Guillermo Zuany Portillo, la pieza clave que falta en todo el entramado del “CIA-Gate”, ha promovido amparos contra todas las autoridades estatales y municipales, pero no contra las federales.

A finales de octubre, el exfiscal de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado presentó una demanda de amparo contra cualquier acto de persecución que emprendan las autoridades estatales. Sin embargo, ese recurso solo le alcanza para protegerse de la orden de aprehensión número 3055/2026, emitida por el juez del Distrito Morelos, Luis Alberto Simental Ortega.

El detalle está en que el exsuperfiscal enfrentará en breve una causa penal derivada de una carpeta de investigación que integra actualmente la Fiscalía General de la República (FGR), por la probable comisión de uno o varios delitos del fuero federal.

Es decir, la cobija judicial que pidió en Chihuahua no le alcanza para llegar hasta los juzgados del centro del país.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch, adelantó que Zuany enfrentará causas penales derivadas de dos carpetas de investigación: una local y otra federal.

No dio más detalles porque, dijo, eso le corresponderá a la FGR, pero, por lo pronto, ya echó de cabeza a uno de los principales exfuncionarios señalados como “traidores a la patria» por permitir la participación de agentes de la CIA en un operativo antinarcóticos en territorio mexicano.

Su antiguo jefe, el exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, ya enfrenta un proceso penal por el delito de «traición a la patria”, derivado precisamente de los hechos en los que cuatro agentes estadounidenses se sumaron a efectivos de la Agencia Estatal de Investigación para participar en la investigación del narcolaboratorio.

No hay razón para pensar que Zuany se salvará de que le echen el guante por el mismo motivo.

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La revelación de la probable acusación federal se produjo justo cuando el nombre de Zuany apareció en un artículo del diario The New York Times, según el cual fue el engrane que permitió la colaboración entre las fuerzas estatales de Chihuahua y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) durante más de seis meses.

En el reportaje titulado “El hombre que ayudó a la CIA a operar en secreto en México”, el NYT presenta a Guillermo Arturo Zuany Portillo como el operador de la participación de los agentes estadounidenses, no solo en el operativo efectuado en El Pinal, en abril de este año, sino también en otras operaciones contra grupos delictivos en distintas partes del estado.

Si esos datos llegaron al diario neoyorquino, es probable que ya estén en poder de la FGR e incluso formen parte de la carpeta de investigación en su contra.

Aquí vale recordar que a Jáuregui le dictaron auto de vinculación a proceso por el caso de El Pinal y nada más. Pero, si el Times tiene razón, a Zuany le cargarían la causa por los seis meses de colaboración con agentes extranjeros sin contar con la autorización del Estado mexicano. Eso suena mucho más pesado.

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En esto de la lucha por las candidaturas y de tumbar a quien ya “amarró” su hueso para 2027, se ve de todo y se recurre a los trucos más baratos, como nos ha mostrado nuestra lustrosa clase política.

Ahora fue una ruptura fake entre el senador Juan Carlos Loera y la virtual candidata a la Presidencia Municipal de Juárez por Morena, Andrea Chávez.

Como hecha con IA o con un pegote tipo Photoshop, la supuesta ruptura entre los dos se mezcló este martes con otros reclamos que presentaron grupos de morenistas inconformes por la forma en que se han asignado las Coordinaciones para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, tanto a nivel estatal como municipal.

Los manifestantes pedían, así, en lo general, que ya no se recurriera al viejo truco de las encuestas “cuchareadas” para repartir candidaturas y que mejor se optara por consultar a la base morenista. De ahí a lanzarse contra alguien en específico, no precisamente, excepto por la manta que apareció ahí, de buenas a primeras.

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Segundo piso del edificio de Morena estatal, ubicado en el corazón de la capital del estado. Un grupo de manifestantes que se autonombraban morenistas “de base” celebraba una asamblea para exigir que las candidaturas municipales no se definieran por encuesta, sino por un método más democrático que tomara en cuenta la opinión de la base.

Pero, sobre todo, expresaron su rechazo al “chapulinismo” y a la asignación de cuotas a cada “tribu” morenista del estado.

Hasta ahí, nada que no hayamos oído, hasta que, al fondo del salón, aparecieron dos personas sosteniendo una manta de plástico en la que se exhibía una fotografía de la senadora con licencia, Andrea Chávez, junto al entonces gobernador César Duarte Jáquez.

Las leyendas lo decían todo: “¡No a la imposición en Ciudad Juárez!”, “¡Fuera exduartistas!” y “¡Exigimos la reposición del proceso en Juárez!”.

Y al final, con letra más grande, de color blanco sobre fondo guinda, el verdadero artículo “gancho”: “¡Loera presidente!”.

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El propio Loera se ocupó de desmentir la campaña contra Andrea y la supuesta ruptura entre ambos, después de recorrer juntos la ruta de la campaña interna para lograr la candidatura al Gobierno del Estado, lo cual no consiguieron.

Sin embargo, el ex de muchos cargos y candidaturas también advirtió que hay “fuerzas oscuras” que quieren dividir a la alianza formada por los grupos que impulsaron la candidatura de Andrea Chávez desde que aspiraba a ser gobernadora y hasta ahora, cuando está enfrascada en conseguir la Presidencia Municipal de Juárez.

Como dicen en el rancho: si el río suena, es porque agua lleva, y aquí hay algo más que una “agüita” de temporal.

Lo que parece es un primer chorro de lo que vendrá en los próximos días, cuando los grupos al interior de la 4T comiencen a pegarse con lo que traigan en la mano para obtener las candidaturas restantes. Ese fue solo un aviso; ya veremos cómo viene el pleito de a de veras.

