Las demandas interpuestas por familiares de diez custodios del Cereso estatal número 3 aún no tienen sentencia, aunque confían en que la resolución se emita a la brevedad.
Raúl Esparza Silva, abogado del despacho “Lex Iusta”, indicó que esperan que el fallo se dé antes de que concluya el año, ya que el proceso se ha retrasado luego de que las diez denuncias se unificaron en un solo expediente.
Los custodios fueron asesinados el 1 de enero de 2023, durante la fuga de 30 personas privadas de la libertad, encabezadas por Ernesto Piñón de la Cruz, alias El Neto. En ese mismo evento también murieron siete internos.
El caso de los custodios corresponde al magistrado presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), Alejandro Tavares Calderón.
Esparza Silva explicó que ya existe resolución en el caso de un interno cuyos familiares también interpusieron una demanda por daño moral; sin embargo, el expediente relacionado con los custodios permanece sin sentencia.
En la demanda se solicita una indemnización por daño moral que alcanzaría los 40 millones de pesos por cada custodio (30 millones por daño moral y 10 millones por afectación al proyecto de vida), lo que sumaría un total de 400 millones de pesos.
De acuerdo con el litigante, la siguiente etapa del proceso corresponde a la presentación de alegatos, que contempla un periodo de cinco días; posteriormente se cierra la etapa probatoria y se emite la sentencia.
Subrayó que el procedimiento ha sido lento.
“Deben emitir sentencia en 45 días y cinco días para alegatos, pero no nos han notificado”, señaló.
Añadió que los abogados de la Fiscalía General del Estado y de la Dirección de Centros Penitenciarios han respondido de manera limitada a los recursos legales, y que las defensas presentadas fueron desestimadas. También indicó que no se aportaron pruebas periciales, entre otras omisiones en la estrategia jurídica.
Esparza Silva detalló que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) realizó una investigación en la que se documentaron fallas en el Cereso que ponían en riesgo la seguridad, entre ellas la sobrepoblación.
Agregó que la propia autoridad estatal reconoció la necesidad de reparar el daño, pero ha retrasado el cumplimiento.
Finalmente, comentó que los familiares de los custodios expresan inconformidad por la falta de resolución, especialmente porque en otro caso —el de un interno— la sentencia ya fue emitida.
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