Están por cumplirse siete meses de que el Consejo de la Judicatura Federal anuló la elección de 56 jueces estatales y 8 magistrados y de la posterior orden al Consejo de la Judicatura Estatal reponer el proceso de elección que resultó amañado, tras la denuncia de uno de los mismos consejeros integrantes de la Judicatura en Chihuahua, Joaquín Sotelo Mesta.
El pasado 25 de junio el Consejo de la Judicatura Federal no solo ordenó a la Judicatura de Chihuahua anular el proceso de selección de más de medio centenar de jueces y magistrados, sino reponer el procedimiento, al considerar que no hubo garantías de igualdad, transparencia y legalidad de los aspirantes a ingresar al Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
En aquel entonces la jueza décima de Distrito, Matilde González Barbosa, consideró que en la selección hubo condiciones que hacen ilegítimo el procedimiento utilizado por el Consejo de la Judicatura de Chihuahua.
A principios de diciembre pasado, el consejero Joaquín Sotelo Mesta denunció públicamente que dentro del Poder Judicial del estado, se pretende darle “carpetazo” al sonado caso de corrupción.
Sotelo Mesta basó su afirmación en el sentido de que “la Fiscalía Anticorrupción no quiso explicar sobre las irregularidades encontradas en el proceso de selección, ni aceptó proporcionar una copia de la carpeta de investigación, ni se le quiso dar vista a la Visitaduría, el órgano investigador del Tribunal Superior de Justicia”.
En su denuncia inicial, el consejero Joaquín Sotelo Mesta denunció ante la Fiscalía Anticorrupción que los resultados de exámenes para nuevos jueces y magistrados fueron manipulados, apuntando como presunta responsable a Luz Estela Castro, titular de la Judicatura Estatal en aquel entonces y también presidenta de la Comisión de Carrera Judicial del TSJ.
Hoy en día el pleno del Tribunal Superior de Justicia tiene pendiente resolver el proyecto del magistrado Marco Emiliano Anchondo Paredes, que declara la nulidad de la designación de los 56 jueces.
Según el proyecto sentencia, se ordena reponer el proceso de selección realizado el año pasado, pero ni siquiera ha sido enlistado para que lo vote el pleno de magistrados.
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