El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua (TEJA) emitió una resolución derivada de una denuncia de la organización civil Plan Estratégico de Juárez en contra de Alfredo Seáñez Nájera, Carlos Ponce Torres y José Guadalupe Ávila Cuc, regidores del grupo edilicio independiente de la administración del exalcalde Armando Cabada Alvídrez.
El fallo, emitido el 8 de junio, también alcanza al regidor Enrique Torres Valadez, quien representó al PAN en el Ayuntamiento durante el mismo lapso.
Los cuatro ediles integraron la Comisión Revisora de Fraccionamientos y Condominios durante la administración municipal de 2018 a 2021, de acuerdo con YoCiudadano, el órgano de información y contenido periodístico del Plan Estratégico de Juárez.
El organismo comunicó que la sentencia emitida los inhabilita de manera temporal para que desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público o participar en procedimientos, servicios u obras públicas por el periodo de un año.
De acuerdo con el medio, la sentencia del tribunal, atribuye a los exrepresentantes populares que aprobaron proyectos de transferencias de potencial urbano (TPU), sin verificar el cumplimento de los requisitos legales establecidos.
Con ello, el TEJA acreditó la comisión de la falta administrativa considerada grave consistente en el desvío de recursos públicos, conforme al artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La denuncia se presentó en abril de 2021, primero ante la Contraloría Municipal, y exponía que los exfuncionarios estaban cometiendo faltas administrativas graves al utilizar de forma irregular este instrumento de planeación para diversos desarrollos habitacionales.
Conforme a lo anterior, explicaron que de acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua, un fraccionador que desarrolla un proyecto habitacional está obligado a ceder de forma gratuita un promedio del 6 por ciento del terreno construido a favor del Municipio para infraestructura, equipamiento y áreas verdes, conocida como área de donación.
“El TEJA señaló que, al autorizar la transferencia de potencial urbano sin verificar el cumplimiento de esas obligaciones de cesión gratuita, los exregidores permitieron que el Municipio dejara de recibir bienes que le correspondían por ley, algo que calificó como desvío de recursos públicos en perjuicio del equipamiento urbano de los sectores habitacionales involucrados”, expuso YoCiudadano.
Abelamar Chacón, coordinador del programa Regidor MX, una iniciativa ciudadana del Plan Estratégico, indicó que la resolución judicial es un tema relevante por sus implicaciones en materia de rendición de cuentas, vigilancia del ejercicio público y fortalecimiento de los Gobiernos municipales.
“Las y los regidores tienen la responsabilidad de supervisar, evaluar y exigir resultados a la administración municipal. Son, en esencia, los representantes ciudadanos encargados de vigilar que el Gobierno actúe con eficiencia, transparencia y en beneficio del interés público”, dijo.
Añadió que, mientras las regidurías se continúen definiendo a través de planillas partidistas vinculadas al presidente municipal en turno, persistirá una contradicción de origen: quienes deben vigilar al Gobierno llegan al cargo de la mano de quien están obligados a supervisar.
El camino hacia una ciudad de derechos, comentó, hoy más que nunca es la rendición de cuentas, una condición vigente e importante.
“Por ello, resulta indispensable avanzar hacia la elección individual y directa de las y los regidores”, consideró finalmente.
