A más de cinco meses del inicio del proyecto para mejorar el transporte público en Ciudad Juárez el avance ha sido mínimo ante la resistencia del gremio a invertir para que sus unidades estén dentro del modelo-año que establece la ley con un máximo de 10 años de antigüedad y se confrontan con las autoridades al grado de que, en varias ocasiones, han abandonado las mesas de negociaciones, indicaron personas relacionadas con el proceso entrevistadas por Norte Digital.
A condición de reservar su identidad, porque no están autorizadas a hablar de forma pública de la situación, revelaron que el Gobierno del Estado impuso un voto de silencio entre los funcionarios, dado que sus declaraciones son utilizadas por los transportistas para argumentar afectaciones y negarse a continuar con el plan de renovación de unidades y cancelación de concesiones.
Los informantes indicaron que han sido varias las veces que los transportistas se retractan de su compromiso con la autoridad estatal y “rompen lanzas” con los funcionarios, situación que mantiene “atorada” la renovación del sistema.
Sin embargo, dijeron, la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, ha afirmado que no cederá a las presiones de los concesionarios, quienes deberán de cumplir con el pacto que sostuvieron ambas partes para mejorar el servicio de traslado de personas en esta frontera.
Aunque inicialmente el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, afirmó que los transportistas tendrían tres meses para renovar su parque vehicular a partir del 6 de abril pasado, cuando se autorizó un aumento a la tarifa de 8 a 10 pesos en el sistema BRT y a 12 en las rutas tradicionales, el plazo fatal no fue respetado.
Sin avance en las cancelaciones
Hasta ahora se ha omitido informar sobre el proceso de cancelación de concesiones, a pesar de que el pasado 13 de julio, ya superado el plazo de tres meses. De la Peña Grajeda declaró que serían canceladas 234 concesiones “a la de ya”, lo que no ocurrió a pesar de que esos permisos permanecen sin prestar el servicio.
Durante el proceso, el funcionario incurrió en contradicciones: por ejemplo, en abril anterior declaró que en la ciudad había mil 202 concesiones vigentes, aunque únicamente estaban operando 512 y especificó que solo 92 estaban dentro del año-modelo permitido, mientras que 381 tenían 15 años, 474 llegaban a los 20 años y 255 eran todavía más viejas.
Sin embargo, para julio pasado esos números cambiaron, ya que dio a conocer que había solo 891 concesiones vigentes, de las que 412 estaban funcionando, 73 cumplían con el año-modelo y 479 estaban sin operar.
Esa fue la última vez que el funcionario habló en Ciudad Juárez sobre el proyecto de renovación.
El 24 de agosto, el subsecretario de Transporte en el estado, Luis Manuel Aguirre Aguilera, dio a conocer que los transportistas adquirieron 78 unidades que cumplen con el año-modelo, con lo que sumaban apenas 151 las que cuentan con esa característica.
Posteriormente, ni Aguirre Aguilera ni el nombrado como director de Transporte en la Zona Norte el pasado 19 de julio, Alberto Martínez Baylón, han respondido a solicitudes de información sobre el tema.
El representante del Gobierno estatal en Ciudad Juárez, Oscar Ibáñez Hernández, indicó que únicamente De la Peña Grajeda puede dar información específica del proyecto y aceptó que publicaciones periodísticas “afectaron” una negociación con transportistas sin ofrecer mayores detalles.


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