Dice una popular canción de los años ochenta que algunos tipos “tienen toda la suerte” y sí, efectivamente, abundan aquellos a quienes les sonríe la diosa Fortuna. El juez Séptimo de Distrito en Chihuahua, Luis Eduardo Rivas Martínez, sin duda parece ser uno de ellos.

Después de otorgar un amparo de ignominia en favor de José Luis Arellano Cuarón, propietario de Plenitud, el bien llamado “crematorio del horror”, con base en una serie de argumentaciones que se vinieron abajo al menor empujón jurídico, sigue despachando como juzgador, en el mismo juzgado y sin que nadie lo moleste. ¿Qué tal?

El inculpado a quien concedió el amparo se hizo ojo de hormiga en cuanto puso un pie en la calle. Nadie sabe exactamente dónde se encuentra, aunque se presume que anda en Estados Unidos, país del que es ciudadano. Desde aquel amparo 746/2025, no ha vuelto a comparecer, pese a que el juez de la causa lo ha citado en diversas ocasiones.

De los 386 restos humanos que tenía apilados en Plenitud, el crematorio de su propiedad, y de la fraudulenta entrega de cenizas que no correspondían a las personas fallecidas, ni se ha de acordar a estas alturas. ¿Para qué habría de hacerlo, si anda libre como chanate callejero?

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A Mirone le contaron que, prácticamente desde aquel 14 de febrero, cuando otorgó el amparo que dejó en libertad a José Luis Arellano, la Fiscalía General del Estado (FGE) promovió un recurso de queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial —antes Consejo de la Judicatura Federal— por la muy cuestionable actuación del juez Rivas Martínez.

Para la FGE resultaba inaudito que el juzgador de marras considerara que el inculpado no incurrió en el delito de ocultamiento de cadáveres, cuando había acumulado casi 400 cuerpos sin dar aviso a la autoridad, a las funerarias que lo contrataron para realizar las cremaciones y, mucho menos, a los familiares de las personas fallecidas.

Tampoco pareció pesar el hecho de que el ahora prófugo hubiera entregado urnas con restos falsos o con cenizas que no correspondían a los cuerpos de quienes supuestamente habían sido cremados. Todo eso ameritaba, según el criterio del juez, apenas una “falta administrativa”.

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Lo que más calienta a la FGE y a las familias afectadas es que el responsable del manejo macabro del crematorio Plenitud no solo ande libre, sino —probablemente— en el extranjero, fuera del alcance de la justicia mexicana. Bonita la cosa: prófugo y con una frontera de por medio.

Desde entonces, la autoridad estatal solicitó la emisión de una ficha roja internacional para activar los mecanismos de búsqueda y detención, pero aún no se concede esa petición.

Esto parece el mundo al revés: mientras las familias y las empresas funerarias siguen clamando justicia, el dueño del crematorio que provocó semejante desastre anda libre, y el juez que le abrió la puerta continúa en el mismo cargo.

Luego se extrañan de que la gente deje de creer en las instituciones.

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Ya desde antes de asumir la Presidencia Municipal, Héctor Ortiz Orpinel cargaba con la fama de hacerle al policía malo mientras su jefe, Cruz Pérez Cuéllar, aplicaba toda la mano izquierda para no pelearse con nadie, ni adentro ni afuera.

De alguna manera, al entonces secretario del Ayuntamiento le correspondía endurecer la mano para apretar política y operativamente las tuercas donde había que hacerlo, principalmente con todo el equipo del Gabinete, aunque ahí también Cruz se valía de los oficios de Enrique Licón, coordinador de Administración y Control de Proyectos.

Por lo que se ha visto al inicio de su gestión ya como titular de la alcaldía, Ortiz Orpinel anda en plan muy sonriente y político, pero sin soltar el chicote para que nada en el engranaje se detenga.

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Si en la mañana pidió que se hiciera una limpieza profunda en la glorieta del Kilómetro 20, para la noche ya andaba supervisando que se cumpliera su instrucción. Lo mismo si se comprometió a echar a andar las luminarias de la colonia Juanita Luna.

Ortiz Orpinel hace sonar la vara, como mandando el mensaje a todos en la Administración Municipal de que no vayan a tirarse a la milonga porque ya no está en su silla el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Por lo que supo Mirone, el mensaje va exactamente en sentido contrario: precisamente porque Cruz anda en el proyecto por la gubernatura de Chihuahua, es que hay que redoblar el trabajo adentro y presentar resultados hacia afuera, sin que se quede pendiente ninguna obra y sin dejar que se caigan los servicios municipales.

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Parece que por ahí fue la instrucción de quien ahora busca la coordinación estatal en defensa de la transformación: entregar y mantener las obras para que eso también ayude a la hora de las definiciones internas y en el proceso constitucional que viene.

Como ya lo dijimos: no batalla Ortiz Orpinel para que sucedan las cosas y los funcionarios ya conocen esa forma de trabajo, por lo que únicamente les queda hacer caso a la carrilla y atender las indicaciones del nuevo sheriff del pueblo.

Porque si alguien pensó que con la salida temporal de Cruz vendría un periodo de relajación en la administración municipal, todo indica que ocurrió exactamente lo contrario.

