El titular de la Notaría Pública Número 12, Guillermo Dowell Delgado, fue el invitado de honor y encargado de inaugurar el ciclo de conferencias enfocadas en Derecho con la ponencia “Obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero”, que organiza la Universidad Adela de Cornejo.
En esta plática informativa, realizada la tarde del miércoles en las instalaciones de la universidad, Dowell Delgado desmenuzó las obligaciones que se tienen que cumplir ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) respecto al combate de lavado de dinero.
Explicó que, años atrás, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se percató que alrededor del mundo, había millones de dólares que circulaban ilegalmente en el mercado, por lo que se emitieron 40 recomendaciones para los países, en las que se establecieron los lineamientos para la creación de los equipos de prevención de lavado de dinero.
En México, este equipo recibe el nombre de “Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita” y su trabajo es monitorizar las operaciones financieras que sean susceptibles a ser provenientes de lavado de dinero.
Comentó que estaba compuesto por agentes de bienes raíces, notarios públicos, empresas financieras, casinos, entre otras, que tienen que reportar las actividades de sus clientes al SAT.
Aclaró que los notarios públicos no operan como “policías” o una agenda gubernamental enfocada a la investigación de delitos, sino que coadyuvan a que el SAT pueda monitorear este tipo de movimientos.
Incluso, subrayó, el SAT es la única institución de Gobierno que puede solicitarle información, ya que los datos que recogen se encuentran protegidos hasta por un periodo de 5 años.
“Cualquier operación de transmisión de propiedad es vulnerable a lavado de dinero”
Sobre las operaciones que están bajo cuidado del equipo de “Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, resaltó que prácticamente todas las veces que se adquiere una propiedad se tiene que realizar bajo este proceso.
Resaltó que, como notario público, está obligado a reportar todas las actividades que una persona realice, no solo aquellas que puedan resultar como “sospechosas”.
Sin embargo, resaltó que hay acciones que podrían prender los “focos amarillos” a las instancias de Gobierno. Si bien, dijo que en México, al igual que en Europa, se estableció un límite máximo para las operaciones en efectivo (900 mil pesos).
Es decir, para adquirir una propiedad, se necesita contar con una cuenta bancaria y estar plenamente identificados ante un notario público, quien da legalidad a la transacción bancaria.
Si un notario público llegara a aprobar una transacción que supere el límite máximo, no solo haría ilegal la compra, sino que también perdería su patente como funcionario.
Explicó que, si se adquiere una casa mediante un crédito (bancario, Infonavit, etcétera) es probable que no haya ninguna repercursión por parte de las instituciones financieras. Sin embargo, si se comienza a adquirir bienes, como casas, carros, joyas, entre otras, en un plazo muy corto de tiempo, es cuando comienza una investigación por parte del SAT.
La identificación y revisión de los clientes
Dowell Delgado enfatizó que, como parte de su trabajo, siempre han tenido que identificar a las personas que atienden, pidiendo comprobantes de identidad, domicilio, entre otros.
Ahora bien, con la entrada del equipo de lavado de dinero, su labor se intensifica un poco más, debido a que ahora tienen que buscar que sus clientes, no se encuentren dentro de “listas negras”, como las de búsqueda por terrorismo internacional o que sus operaciones financieras estén bloqueadas por el SAT.
Por lo anterior, enfatizó en la importancia de que se preste un servicio de calidad a la población y que es esencial dar fe y legalidad a todas las operaciones financieras para evitar a los clientes futuros problemas económicos.
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