La pistola Colt calibre 38 súper que el sicario Ramón Andrés Zavala Corral usó para asesinar a la periodista Miroslava Breach se convirtió en noticia internacional.
Es una de las 340 mil armas que entran ilegalmente a México cada año. El Gobierno federal la puso como ejemplo del daño que causa el tráfico de armas.
Lo anterior en una demanda en la corte de Massachusetts contra 11 fabricantes de armas estadounidenses, cuyo contenido difundió ayer el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard en una conferencia de prensa.
En contraste, el mismo Gobierno mexicano no ha informado ningún avance sobre las órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar contra otros dos sujetos acusados de participar directamente en el crimen de Miroslava.
Uno es el presunto autor intelectual, identificado por la propia Fiscalía Especializada en Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) como José Crispín Salazar Zamorano.
Uno de los objetivos prioritarios que generan más violencia en la zona de Chínipas según dio a conocer públicamente la propia Fiscalía de Chihuahua.
El otro presunto homicida quedó identificado desde el inicio de las indagatorias de la Fiscalía estatal como Wilbert Jaziel Vega Villa.
Es el sujeto que conducía el vehículo que llevó al tirador hasta la casa de la reportera.
En el caso Miroslava solo hay dos delincuentes presos: Juan Carlos Moreno Ochoa, orquestador del crimen, y Hugo Shultz, cómplice auxiliador.
New York Times ya había referido el nexo entre tráfico de armas y el asesinato de Miroslava
Desde febrero de este año el especialista Ioan Grillo tocó el tema del tráfico armas en un artículo publicado en The New York Times, aludiendo directamente el caso de Miroslava.
El sujeto que asesinó a la periodista, el 23 de marzo de 2017 afuera de su casa en la colonia Lomas Vallarta de la ciudad de Chihuahua, usó la pistola Colt 38 que sirvió de argumento a la autoridad federal para publicitar su reclamo.
Se trata de una edición especial puesta en el mercado en el año 2008 por el fabricante de armas Colt, con sede en Connecticut.
La pistola incluía una imagen del revolucionario Emiliano Zapata con la frase grabada “es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado”.
Grillo planteó en su artículo la ironía que significa que un arma estadounidense, decorada con la imagen de un mexicano que luchó por la libertad, fuera usada para silenciar la libertad de expresión.
La Colt 38 súper que el pistolero Zavala Corral -asesinado en diciembre de 2017 en Álamos, Sonora- usó para ultimar a la reportera se localizó en la escena de otro crimen en abril de 2017.
Sobre la demanda del Gobierno mexicano se informó que fue dirigida contra algunos de los principales fabricantes de armas como Smith & Wesson; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta; Century International Arms; Colt’s Manufacturing Company; Glock; Sturm, Ruger & Co y Witmer Public Safety Group.
En cuanto a las órdenes de aprehensión contra Crispín Salazar y Wilbert Jaziel, ninguna autoridad estatal o federal ha dado a conocer avances. Ambos sujetos están incluidos en pesquisas del grupo de coordinación para la paz desde 2019.
Caso Miroslava: Dos sentenciados, varios prófugos y dos panistas aún sin enfrentar a la justicia
Uno de los hombres que ya recibieron sentencia, mantiene su lucha jurídica por salir de prisión
Por Alejandro Salmón Aguilera
Hugo Shultz, “el bueno”, quiere la libertad anticipada
La culpabilidad de Hugo Amed es cosa juzgada, advirtió ayer la juez María Elena López, durante la audiencia que se le sigue al sentenciado, involucrado en el asesinato de la periodista Miroslava Breach
Por Alejandro Salmón Aguilera
Desecha juez testimoniales de descargo que pretendía presentar la defensa de Hugo Amed S.A.
La culpabilidad del copartícipe en el homicidio de Miroslava Breach ya es cosa juzgada, y la audiencia es para determinar si se le da la libertad condicional, señala la juzgadora
Por Alejandro Salmón Aguilera
Ocho años sin que se haya hecho justicia para Miroslava Breach, la compañera periodista y amiga solidaria que nos quitaron
Integrantes del gremio periodístico local leyeron un pronunciamiento en el que exigen a las autoridades detener a los presuntos responsables de haberla privado de la vida
Por José Estrada
