca atención se está prestando a lo que ocurre en todo el sistema penal, con un abandono presupuestal que impacta por igual a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial. Las prioridades andan por otro lado; simplemente, extraviadas.
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Si pensaba que con la reforma judicial la impartición de justicia en los tribunales federales sería más ágil, lamentamos informarle que no. Todo lo contrario: ahora hay que esperar hasta nueve meses para que un justiciable comparezca ante un juez de control.
Así como se lee: más de dos terceras partes de un año para sentarse frente a un juez de Distrito, y eso, si la audiencia no se difiere. Ahora se entiende por qué una tercera parte de las personas privadas de la libertad siguen sin recibir sentencia.
Lo que le contaron a Mirone es que los responsables del nuevo sistema judicial del Bienestar no contrataron más personal ni abrieron más salas o espacios para atender una demanda creciente de impartición de justicia. De horarios extraordinarios, mejor ni hablemos. Lo que hay es lo que hay y, como dice el refrán popular: “al ajo y al agua”.
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A Mirone le dijeron que quienes permanecieron del sistema anterior ya se quejaban de la sobrecarga de trabajo, la cual era la principal causa de que tanta gente siguiera esperando que se hiciera justicia como debe ser: sentencia condenatoria o absolutoria, culpable o inocente, ¡pero ya!
Como ya lo ha apuntado este Mirone, tan fijado como es, una buena parte del personal que “recién llegó” —aunque ya va para un año— sigue batallando para agarrarle el modo. Ahí está el detalle, le cuentan a Mirone: si ya estaban tapados de chamba, ahora además tienen que devolverse para enmendarle la plana al juez “electo democráticamente”.
Lejos de contratar más personal para agilizar el trabajo, han llegado recortes, como el que sufrió la Defensoría Pública con la salida de 43 trabajadores. Así que de abrir más salas de audiencia o asignar más plazas a los juzgados de Distrito, mejor ni hablemos.
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Lo más delicado del caso es que las personas privadas de la libertad recluidas tanto en el Cereso 1 como en el Cereso 3 no ven la luz al final del túnel.
Sí, como dice la frase tan recurrida por los abogados: “Justicia retrasada es justicia negada”. Si ese principio es cierto, la que hoy se imparte en los tribunales federales —y también en los estatales— se parece demasiado a una negación de la justicia.
Las personas privadas de la libertad que ya estaban esperando audiencia deberán aguardar todavía varios meses más, lo mismo que las probables víctimas que siguen en espera de una resolución judicial.
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Ahora que la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez, habló del proceso de registro de aspirantes que luego serán convocados a sentarse a la mesa para definir las reglas del proceso interno rumbo a 2027, todo mundo paró oreja y se puso vivo para no quedar fuera.
Quien no haya levantado la mano, avisado a la dirigencia y registrado su nombre en la plataforma que habilitó el Comité Ejecutivo Nacional, no será tomado en cuenta, ya sea para la gubernatura, las alcaldías o las diputaciones federales.
Nada se dijo de las diputaciones locales, pero, por si las dudas, ya hubo quien dijo: “tómenme en cuenta”.
Supo Mirone que el representante de la gobernadora Maru Campos en Juárez, Carlos Ortiz, se anotó para el Distrito 05 local, el único que actualmente está en poder del PAN en esta frontera. Al parecer, Carlos reclama tener el mérito suficiente por la operación política que ha desplegado al frente de la estructura estatal azul en Ciudad Juárez.
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Seguramente habrá más tiradores por ese codiciado espacio en el Congreso del Estado, dentro del mismo equipo de la gobernadora e incluso corriendo por separado.
Lo que todo mundo da por hecho es que a la diputada Xóchitl Contreras no le alcanzará para la reelección, aunque en teoría tendría ese derecho.
Poco ha brillado realmente en tribuna y como legisladora, además de que no ha salido muy bien librada de las acusaciones de nepotismo, por aquello de que su esposo, su hija, su hijo y su sobrino aparecen en las nóminas públicas.
