En una carta dirigida al subsecretario de Educación, Alberto Anaya Moreno, la madre de la niña que presentó huellas físicas y psicológicas de agresión sexual en febrero, pidió que la autoridad estatal, retire el permiso de validez oficial a un colegio privado de Ciudad Juárez.
“Es evidente que el Colegio Americano no cuenta con espacios libres de violencia y se vulneró la integridad personal y el libre desarrollo de mi menor hija”, señaló la madre de la víctima, Yahaira Ortiz, en la misiva cuya copia fue compartida con Norte Digital.
El escrito fue recibido en la subsecretaría de Educación y Deporte Zona Norte y en la Oficina de Convivencia Escolar zona norte, el pasado 15 de junio.
Consultada al respecto, la abogada de la familia, Olivia Aguirre Bonilla, sostuvo que, por los hechos ocurridos a principios de año, quedó demostrado que en ese colegio no se garantizan espacios libres de violencia “como lo ordena el artículo 74 de la Ley General de Educación”.
Dicho precepto establece que las autoridades educativas deben “promover el derecho a una vida libre de violencias, para generar una convivencia democrática, basada en el respeto a la dignidad de las personas”, remarcó.
Planteó que el citado artículo, también advierte que los colegios deben cumplir funciones directivas y de supervisión “para prevenir y atender la violencia que se ejerza en el entorno escolar”.
La familia de la menor hace preparativos este martes, para realizar mañana una manifestación exigiendo justicia, afuera del edificio del Poder Judicial en el eje vial Juan Gabriel de esta frontera.
Específicamente, presentarán un recurso ante el Tribunal de Disciplina Judicial en contra de la jueza del Tribunal Mixto Especializado en Violencia de Género, Gabriela Lizeth Gómez García, quien determinó no vincular a proceso a la enfermera señalada, identificada como Leslie Aracely R. C.
De acuerdo con la causa penal 938/2026, en un periodo entre enero y febrero de este año, la menor de 3 años 10 meses, fue violentada sexualmente, al parecer por la imputada.
La agresión fue corroborada por estudios ginecológicos y pruebas psicológicas, aplicadas tanto por médicos del Hospital Infantil de Especialidades del Gobierno del Estado, como por peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos dictámenes fueron presentados en la audiencia de imputación el 8 de abril de este año.
Respecto a la solicitud de revocar la autorización o reconocimiento de validez oficial al colegio, la abuela de la niña, Graciela Echavarría, también maestra en el sistema estatal, relató que desde el mes de febrero de este año acudió a las oficinas de Educación en Pueblito Mexicano.
Hasta la fecha no le han dado información relativa a que hayan tomado medidas correctivas en el citado colegio privado.
“Yo acudí en febrero con la inspectora de la zona escolar, que es la inspectora de kínder de los colegios y me dijo sí, no se preocupe, yo voy a ir a supervisar y voy a mandar grupos de apoyo para que se vea si hay más casos”, refirió.
Sin embargo -agregó- ya pasaron febrero, marzo, abril, mayo y junio, y la estuvo buscando la semana pasada, incluso le dejó su teléfono “y nunca se dignó contestarme”.
Hoy hace ocho días, Echavarría se reunió con el subsecretario de Educación, Roberto Anaya Moreno, y la falta de respuesta institucional, dijo, fue similar.
Antes del cierre de esta nota, Norte Digital buscó una postura oficial del funcionario; en su oficina informaron que la darían a conocer más tarde hoy.
Sobre el tema, Aguirre Bonilla recordó que tanto en el plantel de Misiones, como en el de avenida Del Charro, la escuela estaría incumpliendo fracciones I y IV del artículo 128 de la misma ley de Educación.
Dichos preceptos señalan que se debe revocar la autorización o reconocimiento de validez oficial, cuando se advierta que la institución tiene personal docente en funciones sin contar con la preparación profesional o autorización correspondiente o cuando se realice “algún acto que contravenga la presente ley”, explicó.
La legista hacía referencia a que también en el plantel de avenida Del Charro, ocurrió un caso similar en el año 2022, en el cual, otro juez exoneró a una maestra de la institución acusada de agredir sexualmente a una niña dentro de las instalaciones del colegio, en un proceso civil interpuesto por la familia de la menor.
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