Empresas vivienderas dedicadas a comprar casas con problemas legales están llevando a cabo desalojos en Ciudad Juárez sin contar con la orden de un juez, denunció la líder de El Barzón Griselda Sosa.
Familias juarenses que por razones de desempleo dejaron de pagar impuesto predial están siendo visitadas por abogados y representantes de empresas, quienes además se hacen acompañar de policía municipal para amedrentar, acusó.
Este lunes, en un domicilio de la colonia Misiones del Real se presentó un incidente con personas que se presentaron como nuevos propietarios de una vivienda, la cual les habría sido vendida por la empresa Enalte Desarrollos, quienes a través de un documento provisional pretendieron desalojar a Juan Ruiz Ortega y su familia de la casa que habitan en la calle Santa Catalina de Cena #2367.
“Llegaron y quisieron sorprender a la familia con un documento que no es una orden de un juez y por eso pudimos detener el abuso pero estoy segura que así le están haciendo en otras muchas casas y a esa gente no hay quien le ayude”, dijo Sosa al momento que enfrentó a quienes pretendieron realizar el desalojo.
Norte Digital buscó una versión de la empresa Enalte Desarrollos, pero no estuvieron disponibles en los teléfonos publicados en su página de internet.
En el sitio se informa que se trata de una empresa constructora de vivienda con sede en Juárez, que se ha extendido a otras ciudades como Monterrey, Santa Catarina, Chihuahua y Gómez Palacio, entre otras.
De acuerdo con la página, Enalte Desarrollos adquiere viviendas en estados físicos y legales “no aptos para vivir” y los transforma en “viviendas dignas para las familias mexicanas”.
Según Sosa, las constructoras le compran casas a Infonavit y después las venden a nuevos dueños; estos se encargan de armar operativos con la apariencia de que tienen respaldo judicial, para obligar a las personas a entregar las viviendas.
Casos como el de Juan Ruiz Ortega se han multiplicado en esta frontera desde que Infonavit inició procesos de despojo contra miles de derechohabientes que, por perder el trabajo o huir de la inseguridad, dejaron de pagar sus créditos.
El año pasado fue escándalo nacional el descubrimiento de que había miles de viviendas en todo el país que habían sido despojadas a través de subastas públicas de Infonavit, basadas en juicios fraudulentos realizados en Nayarit.
Recién iniciado su sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció que se suspenderían las subastas y no se harían desalojos, sin embargo, en la realidad la situación no cambió.
“Ya le hemos informado al delegado Juan Carlos Loera de la Rosa de la problemática pero no nos da soluciones; incluso cuando vino el director nacional Carlos Martínez le expusimos la situación pero no nos resolvió nada”, reclamó Sosa.
La respuesta de las autoridades federales se nota lenta frente a la acción de empresas dedicadas a la compraventa de casas recuperadas, que venden la casa a nuevos dueños y éstos optan por hostigar a los propietarios originales para obligarlos a dejar los inmuebles.
Hace dos meses la intervención de la organización social barzonista tuvo como resultado que se devolvieran tres casas que les habían sido despojadas a trabajadores, atendiendo a amparos otorgados por la justicia federal promovidos por la activista.
En el caso de Misiones del Real, Sosa explicó que es un expediente añejo ya que el adeudo del predial data de la primera administración del exalcalde Héctor Murguía y la suma adeudada era de aproximadamente 4 mil pesos.
“¿Cómo es posible que con una cantidad tan baja, le quiten a la gente su patrimonio y les inicien procesos de despojo sin siquiera notificarlos?”, cuestionó.
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