Pese a que el Gobierno federal lo creó en noviembre de 2019 y entró en vigor el 1 de enero de 2020, el Instituto para la Salud y el Bienestar (Insabi) no cuenta aún con reglas de operación. Esto provoca confusión entre los ciudadanos, por lo que legisladores locales emitieron un exhorto a la Secretaría de Salud.
“Las reglas de operación no están definidas, o por lo menos no las comunicaron a la ciudadanía ni a los operadores de los programas”, expuso la diputada del PT Amelia Deyanira Ozaeta. La legisladora juarense, en representación de la Comisión de Salud, presentó ante el pleno del Congreso local el exhorto a las autoridades federales.
“El Insabi inició con una tarea titánica de dar cobertura médica a todos aquellos que no cuentan con ningún tipo de seguridad social”, expresó la legisladora. “Su sola creación representó un incremento en su estructura física para brindar servicios… Además de presupuesto para medicinas, para contratación de personal, lo cual no queda claro”, dijo.
Luego aseguró que el programa del Seguro Popular, puesto en marcha en 2003, no debió cambiar.
Insabi: «Es una ilusión de la 4T querer cargar con todo el paquete»
La Comisión de Salud del Congreso de Chihuahua consideró que “es una ilusión del Gobierno de la 4T de querer cargar con todo el paquete”.
“Ni siquiera se cuenta con un padrón de afiliados, lo que nos habla de la falta de experiencia de quienes hacen la planeación del Insabi”.
Parte de esa incertidumbre se refiere también al cambio de golpe del programa, o si se respetarán las instalaciones utilizadas para el Seguro Popular, o se atenderán a los derechohabientes con nueva estructura, abundó la diputada Ozaeta.
Entre otros puntos, el Insabi ofrece proporcionar atención pública de salud a todas aquellas personas que no cuenten con seguridad social sin ningún costo. Además, ofrece la ampliación del catálogo de enfermedades catastróficas, como cáncer y leucemia.
En su fase piloto el Seguro Popular fue capaz de afiliar a más de un millón de personas entre 2001 y 2003. En febrero de 2005 se había logrado incorporar ya a 31 estados. Por otro lado, cada entidad tuvo la posibilidad de agregar intervenciones al paquete de acuerdo con su conveniencia y capacidad financiera.
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