“Yo creo de entrada que lo que dijo la niña, debe ser correcto, debe ser verdad, pero no me toca a mí decidir, no soy juez”, afirmó este martes el subsecretario de Educación Zona Norte, Roberto Anaya Moreno, en relación con el caso de presunta violación con penalidad agravada, ocurrida en un colegio privado de la frontera, a principios del año.
La víctima fue una niña de 3 años, quien presentó lesiones y síntomas conductuales derivados de una agresión sexual, posiblemente perpetrada dentro de las instalaciones del Colegio Americano de Ciudad Juárez, plantel Misiones, determinaron dictámenes periciales.
De acuerdo con los documentos presentados por Fiscalía, a los que Norte Digital tuvo acceso, el hecho presuntamente constitutivo de delito pudo ocurrir entre el 28 y el 29 de enero, según las lesiones que confirmó el médico legista.
Un día antes que la madre y abuelas de la menor salgan a protestar afuera del edificio del Poder Judicial del Estado para pedir la destitución de la jueza que dejó libre a la presunta agresora, el funcionario estatal remarcó que, así como tomaron medidas dentro del colegio, también es su obligación respetar la presunción de inocencia.
“Yo no creo que una niña de 3 años invente que la toquetearon o que la maltrataron. Yo no creo que una niña tenga esos alcances”, puntualizó.
No obstante, también estimó como “un absurdo” la petición de los familiares de quitar el registro a la escuela porque -dijo- estarían castigando no solo a los directivos o los dueños, sino a todos los alumnos de la institución educativa.
“Se los dije la semana pasada, que la secretaría de Educación no puede hacer lo que está pidiendo su abogada, que venía (con esa petición) a incendiar el tema”, agregó. “Pónganse nada más en los zapatos de los demás padres de familia ¿qué culpa tienen ellos?”.
El responsable de Educación en la zona norte precisó que las acciones de la familia fueron las correctas, tanto denunciar lo ocurrido ante la Fiscalía General del Estado (FGE) como presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Cuestionado sobre las acciones que realizó la dependencia que encabeza desde que se tuvo conocimiento del hecho, respondió que aunque él aún no estaba en el cargo (fue nombrado en marzo a la salida de Maurilio Fuentes), a los 15 días se retiró a la persona acusada del colegio.
Dijo también que aplicaron el Protocolo Único para la Prevención, Detección y Actuación en Casos de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes.
¿Qué dice el protocolo?
Dicho procedimiento, disponible en Internet, señala que, en casos de abuso sexual o maltrato, el punto número uno es “evitar poner en duda la versión del niño, niña o adolescente o mostrar incredulidad”.
El punto dos es dar a conocer los hechos al director del plantel o a la siguiente autoridad superior que contempla la estructura educativa.
De acuerdo con el documento, el tercer punto es denunciar ante Fiscalía, enseguida el cuatro es informar al padre, madre o tutor, y el quinto, elaborar un acta de hechos.
En el número seis, se debe informar a la supervisión de zona; en el siete, hacer lo propio en el nivel educativo correspondiente y en el ocho, integrar un expediente y registro del caso, para el archivo de la escuela, el cual debe resguardarse con la debida discreción.
De acuerdo con la formulación de imputación del Ministerio Público, la enfermera Leslie Aracely R. C., algún día de finales de enero de 2026 “introdujo sus dedos en la vía vaginal” de la pequeña de 3 años 10 meses.
Este hecho ocurrió –según la investigación de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM)– en el interior del Colegio Americano Misiones, ubicado en paseo de la Victoria 8051 del fraccionamiento Paseos del Nogal.
Después de tener a su escrutinio los datos aportados por las partes, la jueza del Tribunal Mixto Especializado en Violencia de Género, Gabriela Lizeth Gómez García, quien conoció el caso desde un inicio, estimó que no había suficientes pruebas para vincular a la enfermera.
Actualmente existe un recurso de apelación contra ese auto de no vinculación de la jueza, informó este martes la abogada de la familia de la menor, Olivia Aguirre Bonilla, el cual, dijo, fue radicado en la tercera sala penal del Distrito Judicial Bravos.
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