Una resolución del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua (TEE) derivó en una reforma electoral considerada histórica para el reconocimiento de los derechos político-electorales de los pueblos indígenas en la entidad.
La nueva disposición constitucional establece establecer mecanismos que les permitirán elegir a sus representantes municipales conforme a sus propias formas de organización, sus usos y sus costumbres.
El TEE dio a conocer que la resolución resultó de una acción colectiva promovida por integrantes de los pueblos Rarámuri, Chinanteco, Mixteco, Purépecha y N’dee/N’nee/Ndé, quienes solicitaron la protección de sus derechos político-electorales y el reconocimiento de mecanismos de participación acordes con su derecho a la libre determinación y a sus formas propias de organización comunitaria.
En su fallo, el Tribunal ordenó al Congreso del Estado adecuar el marco jurídico local para garantizar mecanismos de participación política que respetaran los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas. Para ello, fue necesario desarrollar estudios antropológicos orientados a conocer y documentar sus formas tradicionales de organización y gobierno.
El pasado lunes, el Congreso del Estado aprobó modificaciones a la legislación electoral local que, entre otros aspectos, reconocen el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a elegir a su regidora o regidor indígena mediante sus sistemas normativos internos.
Dicha disposición se aplicará en aquellos municipios donde la población indígena represente al menos el 40 por ciento de los habitantes, de acuerdo con el más reciente censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La reforma tiene su origen en una sentencia emitida el pasado 8 de abril por el Pleno del Tribunal Estatal Electoral, integrado por el magistrado presidente, Hugo Molina Martínez, y las magistradas Roxana García Moreno y Adela Alicia Jiménez Carrasco.
Con la aprobación de esta reforma, Chihuahua avanza en el fortalecimiento de los derechos de participación política de los pueblos originarios, al abrir espacios para que su representación en los ayuntamientos se realice conforme a sus usos y costumbres.
Especialistas y representantes indígenas han señalado que este tipo de medidas contribuyen a consolidar una democracia más incluyente e intercultural, al reconocer la diversidad de formas de organización política existentes en el estado y garantizar una participación efectiva de los pueblos indígenas en la toma de decisiones públicas.
La reforma representa además un precedente relevante en materia de derechos colectivos y libre determinación, al incorporar en la legislación estatal mecanismos específicos para que las comunidades indígenas participen de manera directa en la integración de los gobiernos municipales.
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Por Redacción