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Las cosas que vemos hoy en día en la disputa por el voto popular que definirá quién nos gobernará a partir de septiembre de 2027.

La mañana de este martes 10 de noviembre, “morenos” y panistas se trenzaron en una larga discusión en la tribuna del Congreso del Estado sobre el precio al público de la gasolina en sus diversas modalidades.

Todo inició cuando el diputado Carlos Olson, del PAN, subió a la tribuna una iniciativa para promover una reforma de alcance federal para que el precio del combustible no quede por encima de los 20 pesos por litro, llueva, truene o relampaguee, haya o no una guerra en el Golfo Pérsico o una crisis energética en Europa a causa del conflicto entre Rusia y Ucrania.

En respuesta, la diputada Leticia Ortega calificó de “irresponsable” la propuesta de su colega panista, pues consideró que no se puede fijar un precio así como así, sin tomar en cuenta la política fiscal del país, el gasto público contemplado para 2027 y los factores internacionales que inciden en el mercado de los energéticos.

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Aquello parecía el mundo al revés. Si estuviéramos en la década de los 90 o a inicios del presente siglo, podríamos jurar que los papeles estaban cambiados: la izquierda, pidiendo un precio “congelado” de la gasolina, y la derecha, empeñada en mantenerlo sujeto a los vaivenes de los mercados mundiales y a la recaudación fiscal federal.

¡Qué cosas! ¿Cómo cambian los discursos cuando unos se bajan del poder y pasan a la oposición, y cuando los que antes gritaban ahora piden tomar las cosas con calma y pensárselas muy bien antes de decidir sobre ese tema?

En otra época no muy remota, la derecha panista habría advertido sobre los peligros de imponer precios por decreto y se habría pronunciado por dejarlos sueltos, sujetos a las fuerzas del mercado, donde la oferta y la demanda se encargarían de estabilizarlos.

La izquierda, a su vez, pediría un “congelamiento” de los precios de los combustibles para favorecer la economía familiar y contener la espiral inflacionaria.

Todo ese discurso se terminó o, mejor dicho, cambió de bando.

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¿Qué tan viable es la propuesta de Olson? Nada más hay que ver cómo se han movido los precios en los últimos ocho años, en los que ha gobernado la 4T, para comprobar que la cosa no está como para decir “enchílame otra”.

A nivel nacional, el precio de la Magna, la más barata, pasó de 19.29 pesos por litro en 2018 a 23.69 pesos en noviembre de 2026. Es decir, en esos ocho años de 4T subió 4.40 pesos, lo que representa un 22.81 por ciento.

La Premium, que es, digamos, la más “fifí”, pasó de 20.65 pesos por litro a 28.59 pesos en algunas partes de la República. O sea, ha subido 7.94 pesos (38.45 por ciento) en ocho años, mientras que el diésel pasó de 20.60 a 26.98 pesos, para un 30.97 por ciento de incremento.

¿Bajarle así por decreto? Difícil, si vemos que el IEPS a la gasolina reporta al erario 444 mil 357 millones de pesos, un 7.38 por ciento de los ingresos federales.

Vale tener esas cifras en cuenta para restregárselas al candidato que venga el día de mañana a ofrecer que va a bajar los precios o que los “congelará” para que ya no suban.

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Si en Juárez juntáramos las “primeras piedras” que se han colocado para iniciar las obras, ya tendríamos todo un muro que sería la envidia del de Berlín, pero seguiríamos sin tener la obra que con tanta ceremonia nos anunciaron.

Tal es el caso de la primera piedra del casi mítico Centro de Convenciones de Ciudad Juárez.

En la ceremonia hubo de todo: la foto con la gobernadora, el alcalde y la firma de una carta compromiso. Todo bien hasta ahí, excepto que no hay escrituras que les den la posesión legal del terreno a los promotores de la obra.

En el verano de 2025, la gobernadora y el alcalde fueron testigos de la firma con la que la empresaria Laura Zaragoza se comprometió a donar un terreno para construir el centro de convenciones de Ciudad Juárez.

Entonces parecía que por fin se destrababa el proyecto. Después de más de una década de intentos fallidos, se había instalado la idea de que conseguir el predio era el gran pendiente.

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Y cómo no creerlo, si los juarenses hemos visto desfilar primeras piedras en Los Hoyos y el exhipódromo, además de maquetas para la zona centro y El Chamizal. Ubicaciones han sobrado; lo que sigue sin aparecer es el centro de convenciones.

El ofrecimiento de Zaragoza parecía abrir una ruta distinta. Casi año y medio después, el entusiasmo de aquella firma se topa con un pendiente bastante terrenal: todavía no se concreta la entrega de las escrituras.

Se suponía que para estas fechas ya tendría que haberse licitado la obra. Pero seguimos atorados en los papeles del terreno.

Este Mirone se pregunta qué se resolvió realmente con aquella carta compromiso y qué quedó pendiente, porque entre anunciar una donación y disponer del predio para construir hay una distancia que la fotografía del acto no alcanza a cubrir.

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Ahora viene otro obstáculo que no necesita escrituras para hacerse presente: el calendario electoral, ese que echa todo a perder y provoca que las cosas se queden para después.

La preocupación es que quienes se pusieron de acuerdo para respaldar el proyecto terminen metidos en campaña, buscando otro cargo o preparando la salida, mientras el centro de convenciones sigue esperando turno.

Si con los protagonistas sentados a la misma mesa no han podido destrabar la entrega del terreno, habrá que ver cuánto sobrevive de aquel compromiso cuando cada quien ande haciendo sus propias cuentas políticas.

Sin duda, Ciudad Juárez ya se conoce muy bien esa película: cambian los Gobiernos, cambian los predios y cambian las maquetas, y el pendiente —por los siglos de los siglos— se queda.