La diputada local María Antonieta Pérez Reyes calificó como una irresponsabilidad y una afrenta a la memoria de uno de los custodios del Cereso estatal número 3, el hecho de que la autoridad haya negado una relación laboral de Gobierno del Estado con él.
En su calidad de coordinadora de la defensa de nueve familias que perdieron a sus parientes en el motín del Cereso el 1 de enero del 2023, mencionó que continúan en la búsqueda de una indemnización por la vía civil para los deudos, pero lo que se han encontrado es con una actitud de insensibilidad por parte de la gobernadora María Eugenia Campos.
Señaló que con gran pesar estuvo la titular del poder Ejecutivo el día del sepelio de los 10 custodios, donde incluso pidió que la consideraran como su hermana, sin embargo en la realidad lo que han encontrado es una mala actitud por parte del secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, quien ha empantanado, retrasado y negado toda clase de apoyo que pudiera dársele a estas familias que están pidiendo una indemnización justa.
Anotó que el equipo jurídico de la SSPE, en lugar de dar respuesta a las familias, se pusieron a litigar las demandas, con lo cual demostraron cero sensibilidad y empatía.
Sostuvo que no solamente están litigándole a las familias el derecho a una indemnización, sino que ahora contestan en el caso de uno de los custodios asesinados, Guadalupe Gómez Galán, que no tiene carácter de empleado.
Pérez Reyes mencionó que no saben si la respuesta que ya dieron a través de un gran legajo de más de mil cuartillas, lo darán en lo particular por cada uno de los nueve custodios asesinados.
Respecto al caso de Guadalupe Gómez Galán, subrayó que de manera incongruente, la SSPE sí lo reconoce como elemento de la Policía de Seguridad y Custodia Penitenciaria del Cereso pero no como empleado de Gobierno del Estado.
Explicó que en lo personal sirvió de gestora con las familias, para que recibieran en su momento las liquidaciones mínimas que les correspondía por ley, como la pensión, cobertura para la familia y sus hijos, así como un cobro de un pequeño seguro y sueldos finales.
Refirió que si no eran empleados, cómo fue posible entonces que se les pagaran esas indemnizaciones.
Calificó como una irresponsabilidad, una falta de respeto a la memoria del custodio referido, que le nieguen su relación laboral, cuando fue empleado desde 1998 de la Procuraduría de Justicia del Estado y celador en la Fiscalía desde el 2018 y después al Cereso.
Destacó que al haber entregado al Estado casi 30 años de su vida, ahora lo quieren negar, lo cual le parece algo indigno, porque fue un hombre que fue asesinado cobardemente por la falta de vigilancia y de orden en los Ceresos.
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Por Francisco Luján