Técnicamente no se configura en todos los casos el nepotismo, aunque respecto al caso de su hijo cobrando como asesor en el Congreso del Estado, ahí hay otra historia que sí le ha generado broncas al interior del PAN y podría traer mayores repercusiones.
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Aparte del Distrito 05 local, también es muy peleado el Distrito 04 local, el mismo que perdió Austria Galindo en la pasada elección frente a Rosana Díaz. En la misma situación está el Distrito 04 federal, el que le ganó Alejandro Pérez Cuéllar a Marisela Terrazas.
En todas esas demarcaciones será larga la lista y, aparte de Ortiz, al rato sonarán los nombres de más operadores políticos como Gabriel García Cantú, Óscar Lozoya, Amparo Beltrán, Rogelio Fernández, Florencio “Mono” Peña, Rafa Butchart y Alejandro Jiménez.
A lo mejor hasta reviven otros perfiles “caídos”, como el de Sergio Nevárez, exdirector ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.
Tampoco se descarta que en esos espacios aparezcan figuras que hoy andan más arriba, como la propia Austria Galindo, el recaudador Raúl García, la presidenta estatal Daniela Álvarez o el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya. Bien podrían “sacrificarse” y aceptar una de esas compensaciones.
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César Jáuregui Moreno la vuelve a hacer: convocatoria masiva, sin convocatoria partidista de por medio y plenamente encampañado, para que nadie diga que lo madrugaron.
A través de redes sociales, el exfiscal General del Estado, quien dejó el cargo en medio de la controversia por la presunta intromisión de agentes extranjeros en labores de seguridad pública, convocó a mujeres panistas a acudir a un desayuno que ofrecerá este sábado, a las 9:00 de la mañana.
El lugar es el mismo donde celebró su cumpleaños número 60 hace apenas unos días, al que asistieron más de mil 500 personas y que constituyó, en los hechos, el arranque no oficial de su precampaña: el salón Lago Di Cuomo, en la ciudad de Chihuahua, muy socorrido por el panismo y el oficialismo para sus celebraciones.
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Lo que le vinieron a contar a Mirone es que el organizador —por no decir alborotador— de esos actos masivos es nada menos que el expresidente municipal Juan Blanco Zaldívar, quien sorprendió al priismo de la época al ganar la alcaldía de Chihuahua en la elección de 2004, cuando el tricolor prácticamente borró del mapa al PAN en el resto del estado.
Metido desde hace tiempo en un bajo perfil, con cargos de menor exposición mediática, Blanco se perfila como el candidato suplente de Jáuregui y, por lo pronto, como una especie de jefe de campaña que le organiza actividades de gran convocatoria, como aquellas que a él mismo le salían a la perfección en sus años de rockstar del panismo.
Y, si las cosas les salen —a ambos— como en la ocasión anterior, la del cumpleaños, ahí estarán unas mil 500 personas, en su mayoría mujeres, que escucharán las propuestas que trae el exfiscal para ejecutarlas en Chihuahua “cuando sea alcalde”, o al menos así lo promueve él.
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El caso de César Jáuregui se parece mucho al de los precandidatos morenistas que ya dejaron sus cargos públicos y ahora andan sueltos, con plena libertad, realizando actos de promoción política por acá y por allá.
Desde fuera de la estructura gubernamental, sin un cargo público que lo ate, hace exactamente el tipo de actividades que volverán a verse este sábado, mientras otros aspirantes continúan sujetos a las responsabilidades que todavía tienen en el Gobierno del Estado.
El de hoy, según le informaron a Mirone, es el segundo de varios eventos que celebrarán Jáuregui y su equipo de cara al proceso interno del PAN, cuya fecha, modalidad y reglas aún se desconocen. No por nada, algunos ya le están pidiendo a la dirigencia que acelere los tiempos y publique de una vez la convocatoria, porque, como van las cosas, la correa de transmisión podría reventarse.
Don Mirone