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En el cronómetro político de Chihuahua, los tiempos rumbo a la sucesión de 2027 se han adelantado de una forma que no se había contemplado hasta esta semana.

El acuerdo asumido por Morena, PT y PVEM para lanzar candidaturas comunes en las próximas elecciones locales y federales adelantó los tiempos y, con ello, empujó al alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, a solicitar licencia, retirarse de su cargo y comenzar a armar estructura preelectoral.

Antes, Andrea Chávez había dejado su escaño en el Senado para hacer prácticamente lo mismo: recorrer todo el estado en plan de pre-precampaña. Ya lleva tres meses en eso.

Todo ocurre casi un año antes de que la autoridad electoral comience a contar los votos para saber quién sucederá a María Eugenia Campos Galván en el Gobierno del Estado. Como me la ponga, ella y él ya andan encampañados. ¿Y los otros?

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Esto ha desatado una ola de comentarios en torno a los posibles aspirantes del Partido Acción Nacional y los socios electorales que eventualmente se les puedan sumar.

¿Cómo hacerle para que Marco Bonilla, hasta ahora la carta más fuerte del panismo para contender por la gubernatura, tenga la misma manga ancha para actuar en todo el territorio estatal como sí lo están haciendo Pérez Cuéllar y Chávez?

Hasta ahora, el panismo no tiene una respuesta clara pues, le cuentan a Mirone, el alcalde de Chihuahua sigue sin reunir todas las “bendiciones” necesarias para salirse de su base —el cargo de presidente municipal— para irse a echar grilla y armar su propia estructura.

Es su desventaja: a diferencia de Cruz y Andrea, él sí tiene una jefatura política por encima de él en el estado.

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Lo que le queda a Marco es pisar el acelerador, terminar las obras que tenía programadas para este año y multiplicar los actos de corte de listón. Mientras tanto, seguir tejiendo alianzas, como ya comenzó a hacerlo en el noroeste de la entidad.

Después de todo, si ya se ha dado la chanchita de reunirse con los LeBarón en Ciudad Juárez, ¿qué le dura salir a las ciudades donde el PAN juega como local?

Como sea, los contrincantes ya oyeron el disparo de salida.

El tiempo es oro, dice la canción, y en política es un auténtico lingote. Así que más vale que le apuren a tomar decisiones. El llamado “piso parejo” ya no existe.

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El eterno juicio contra el exgobernador César Duarte Jáquez ya tiene fecha para iniciar su “nueva temporada”: el 1 de julio, a las 9:00 horas, según registros del Tribunal Superior de Justicia.

Para entonces, el inculpado estará a siete días de cumplir seis años privado de la libertad, tanto en Estados Unidos como en Chihuahua, acusado de los delitos de Peculado y Asociación Delictuosa, ambos en modalidad agravada. Sin embargo, el juicio que deberá determinar su culpabilidad o inocencia aún no comienza.

Fue el 8 de julio de 2020 cuando el Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos (U.S. Marshals) lo detuvo con fines de extradición a México, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida en 2017.

El pasado 2 de junio se cumplieron ya cuatro años de su llegada a Chihuahua en calidad de extraditado para enfrentar ante la justicia estatal las dos acusaciones en su contra… y todavía no hay luz al final de ese largo túnel.

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Desde aquel 2 de junio de 2022, mucha agua ha corrido bajo el puente y, sin embargo, prácticamente seguimos en el mismo sitio, sin alcanzar la otra orilla.

De su caso han conocido ya dos jueces y tres juezas, sin contar a los tribunales de Florida que resolvieron a favor de su extradición. Una de esas juzgadoras, Hortensia García Rodríguez, le concedió el cambio de medida cautelar en junio de 2024, lo que permitió su salida de prisión para enfrentar el proceso en libertad condicionada.

Aquella resolución cumplió ya dos años el pasado 5 de junio. La jueza que la dictó incluso fue promovida a magistrada, pero el proceso contra Duarte sigue sin avanzar hacia su etapa definitiva.

Incluso, en el trayecto se le acumuló una segunda causa penal, esta vez por actos equiparables al lavado de dinero. Por ese expediente fue detenido el 8 de diciembre de 2025 y trasladado al penal del Altiplano, en el Estado de México. De ello también han transcurrido ya seis meses.

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Vale decir que los hechos que se le imputan habrían ocurrido entre 2011 y 2015; es decir, tienen entre diez y quince años de antigüedad. La orden de aprehensión, emitida en 2017, cumplirá una década el próximo año.

La jueza Ana Portillo llegó al cargo en sustitución de María Berjes, quien lo obtuvo mediante el voto popular en las elecciones judiciales de 2025. A sus 30 años de edad, enfrentará por primera —y quizá por única— ocasión a un exgobernador sentado en el banquillo de los acusados.

Para el próximo 1 de julio se habrán acumulado todos los aniversarios antes descritos. Esa larga cadena de fechas, retrasos y relevos institucionales ha transcurrido alrededor de un inculpado que, como Duarte, dispone de un equipo altamente profesional de abogados privados.

No se puede culpar ni al inculpado ni al juzgador de esa longevidad. Se trata de un problema estructural, donde la forma prevalece sobre el fondo y lo que queda en el olvido es la famosa justicia pronta y expedita.