Durante la audiencia de revisión de obligaciones impuestas por la causa penal 237/23 contra Francisco Garduño Yáñez, en la que fue exculpado de la muerte de 40 migrantes y las lesiones de otros 27 en el incendio del 27 de marzo de 2023, se exhibieron dos posturas muy claras.
Mientras que la defensa del imputado y representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas e Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), entre otras, dejaron clara su conformidad para que se decretara la absolución del funcionario, para las víctimas todo fue una simulación.
La asesoría jurídica particular que las apoya, en específico a 10 sobrevivientes del incendio y 10 núcleos familiares de personas fallecidas, consideró que no se acreditó el cumplimiento de las obligaciones y sostuvo que el ex comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) tiene que enfrentar consecuencias penales.
En medio de los alegatos y términos jurídicos, por medio de videollamada, los afectados directos e indirectos de la tragedia siguieron los pormenores de lo que sucedía en el Centro de Justicia Penal Federal en esta frontera.
Hubo conexión simultánea a diversos lugares, como a la Ciudad de México, San Juan del Quiché, Guatemala, y otras localidades de ese mismo país, además de localidades de Venezuela.
En su turno, las víctimas expresaron su sentir. La primera en hacerlo fue un hombre identificado como Gaspar, cuya lengua materna es el quiché, por lo cual se tuvo que conseguir una intérprete para que pudiera traducirle y explicarle los pormenores de la audiencia.
Manifestó que entendía lo que estaba sucediendo en la sesión y pidió apoyo para tratar su enfermedad, que le provoca dolor de cabeza; aunque buscó atención médica en su comunidad, no se cuenta con neurólogo ni equipo especializado para atenderlo.
“Tengo dificultades para trabajar, la enfermedad me impide trabajar y cuando trabajo tengo náuseas, ansiedad, presión alta o dificultad para respirar. A veces no me funcionan los pulmones. Quiero seguir adelante”, expresó en quiché, mientras su intérprete lo tradujo al español.
La víctima indirecta de iniciales E.L.P., esposa del fallecido M.A.M.M, quien pidió al juez que hiciera justicia, no solo por las víctimas de este caso, sino que también garantice que la tragedia no se repita.
Señaló que el dolor que causaron a las familias, quienes perdieron no solo a un ser querido, sino también el sustento de quienes se quedaron en sus países de origen.
“Sí él dice que abran la puerta, no le hubiera quitado su padre a tantos niños que se quedaron huérfanos”, comentó.
Agregó que durante el proceso penal ni siquiera le han entregado las pertenencias de su ser querido y que no ha recibido asistencia de ningún tipo, enfatizando que se enteró del incendio por medio de redes sociales.
“Piense lo que va a hacer, no quiere que se vuelva a repetir, hoy somos nosotros, mañana quizás sean otras personas”, solicitó al juez.
Otra víctima indirecta, de iniciales J.P.M.F y originaria de Venezuela, expresó que no le habían explicado la forma en que podían acceder a la atención médica por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Aunque agradeció la indemnización que le entregaron, ha sido insuficiente para atender las secuelas físicas y emocionales que sufre tras el incendio.
Enfatizó que hubo fallas al momento de proveerles el servicio médico y sugirió que deben dar facilidades para que las víctimas puedan tramitar su residencia en México.
En caso de que esa alternativa no sea viable, debe otorgarse una pensión vitalicia a las víctimas en sus países de origen para garantizar una atención médica integral, ya que sería una simulación si únicamente se otorga en donde ocurrieron los hechos.
Reconoció que en Venezuela se vive una situación económica y política compleja que obliga a sus habitantes a buscar oportunidades en el exterior, por lo que se debió ayudar a las víctimas garantizando su atención integral en México, pero no únicamente con un convenio del IMSS.
“Debería haber algo más que permita a las familias salir verdaderamente adelante”, mencionó.
Por su parte, la víctima indirecta de iniciales W.A.J.H., quien al inicio pidió disculpas por las dificultades que tenía para hablar, manifestó que tras el incendio quedó con secuelas médicas graves que le provocan padecimientos neurológicos, así como dificultad para respirar, dolor en los riñones y afectaciones emocionales.
Puntualizó que a tres años del incendio no ha recibido atención médica ni psicológica y que la cantidad que le dieron para reparar el daño “no es nada”, lo que consideró injusto y expresó que se sentía mal, triste, angustiado y sin saber qué hacer con su vida.
“Con la cantidad pensaron que con eso me va alcanzar, pero no, no es así. Creo que ellos arruinaron mi vida y tengo muchas enfermedades, me falta el oxígeno, tengo sequedad en la boca, dolor de cabeza, dolor de riñones, muchas enfermedades”, afirmó.
Finalmente, la víctima indirecta G.S.Q.M., familiar del fallecido J.F.Q.M. de origen guatemalteco, aprovechó el espacio para protestar, de manera anticipada, por la decisión del juzgador, ya que afirmó que en México, “parece que premian a los malos funcionarios en lugar de castigarlos”.
Remarcó que, durante este tiempo, han sido la burla de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceave) ya que, hasta antes de las disculpas públicas no se habían presentado con algunas de las víctimas ni tampoco les habían informado quienes eran sus asesores jurídicos.
En la celebración de la disculpa pública, el 26 de septiembre de 2025 en la Ciudad de México, las autoridades les hicieron vivir un infierno similar al que vivieron sus familiares, ya que hubo personas que no comieron desde su llegada a México, por lo que era claro que “no fueron bienvenidos”, declaró.
Agregó que espera que Garduño Yáñez tenga la conciencia tranquila al saber que, por sus omisiones, hay una menor de edad en Guatemala que crecerá viendo videos en el que su familiar murió en medio de “una carne asada”.
“Las disculpas de Dios no sé si las vaya a tener, las nuestras no las tendrá nunca”, aseguró.
Juez concluye que se cumplieron condiciones, pese a rechazo de las víctimas
Con respecto a las manifestaciones de las víctimas, el juez de control, Víctor Manlio Hernández Calderón, aseguró que tomó en cuenta sus manifestaciones para emitir su resolución.
Dijo entender el dolor que vivían las víctimas y compartió el hecho de que no se sintieran satisfechos con actos como la disculpa pública o el pago de la indemnización, misma que “no era suficiente para reparar todo el daño provocado ni nunca será suficiente”.
No obstante, mencionó que era su labor calificar únicamente si Garduño Yáñez había cumplido con las condiciones que le impusieron para la suspensión condicional del proceso penal y que no era su labor “juzgar el trabajo y la responsabilidad de los involucrados”.
Es decir, que el excomisionado del INM y su defensa legal no estaban obligados a garantizar directamente la atención a las víctimas, sino a cumplir con lo acordado.
Si bien lamentó las situaciones difíciles por las que atraviesan, consideró que no habían motivos suficientes para negar la extinción de la acción penal en favor de Garduño Yánez.
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