La polémica ha acompañado a la Torre Centinela desde que se anunció la obra y durante los cuatro años que duró la construcción.

Aunque El Capitán Centinela, Gilberto Loya, podrá finalmente decir que cumplió con el proyecto insignia de la administración estatal en materia de seguridad, como parte de la Plataforma Centinela, las discusiones y desencuentros se mantienen hasta el mismo día de la inauguración del edificio de 20 pisos en Ciudad Juárez.

Claro que la grilla y los intereses político-electorales le aventaron más gasolina al fuego. El caso es que Estado y Municipio, con distintos orígenes partidistas, nomás no pudieron ponerse en sintonía para aprovechar —coordinadamente— ese despliegue de tecnología.

Y como todavía es hora de que la Administración municipal no tiene acceso a la plataforma estatal y a toda su red de videovigilancia, ya dijo el alcalde en funciones, Héctor Ortiz Orpinel, que no acudirá al evento de inauguración oficial programado para este miércoles.

Lo invitaron, pero no va a asistir, ahora sí que en sintonía con el alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, quien, en los momentos más tensos del conflicto Estado-Municipio, llamó “mugrero” a la Torre Centinela, construida sobre terrenos municipales donados cuando todavía transitaba bien la relación interinstitucional.

“No nos han dado acceso a las cámaras, no nos han dado acceso a nada y nosotros no vamos a estar por ahí”, adelantó Ortiz.

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No únicamente habrá vacío del Gobierno Municipal. También se enteró Mirone de que la máxima representación federal, que en el estado recae en la superdelegada de los Programas para el Bienestar, Mayra Chávez, no acudirá a la inauguración.

La delegada cerrará la pinza guinda con el Gobierno Municipal y no acudirá al corte del listón de una obra que, en distintos momentos, fue cuestionada por figuras de origen morenista ante el costo-beneficio de una inversión de más de 4 mil 700 millones de pesos en toda la Plataforma Centinela, la efectividad del sistema de videovigilancia para inhibir la criminalidad y la opacidad en torno al contrato.

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Quienes parecen dispuestos a seguir manteniendo la relación institucional con el Gobierno del Estado son los jefes militares, que siempre atienden las invitaciones oficiales para cualquier evento en materia de seguridad.

Al final, la Torre Centinela, que pretende ser el ojo estatal que todo lo ve, acabó como el edificio que funcionarios municipales y federales ni siquiera quieren voltear a ver.

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Abogados al borde de un ataque de nervios. Desde las redes sociales se están lanzando convocatorias a cuanta barra, colegio, asociación o como se llamen, para analizar el rezago en el Poder Judicial del Estado.

Se trata, según le cuentan a Mirone, de reunirse para armar un pliego petitorio en forma, que entregarían a representantes de los tres poderes del Estado. Sería mucho más que una carta a Santa Claus: un diagnóstico del funcionamiento deficiente, lento y burocratizado de todas las instituciones encargadas de procurar o impartir justicia.

Aunque abundan las peticiones y propuestas, hasta ahora, en lo que han logrado coincidir las organizaciones de abogados inconformes es en señalar la grave falta de personal capacitado para desahogar el mar de asuntos que se acumula cada día, por la carencia de prácticamente todo lo necesario para sacar el trabajo en tiempo y forma.

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Una de las peticiones más sentidas gira en torno a aumentar el número de actuarios adscritos al Poder Judicial, porque con los que hay no se saca ni la mitad del trabajo acumulado, mucho menos el que se va juntando con el paso de los días.

Algunos estiman que deben ser al menos 40 actuarios más; otros, que por lo menos 20, debidamente entrenados, capacitados y con equipo propio para moverse de un lado a otro, según sea la diligencia que vayan a desahogar.

Parece chunga, pero se lo contaron a Mirone como algo que se ve cada lunes y martes en el Poder Judicial: cuando se trata de un asunto que ha de ventilarse fuera del horario de oficina, los abogados tienen que ir a recoger al actuario a donde él diga y, terminado el procedimiento, llevarlo de regreso.

O sea que ahora hasta de taxistas o choferes de plataforma le tienen que hacer.

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Aunque no se han confirmado fecha ni hora, los promotores estiman que la reunión con los poderes del Estado podría celebrarse esta misma semana, en un lugar por definir.

La intención —¡faltaba más!— es que acudan los titulares de los poderes; es decir, la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera, y la presidenta del Congreso del Estado, Jocelyn Vargas. Se vale soñar, pues.

Los más realistas se dan por bien servidos si al menos les dan fecha, hora y lugar, y les envían a algún funcionario con mediana capacidad de decisión y no a alguien que solo la haga de recadero.

Lo que urgen son acciones concretas para aceitar la maquinaria del sistema judicial y hacer que esta camine a su máxima velocidad. De lo contrario, ahí seguirán acumulándose las demandas de justicia.

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Por terrenos de los juzgados civiles y familiares del Poder Judicial, le reportaron a Mirone el broncón que traen desde la semana pasada con todo su sistema informático.

Siempre han batallado con eso por lo obsoleto de los equipos y las tecnologías utilizadas, pero justo se suponía que les darían solución, al menos en parte, con una actualización de los servidores.

