El órgano de control interno del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos concluyó que no hubo irregularidades ni faltas por parte de las autoridades de inmigración en relación con las muertes de dos niños migrantes ocurridas en diciembre del año pasado, publicó Excélsior.
En ambos casos, los defensores de los migrantes pusieron en duda la atención médica que recibieron los menores de edad.
La Oficina del Inspector General del DHS publicó dos comunicados breves sobre los decesos de Jakelin Amei Rosmery Caal Maquin, quien falleció el 8 de diciembre y de Felipe Gómez Alonzo, el 24 del mismo mes.
Sus muertes marcaron el inicio de una crisis fronteriza ante el flujo de familias centroamericanas que buscaban asilo en EU.
Ambos niños llegaron a la frontera entre EU y México acompañados de un padre de familia. Jakelin tardó horas en ser trasladada a un hospital. Siete horas más tarde fue llevada en autobús a la estación de la Patrulla Fronteriza más cercana, pero empezó a vomitar. Al final del trayecto de dos horas había dejado de respirar.
Felipe fue trasladado con su padre a un hospital de Alamogordo, Nuevo México, donde fue diagnosticado con un resfriado común. Fue dado de alta 90 minutos después de que presentó una fiebre de 39.4 grados centígrados; luego fue llevado con su padre a un centro de detención de un retén en una carretera y horas después murió.
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Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria
