Un Tribunal Colegiado solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el amparo interpuesto por personas desplazadas de Chihuahua en contra del Senado de la República, por haber incurrido en omisión legislativa.
En un comunicado de la Asociación Civil Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), se indicó que el Senado no emitió la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, ante lo cual se promovió el amparo por integrantes del colectivo de familias en condición de desplazamiento forzado de las comunidades de El Manzano y Monterde en la Sierra Tarahumara.
Contec informó que el reclamo central es que se detuvo el proceso para emitir la ley general sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI), además de que se violó el proceso legislativo al incumplir los plazos establecidos en su reglamento interno.
El amparo se interpuso en marzo del año 2024; sin embargo, el juzgado de Distrito que lo conoció, determinó sobreseer el amparo el 28 de junio de 2024, pues consideró que se trataba de actos exclusivamente parlamentarios y que, de resolver, se estaría violando el principio de separación de poderes y de facultades constitucionales.
Ante el sobreseimiento, los quejosos inconformes promovieron recurso de revisión con apoyo del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Chihuahua.
El 16 de octubre de 2026, el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa resolvió solicitar a la SCJN, el ejercicio de su facultad de atracción del amparo, dado la trascendencia de los tópicos que se analizan y la existencia de diverso amparo con tema similar.
Los promoventes consideraron que con la omisión de legislar sobre el DFI se violentan derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales.
Destacaron que legislar en materia de migración, es una facultad otorgada constitucionalmente al Congreso de la Unión.
De acuerdo con Contec, el amparo evidencia la ausencia de un marco normativo federal, por lo que se busca que el Estado cumpla sus obligaciones constitucionales y signadas en los tratados internacionales a fin de garantizar el vital mínimo a las personas en condición de DFI (comida, ropa, vivienda, salud, educación, entre otros), así como seguridad, apoyo psicosocial y acciones de prevención.
“Esta decisión del Tribunal Colegiado es relevante, ya que se sitúa en medio de la crisis del desplazamiento forzado interno y reconoce que el asunto no trata solo de un conflicto local en Chihuahua, sino que impacta la política nacional de migración y derechos humanos como una problemática que no ha sido debidamente atendida, entre otras cosas, por la falta de jurisprudencia y normatividad específicas”, indicó la asociación.
Contec espera que el Senado emita una la ley contra el desplazamiento que beneficie a las familias que han sufrido el despojo de sus territorios, de su cultura, de sus hogares y patrimonios, pero también de sus proyectos y modos de vida, de la seguridad, tranquilidad e inclusive de sus seres queridos.
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