En las comunicaciones internas se les avisó que el sistema sería suspendido temporalmente por los trabajos de actualización y migración, desde las 16:00 horas del viernes 28 de agosto hasta la mañana del lunes 31.

Nada más que esa “ventana de mantenimiento” todavía es hora de que no se cierra, una semana después. Los sistemas han estado funcionando de manera intermitente, con afectaciones para los operadores de los juzgados, los usuarios y los abogados.

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Supo Mirone que el movimiento y las afectaciones pegaron en todos los distritos judiciales, pero claro que le llegaron las quejas más sentidas desde los juzgados que operan en el eje vial Juan Gabriel de Ciudad Juárez.

Todo el mundo ha estado batallando. Tanto las personas juzgadoras como el personal que utiliza la Intranet y el Seguipro, lo mismo que los litigantes que deben recurrir a la consulta remota por medio de otra de las plataformas.

Y como se cayó el sistema y los abogados no pudieron utilizar la consulta remota, se formaron filas en los juzgados, ya de por sí saturados. Los litigantes tuvieron que acudir a las instalaciones judiciales para checar las listas de acuerdos y no perder alguna audiencia o diligencia.

Simplemente no pudieron acceder a los expedientes como lo hacen regularmente —aunque sea batallando por la falta de actualización— y se tuvieron que arremolinar en los juzgados para enterarse de los juicios o casos que atienden.

Emplazamientos, notificaciones y toda clase de actuaciones se quedaron fuera del sistema digital.

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Lo crítico pasó, pero las quejas se mantienen porque todavía no terminan de resolver el problema. El dato llegó de los litigantes afectados, pero también de los propios operadores de los juzgados.

En los chats internos todavía se reportaron ayer fallas intermitentes en distintos juzgados de Juárez… y de todo el estado.

Eso sí, mientras había crisis en algunos juzgados y afectaciones en salas de segunda instancia, no faltaron las personas juzgadoras que prefirieron ponerse a grabar videos por su primer aniversario en el cargo judicial, en lugar de ver cómo resolvían el problema de fondo.

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Fiscal carnal habemus. O, por lo menos, el dictamen del proyecto de decreto con el cual se reformaría la Constitución Política del Estado para crear la Fiscalía Autónoma y abrir la posibilidad de elegir a un titular que duraría en el cargo nada más y nada menos que ocho años, contados a partir de este 2026.

Ahí nomás: por mayoría de votos, representantes de los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano aprobaron su iniciativa en modo “aplanadora”, con la adhesión de los siempre bien dispuestos, casi incondicionales, representantes del PRI.

Así transcurrió la sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, donde ese pesado bloque mayoritario no solo sacó adelante su proyecto para “carnalear” la figura del próximo fiscal, sino que “mugroseó” a todas las organizaciones civiles que querían participar en la consulta previa para redactar un proyecto ciudadano que le diera vida a la Fiscalía Autónoma.

Eso sí, al sector empresarial sí le prestará oídos, según lo anunció.

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Con el argumento de que las organizaciones demandantes eran “morenistas”, Alfredo Chávez, coordinador parlamentario del PAN, echó para afuera la figura del Parlamento Abierto, al menos para este caso en específico, y se aventó el tiro de someterlo a votación en una sesión donde tenía los votos suficientes; sí, al menos los suficientes para ganarla.

El problema para Chávez es que su máquina armadora de mayorías calificadas lució incompleta, si no es que yonkeada, en la sesión de este lunes, porque no se presentaron a sesionar ni la diputada independiente América Aguilar ni Octavio Borunda, coordinador del Partido Verde Ecologista de México.

Ambos son aliados del aspirante a candidato de Morena a la gubernatura, Cruz Pérez Cuéllar.

Vaya, ni en modo “home office”, tan de moda en los trabajos de las últimas legislaturas, se presentaron los dos faltistas. Mala señal.

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El líder panista dijo, muy ufano, que ya tiene los 22 votos necesarios para reformar la Constitución y dejarle al próximo gobernador un fiscal heredado de la actual administración.

Cuentas más alegres que un niño en Navidad, porque en la sesión de la Comisión de Gobernación no logró ni siquiera tener sentados a todos sus posibles aliados.

El bloque MC-PRI-PAN tiene 18 votos. Necesita cuatro más para alcanzar los 22, pero esta vez no tiene a la mano al PT, como ocurrió durante buena parte de la Legislatura anterior, cuando ese partido se convirtió en aliado frecuente del oficialismo panista.

Tampoco tuvo este lunes los votos de los dos diputados del Verde ni el de la independiente América Aguilar, quienes ni siquiera acudieron a la sesión.

Así que sí: le faltan cuatro. La pregunta es de dónde los va a sacar, porque una cosa es presumir que ya se tienen los 22 y otra muy distinta es conseguirlos cuando llegue el momento de votar en el Pleno.

Y el tiempo avanza. Conforme se acerquen las definiciones de candidaturas de la 4T, conseguir esos cuatro votos podría convertirse en una misión todavía más complicada.