A raíz de la investigación patrocinada por Ciudadanos por el Interés Público, a.c. y publicada en Norte, Gobierno del Estado ‘cumplió’ la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos enviando dos oficios a los hospitales involucrados en el caso
Después de la publicación del reportaje Yesenia Pineda, justicia negada, el gobierno del estado de Chihuahua intentó negociar con la familia de la víctima, al margen de la investigación que desde hace casi dos años tiene abierta la Fiscalía General del Estado y la cual, hasta el cierre de esta edición, no se ha judicializado.
En forma paralela desde marzo de 2018 la Secretaría de la Función Pública inició un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de personal de hospitales del gobierno del estado que intervinieron en la atención médica de la joven madre juarense de escasos recursos económicos.
La oficina de Estefany Olmos informó a Norte de Juárez que el procedimiento continúa conforme a la normatividad aplicable en materia de responsabilidades administrativas, pero solo hasta que éste concluya “habrá posibilidad de darle más información al respecto”.
A mediados de octubre el fiscal zona norte Jorge Nava dijo a medios fronterizos que la investigación ministerial se enfocaría a partir de ese mes en el hospital general de Chihuahua, donde Yesenia recibió atención desde el 4 de mayo de 2016 hasta el día en que murió casi un año después.
Por lo que se pudo indagar antes del cierre de esta nota, a ninguna de esas dos dependencias se le veían intenciones de concretar algún tipo de sanción a los responsables.
Buscan negociar la impunidad
La directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) Regina Tamés confirmó a NORTE de Juárez que después de la publicación del trabajo periodístico, el propio secretario de Salud Raúl Grajeda se comunicó con ella para pedirle colaboración en la implementación de políticas públicas para mejorar la atención a la salud materna en los hospitales de Chihuahua.
Sin embargo, la postura de Tamés fue que GIRE no podía colaborar con el gobierno de Chihuahua hasta que no se atendiera de manera completa el caso de Yesenia.
“El secretario nos llamó para pedirnos apoyo en políticas para prevenir muerte materna; le dije que primero reparara a la familia de Yesenia ya que uno de los puntos de la reparación deberían ser medidas de no repetición”, expresó Tamés.
La madre de Yesenia, Guadalupe Tafoya Maqueda, también fue requerida por la secretaría de Salud, al parecer para buscar la manera de resarcirle el daño, pero al margen de la investigación ministerial que sigue abierta y sin resultados hasta la fecha.
Ella les informó que cualquier asunto relacionado con el caso lo trataran con los representantes de GIRE, quienes la están asesorando por la vía jurídica.
De acuerdo con GIRE mientras la investigación abierta en la Fiscalía General del Estado por la denuncia interpuesta por la propia Yesenia continúe empantanada, no habrá forma de aceptar una reparación.
Pretenden resolver la negligencia con dos oficios
Ante los señalamientos de posible mala práctica médica en el caso de Yesenia Pineda Tafoya, el gobierno del estado de Chihuahua respondió enviando dos oficios a los directores de los hospitales involucrados.
Los oficios fueron dirigidos a los directores del Hospital de la Mujer de Ciudad Juárez y del Hospital General de Chihuahua, Luis Alonso Guzmán Villegas y Carlos Benítez Pineda, respectivamente, con fecha 8 de noviembre de 2018, un día antes de que el secretario de Salud aceptara hablar del tema con Norte de Juárez.
Documentos oficiales a los que NORTE de Juárez tuvo acceso, confirman que quienes atendieron a la paciente, entre el 27 de marzo de 2015 cuando dio a luz a una bebé de 3.7 kilos, hasta que falleció el 14 de marzo de 2016, incurrieron en violaciones a por lo menos tres normas oficiales mexicanas.
Las normas violentadas por personal de los hospitales de la Mujer en Ciudad Juárez y el General “Dr. Salvador Zubirán Anchondo” de Chihuahua, ambos administrados por el Estado a través del Instituto Chihuahuense de Salud y Servicios de Salud de Chihuahua, tienen que ver con la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, en lo concerniente a criterios y procedimientos para la prestación del servicio.
También fueron incumplidas normas oficiales sobre el manejo del expediente clínico y la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.
Todas esas irregularidades fueron señaladas en la recomendación número 52/2017 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) desde diciembre de 2017 al entonces secretario de Salud Ernesto Ávila.
Sin embargo no fue sino hasta el pasado 9 de noviembre cuando el actual secretario Raúl Grajeda envió los dos oficios ya referidos a los directores de los hospitales involucrados ordenándoles que corrijieran en el futuro la aplicación de esas normas.
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